Los datos de usuarios del servicio de alimentación escolar en las vacaciones de julio volvieron a despertar el debate sobre esa prestación y las necesidades de la población más vulnerable. Según informó El Observador, durante las últimas vacaciones fueron 11.913 niños los que pasaron por alguna de las escuelas definidas como sede para retirar su vianda. Se trata de 57% de quienes se habían anotado previamente y de 6% de los usuarios habituales de la alimentación escolar que brinda la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) el resto del año.
Varios actores del oficialismo han apelado a esos datos para plantear que los casos de hambre y dificultades para alimentarse no están extendidos entre la población, como se ha denunciado desde la oposición y sindicatos y colectivos docentes. Por ejemplo, el integrante del Consejo Directivo Central de la ANEP Juan Gabito sostuvo que “estas cifras desarticulan los discursos de quienes dicen que hay tanta hambre y pobreza”, según informó el mismo medio. Legisladores de la coalición de gobierno, como el diputado colorado Felipe Schipani y la senadora nacionalista Graciela Bianchi, también postearon argumentos similares en sus cuentas de Twitter. El colorado posteó que “el relato del hambre” del Frente Amplio (FA) y la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria “se cae a pedazos”.
Sin embargo, desde la oposición entienden que la baja utilización del servicio de alimentación en vacaciones no se debe a que no existan necesidades, sino a la forma en que la ANEP viene implementando el funcionamiento de los comedores escolares cuando no hay clases.
En un conversatorio virtual organizado por el colectivo Cultura Ciudadana, el exconsejero de Primaria y actual director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) por el FA, Pablo Caggiani, cuestionó que la Dirección General de Educación Inicial y Primaria hayan cambiado las condiciones para acceder a la alimentación en vacaciones. Al respecto, dijo que el año pasado se había optado por el pago de una prestación a través de redes de cobranza y cuestionó la implementación de la medida. Según dijo, en 2021 el dinero fue cobrado solamente por 60% de quienes se anotaron, algo que atribuyó a la mala comunicación: “El anuncio termina colgándose en la página web de Primaria el viernes [antes de las vacaciones] a las seis de la tarde. Las directoras y las maestras no sabían nada, fue un caos”.
En ese sentido, cuestionó que este año se haya cambiado nuevamente la estrategia, ya que se definieron algunas escuelas sedes en las que se podía retirar las viandas. Caggiani sostuvo que la medida nuevamente estuvo mal implementada, ya que, por ejemplo, no se previó el transporte público para llegar a los centros educativos, que en muchos casos quedaban lejos a las familias que se inscribieron para recibir el plato de comida. “Tenemos un asunto de cómo se focaliza y cómo se comunica la política pública”, sostuvo.
Por su parte, el exconsejero señaló que las directoras y las maestras son las primeras que “quedan expuestas” ante los cambios y la falta de información, lo que va de la mano con el retiro de varios programas territoriales que se encargaban de que las políticas públicas llegaran a la población que lo necesita.
Además, se refirió a la alimentación de adolescentes en los comedores escolares, cifra que en 2020 ascendía a 9.000 estudiantes de la educación media. Si bien señaló que muchas veces no es lo más adecuado para la “construcción de subjetividad” de los adolescentes, ya que tienen que volver a la escuela, sostuvo que “por lo menos los gurises comían”. En ese sentido, dijo que alcanzaba con que la dirección escolar recibiera una nota de la directora de un liceo de la zona planteando cuántos adolescentes necesitaban hacer uso del servicio de alimentación y “al otro día el estudiante estaba comiendo”. Al respecto cuestionó que eso haya cambiado y se le haya agregado burocracia a esa gestión, por la que ahora “hay que pedir autorización a La Haya”, ironizó. Caggiani señaló que, para “la cotidiana de los adolescentes”, esos trámites implican “días sin almorzar”, ya que no se llega a dar una respuesta rápida.
En ese sentido, habló de la existencia de “tuppers justicieros” que muchas veces salen de las escuelas, pese a que ello está prohibido. Según explicó, “que salga un tupper para un hogar donde se sabe que no cenan” pone en riesgo a las direcciones, a las maestras y a los responsables de las comisiones fomento. En la misma línea, Caggiani señaló que las actuales autoridades limitaron la cantidad de adultos que pueden concurrir a los comedores en centros educativos, algo que en escuelas de tiempo completo y tiempo extendido es “absolutamente raro”, porque era una costumbre que las maestras comieran junto a sus estudiantes. En ese sentido, destacó el rol que juegan los adultos en el comedor, que debe ser concebido como parte del espacio educativo de la escuela, en el que los niños aprenden a comer solos y a compartir ese espacio con otros.
¿Despilfarro?
El director del Ineed señaló que desde el actual gobierno se ha insistido en que las anteriores administraciones “despilfarraban” recursos con la alimentación escolar, ya sea porque no todas las viandas iban para escolares o porque había familias que podían pagar por esa prestación. Al respecto, dijo que ello “es una ofensa a las nutricionistas, a las directoras, a los ecónomos y a las auxiliares que cocinan”, y agregó que el costo de la prestación es de 30 pesos por niño en el caso de las escuelas que tienen su propio comedor, cuando antes era de un dólar. Por su parte, mencionó que los menús están supervisados por nutricionistas y por instancias de trabajo interinstitucional, por ejemplo, con la Universidad de la República (Udelar).
Por su parte, la investigadora y docente del Consejo de Formación en Educación Verónica Habiaga consideró que “hay un recorte claro en la educación y la alimentación es uno de los campos que se ha visto resentido”. Al respecto, valoró que las autoridades presentan “una evidente falta de sensibilidad ante la otredad” y, específicamente, ante “el sujeto de la educación”, que es el estudiante. En ese sentido, señaló que si bien en el discurso puede afirmarse que el estudiante está en el centro, ello después tiene que ser refrendado por políticas, la asignación de recursos y la instrumentación de medidas concretas.
En materia de las políticas de alimentación, señaló que representan un gasto “ínfimo” en relación a los recursos que maneja el Estado, pero que “son muy importantes” para los destinatarios. Sobre la forma en que el sistema está siendo gestionado, Habiaga señaló que delata “un desconocimiento de cómo funciona el sistema educativo uruguayo público” por parte de la autoridades. “Si uno entiende que esto es una empresa en la que hay que hacer que la eficacia y la eficiencia den cuenta de determinadas cosas, uno pierde de vista el eje central que es el derecho a la educación y al sujeto de la educación”, criticó. Por su parte, añadió que dicho sujeto tiene derechos y no recibe determinadas prestaciones “por solidaridad”. Por el contrario, señaló que tiene derecho a estar en la escuela y, por lo tanto, “compartir el legado histórico y la cultura, nadie le está haciendo un favor”.
Según planteó, “la escuela tiene que ser un espacio de construcción de igualdad” y no puede ser pensada “como un servicio donde el otro es un mero consumidor”. Si ello ocurre, “estoy atento a qué dicen las redes, si los gurises se desmayan de hambre en un liceo, y lo menos que me importa es que se desmayen”, lamentó.
Por su parte, Caggiani entendió que el actual gobierno tiene “una perspectiva del Estado que es extremadamente conservadora”, ya que entiende que las políticas sociales no deben encargarse “de las cuestiones que son parte de la libertad individual”. “Conciben que el Estado sólo se tiene que encargar de aquellos que están en la absoluta lona y, además, hacerlo a través de mecanismos de corte caritativo”, criticó. Según valoró, esa “es una perspectiva de la política social que en Uruguay no es hegemónica entre quienes trabajan en lo social” y “por eso choca tanto” y “genera angustias” en quienes trabajan en territorio.
Distintas concepciones
Para Caggiani, habría que estar discutiendo “qué escuela queremos” y, en ese marco, sobre la alimentación escolar en clave pedagógica, pero lamentó que el país haya retrocedido “como en el ludo” debido a los niveles de inseguridad alimentaria que está atravesando la población. En el conversatorio, realizado este domingo en la cuenta de Instagram de los organizadores, Alejandra Girona, integrante del Observatorio del Derecho a la Educación de la Escuela de Nutrición de la Udelar, dio datos de una encuesta que arroja datos del impacto que ha tenido la pandemia en ese sentido. Según dijo la especialista, en 2020 17% de los niños, niñas y adolescentes sufrieron algún tipo de inseguridad alimentaria y si se observa lo ocurrido con adolescentes, en Montevideo dicho porcentaje asciende a 24%.
Girona señaló que desde su punto de vista debería hablarse de “alimentación escolar complementaria”, ya que no debe perderse de vista que los niños tienen derecho a poder recibir un plato de comida en sus hogares, por lo que no deberían depender del sistema educativo para comer. En suma, planteó que en Uruguay puede hablarse de una disminución de la calidad en la alimentación de las infancias, lo que en buena medida se debe a factores económicos.
Al respecto, ilustró que una canasta básica adecuada asciende a unos 9.000 pesos al mes por persona, un costo que no pueden asumir todos los hogares. “Cuando empiezo a disminuir la calidad y dejo de acceder a frutas y verduras, a carne y a otras cosas en el hogar, empiezan a aparecer el sobrepeso y la obesidad, entre otras cosas”, lamentó, y señaló que los últimos datos disponibles marcan que casi 40% de los niños en edad escolar presentan sobrepeso y obesidad en el país.
Según la nutricionista, la alimentación escolar “tiene que fortalecerse con recursos humanos o financieros” y la discusión no puede pasar por “cuántos platos de comida tiene que recibir un niño”, como recientemente ocurrió a partir de dichos de la directora de Educación Inicial y Primaria, Graciela Fabeyro, quien el año pasado dijo en el Parlamento que en algunas escuelas no se puede repetir el plato de comida para evitar problemas de obesidad.
En suma, señaló que tampoco es adecuado que el debate público se centre en dirimir si hay hambre o no, ya que se pierde de vista la incertidumbre a la que se enfrentan muchas familias en relación a “qué van a comer mañana” o los días en que los niños no concurren a un centro educativo. “Eso también es hablar de inseguridad alimentaria y es no cumplir un derecho básico a una alimentación adecuada”, concluyó.