Aumento de estudiantes con hambre preocupa a docentes y colectivos sociales, que se organizan para cubrir la respuesta insuficiente del Estado

Ferias barriales que se agrandan porque muchas familias venden lo que tienen y lo que pueden, aumento de la demanda en ollas populares y crecientes problemas de salud mental en adolescentes son sólo una muestra de que la pandemia sigue generando fuertes impactos en muchas familias uruguayas. En la educación, un ámbito en el que está en juego el vínculo entre las personas, esa realidad está estallando en la cara de muchos docentes.

El tema está cada vez más presente en espacios de coordinación y charlas entre colegas, en especial en liceos y escuelas técnicas, que cuentan con menos recursos para dar respuestas en alimentación que la educación primaria. Problemas para concentrarse, aumento de la agresividad sin motivo aparente, dolores de cabeza y hasta desmayos son algunos de los síntomas que varios profesores vienen observando desde hace semanas. La situación se hizo visible a partir de un informe del semanario Brecha, que el 13 de mayo publicó que estos episodios se observaban con frecuencia en barrios de la periferia montevideana.

Según manifestaron varios educadores consultados por la diaria, en la medida que se acercó fin de mes, el hambre también se notó en centros educativos que no son periféricos. Por ejemplo, el colectivo docente de un liceo del Prado se organiza para brindar una copa de leche en la entrada de cada turno. Precisamente, ante la falta de respuestas o las soluciones insuficientes que brinda el Estado, muchos casos se resuelven a través de colectas entre profesores, campañas de recolección de alimentos de los sindicatos, o gracias a docentes que compran comida o ceden parte de su almuerzo.

La complicada situación económica está afectando la concurrencia de los estudiantes a los centros educativos. Algunas familias deciden no mandarlos si no les pueden dar de comer, otras que ayuden en alguna changa para tener más ingresos, o que se queden para cuidar a sus hermanos menores y que el resto de los integrantes del hogar pueda salir a trabajar.

Una muestra

El núcleo sindical de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) del liceo 50 de Casabó está preocupado por que se brinden soluciones adecuadas para la alimentación de sus estudiantes. En diálogo con la diaria, las docentes Clara Favaro y Natalia Leiva señalaron que, a causa de la vuelta a la presencialidad plena, este año están notando situaciones preocupantes entre el estudiantado. Una de ellas es el hambre.

Según explicaron, el año pasado sobró dinero de una partida de tutorías que otorgó Secundaria, que se reservó para atender la situación alimentaria de los estudiantes este año. Pero el dinero no alcanza para atender a los 55 estudiantes que manifestaron que necesitan alimentarse en el centro educativo. Apenas da para que al liceo llegue un cajón de frutas y tarta algunos días a la semana. Con dolor, las profesoras reconocen que, si concurren los 55, la comida se termina antes de que llegue el próximo pedido.

Este año, la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) no enviará más partidas por tutorías y estas fueron reemplazadas por otras que implican un acompañamiento pedagógico diferente, basado en un proyecto de centro, explicaron las integrantes de ADES. Pero la DGES no entregó la partida al inicio del año lectivo y a muchos centros todavía no ha llegado. En el liceo 50 presentaron un proyecto que todavía no se aprueba, lo que sigue demorando la llegada del dinero y el pago de esas horas a los profesores que las tomarán. De todas formas, los recursos que pueden llegar por medio de esa y otras partidas no sólo se usan para alimentación, sino que también deben destinarse a la compra de otros insumos. Al respecto, las profesoras lamentaron que en las últimas semanas el centro educativo haya sufrido varios robos y los materiales robados no fueran repuestos por la DGES.

La Administración Nacional de Administración Pública (ANEP) tiene un sistema por el que estudiantes de la educación media con necesidades alimentarias pueden concurrir al comedor escolar más cercano. El liceo 50 cuenta con 35 cupos para concurrir al comedor de una escuela que está a 50 metros, pero la DGES sigue sin aprobar la nómina de estudiantes y sin ello no pueden entrar a la escuela. Las integrantes del núcleo sindical afirman que estas acciones son parte del “recorte” que se vive en los centros educativos, que también incluyen la superpoblación de grupos, que en el liceo de Casabó llegan a los 32 estudiantes. “Están ahorrando absolutamente en todo, hasta en las hojas para impresiones”, señalaron.

Justicia por mano propia

Este tipo de situaciones se repiten en muchas escuelas técnicas y liceos públicos, que aunque accedan a comedores escolares no pueden darles alimentación a todos los estudiantes que lo requieren, por lo que deben priorizar a los que están en peor situación. Todos los docentes consultados por la diaria hicieron énfasis en la vergüenza que ven en los adolescentes cuando piden comida. En muchos casos, la vergüenza también es generada por lo simbólico de la solución: los adolescentes deben volver a la escuela para poder comer y muchas veces son llamados frente a sus compañeros de clase y profesores, ya que deben cumplir con el horario del comedor escolar.

La indignación y la falta de respuestas institucionales adecuadas ha llevado a muchos centros a pedir apoyo a familias, organizaciones sociales y a intendencias departamentales. Así es que, por ejemplo, en redes sociales puede verse un afiche de los profesores de la Escuela Técnica de Malvín Norte, que piden insumos para dar un vaso de leche y algo sólido a los estudiantes. Tazas, bandejas, platos, repasadores, jarras comunes y eléctricas, cubiertos y termos componen el listado de necesidades.

En otros casos, como el de la UTU del Cerro, vecinos de la zona resolvieron colocar una olla popular en la esquina del centro educativo todos los martes. El oeste de Montevideo cuenta con un fuerte entramado de organizaciones sociales que articulan para solucionar distintas problemáticas de la zona. A modo de ejemplo, funciona la Red de Ollas del Oeste, de la que participan docentes que plantearon las crecientes situaciones de mareos generados por hambre de sus estudiantes, según contó a la diaria Brenda Bogliaccini, integrante del colectivo.

Al enterarse de la situación en la UTU, los organizadores de dos ollas que trabajan en la zona decidieron instalarse en la esquina de la escuela técnica. “Están para ir a más lugares, pero hay que ir despacio porque hay que poder sostenerlo”, dijo Bogliaccini, en alusión al esfuerzo de energías y de recursos que implica montar una olla, que se sostiene a partir del trabajo voluntario.

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Según manifestaron a la diaria integrantes de la comunidad educativa de la Escuela Técnica del Cerro, allí concurren poco más de 1.000 estudiantes y, si bien el martes tuvieron acceso al comedor escolar más cercano por primera vez en el año, sólo tienen cupo para 35 estudiantes, lo que implica que también tengan que hacer una difícil selección. Ello motivó que el colectivo docente se movilice desde hace tiempo para lograr canastas, por ejemplo, a través de la Asociación de Funcionarios de UTU.

No es la regla, pero a partir de un planteo hecho hace años, en la UTU del Cerro cuentan con un aporte del Instituto Nacional de Alimentación (INDA), que brinda leche, azúcar y dulce, pero no cuentan con partidas especiales de la ANEP. Por su parte, los estudiantes sólo tienen acceso a las becas para la educación media que brinda el Ministerio de Educación y Cultura, que, según figura en su página web, implican un pago de 3.000 pesos tres veces al año, con una primera cuota que se pagó en mayo. Además, para recibir la beca es necesario estar viviendo y acreditar determinadas dificultades socioeconómicas establecidas en el índice de carencias críticas. Tal es el caso de la UTU del Cerro, donde hubo 300 estudiantes que solicitaron la beca, pero sólo la reciben 40.

Con el actual gobierno se terminó un apoyo para muchas familias, que recibían una beca de 2.000 pesos mensuales financiada por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Dicho beneficio no tenía un cupo determinado por escuela técnica y era otorgado directamente por los educadores de UTU, con un sistema mucho más ágil y flexible.

En la otra punta

En el informe de Brecha y en lo planteado días atrás en El Espectador por el docente del Plan Integral Metropolitano de la Universidad de la República (Udelar), Agustín Cano, el noreste de Montevideo es presentado como una de las zonas de la capital con más casos de hambre en centros educativos. Este miércoles, en el marco de un paro parcial de ADES Montevideo, los núcleos sindicales de la zona se juntaron en la plaza del kilómetro 16 de Camino Maldonado y pintaron pasacalles que reclaman al respecto. En diálogo con la diaria, Fiorella Pena, profesora en el liceo 25 e integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), explicó que las problemáticas que se viven en los centros educativos no son nuevas, pero se han agudizado en forma preocupante en los últimos meses.

El liceo 25 no tiene acceso al comedor de escuelas cercanas, por lo que las carencias de alimentación se vienen subsanando con donaciones. A partir de los insumos recibidos, los profesores han implementado un desayuno para que todos los adolescentes que lo deseen se puedan servir y así evitar la individualización de quienes tienen hambre. Asimismo, la intersocial de la zona ha donado más de 500 canastas en el último tiempo. De todas formas, la solidaridad no es suficiente para atender la compleja situación. A propósito, Pena afirma que por día deben llamar a la emergencia médica entre dos y tres veces, entre otros motivos porque los adolescentes se sienten mal a causa del hambre.

Los profesores que viven a diario estas situaciones coinciden en que se sienten solos. Si bien en la ANEP cuentan con algunos cargos de acompañamiento, muchos se encuentran vacantes, y la División Integral del Estudiante de la DGES está saturada y no puede dar respuesta. La conformación de equipos multidisciplinarios es una demanda de Fenapes de larga data, pero en este contexto de desborde se vuelven más necesarios. En el caso del liceo 25, cuentan con una psicóloga y dos pasantes de Educación Social para atender a una población de 1.500 estudiantes, pero en muchos liceos ni siquiera existe este apoyo.

Con relación a lo que ocurre fuera del centro educativo, los profesores notan una “retirada” del Estado, en particular de las políticas territoriales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que cerró los Servicios de Orientación, Consulta y Atención Territorial (Socat). Los Socat eran el primer espacio al que acudir para canalizar la atención de estudiantes. Incluso, muchas veces eran una herramienta para que técnicos acudieran a los hogares con el objetivo de interiorizarse de la situación y atender otros aspectos emergentes. Ahora, los únicos dispositivos con los que cuentan son los del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, que también están desbordados, según explicó Pena.

En cuanto a la atención de la salud mental el panorama tampoco es alentador. Con la pandemia se dispararon los episodios de ansiedad, depresión e incluso los intentos de autoeliminación en los adolescentes. En la zona del liceo 25, los turnos con psiquiatras o psicólogos demoran hasta tres meses y el barrio se encuentra luchando para que no cierre la policlínica de la Administración de Servicios de Salud del Estado más cercana.

En todo el país

Esta semana, el Observatorio del Derecho a la Educación de la Escuela de Nutrición de la Udelar presentó la publicación Derecho a la alimentación durante la pandemia de la covid-19: experiencias de las sociedad civil. En el informe, se habla del aumento de la cantidad de personas en situación de pobreza a partir de 2020 y de que la población más afectada son los niños y adolescentes, al igual que ya ocurría antes. También se sostiene que en setiembre de 2020 “la inseguridad alimentaria afectaba a 17,4% de los hogares uruguayos con niños, niñas y adolescentes”. Ello quiere decir que ese porcentaje de hogares vivieron situaciones de incertidumbre para adquirir alimentos o tuvieron que “reducir la cantidad o calidad de los alimentos que consumían debido a la falta de ingresos”.

En la presentación, Pedro Rodríguez, integrante de la Coordinadora Popular y Solidaria, dijo que la situación es “mucho más grave” en el interior. Según explicó, el Mides no ha ejecutado el apoyo dispuesto a las ollas populares en los departamentos del interior y “lo poco que se hace” corre por cuenta de las intendencias. Asimismo, dijo que en esos departamentos no es tan fácil acudir a sindicatos u otros colectivos sociales, que no tienen tanta fuerza como en Montevideo. Para ilustrarlo, mencionó el caso de 25 de Agosto, un pueblo de Florida donde los vecinos “se quedaron sin trabajo y no hay a quién pedirle”. Por su parte, Rodríguez apuntó contra quienes afirman que las denuncias de hambre se tratan de “un relato”: “La falta de comida es real, está todos los días, es palpable y se puede verificar”, señaló.

Paula Baleato es coordinadora del Programa de Infancia, Adolescencia y Juventud de El Abrojo, organización que tiene a su cargo varios centros que trabajan con niños y adolescentes en edad escolar y en situación de vulnerabilidad social en Montevideo y Canelones. Después de que la asistencia a dichos centros se normalizó a mediados del año pasado, “se están empezando a ver impactos” en el plano de la alimentación y de la salud mental, señaló a la diaria. “Hay cosas que antes no nos pasaban, como tener bajas en la cantidad de chiquilines que se anotan para una actividad linda como un campamento”, ilustró.

En relación con la alimentación, aseguró que “los chiquilines van con hambre” a los centros que gestionan y que ello también pasa con los niños que asisten a comedores escolares. “Vienen de la escuela con hambre y les preguntamos si no almorzaron: ‘Sí, pero era un poquito así y no podíamos repetir”, responden algunos niños, según contó Baleato. Además, habló del impacto de la carestía en las poblaciones con las que trabajan, que en muchos casos tienen empleos informales. “Los ingresos de las familias son netamente menos, sumado a que con los mismos ingresos comprás muchas menos cosas”, resumió.

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