Febrero será un mes un tanto atípico en los centros educativos uruguayos. En vez de estar exclusivamente dedicados a instancias de apoyo, exámenes o la preparación del inicio de cursos, este año deberán encargarse de la implementación de los cambios curriculares que comenzarán a aplicarse en la educación inicial, primero, segundo, séptimo, octavo y noveno grado. La Educación Básica Integrada supone tanto un cambio conceptual como en la forma de enseñar y evaluar.
Si bien se mantienen los contenidos, con la llamada Transformación Curricular Integral se apunta al aprendizaje de competencias y también habrá un nuevo Reglamento de Evaluación del Estudiante, que, entre otras cosas, supone la eliminación de los exámenes y de la repetición en todos los grados.
Esta semana, en el marco del Día Internacional de la Educación, el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, participó en una conferencia en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la que habló de la transformación que lidera. En particular, mencionó el desafío que implicará que los lineamientos de la reforma pasen de los documentos a las aulas.
Una de las acciones que desde la ANEP diseñaron para apoyar el proceso de implementación es la elaboración de una guía y de algunos acompañamientos a los centros educativos. La guía es un documento dirigido a los equipos directivos de la educación pública, que cumplirán un importante rol en la aplicación de los cambios. “Tiene por objeto apoyar y acompañar a los equipos directivos de centros educativos para poner en marcha la Transformación Curricular Integral”. En suma, es un instrumento común para los tres subsistemas de ANEP –Inicial y Primaria, Secundaria y UTU–, aunque busca dar “espacio para las particularidades” de cada organismo.
Según explicó a la diaria Adriana Aristimuño, directora de Políticas Educativas del Codicen, está pensada para que “ordene” el trabajo, y que a la vez “sea flexible” y permita que los equipos puedan “crear dentro de su contexto”. “Es una guía muy sencilla, que da mucha libertad y que estructura lo que nosotros creemos que es lo mínimo indispensable” para que los cambios curriculares sean aplicados con éxito, consideró.
El documento, que en su comienzo realiza un repaso por los principales lineamientos de la transformación, fue trabajado en las instancias de formación de la reforma dirigidas a equipos directivos e inspectivos que se realizaron el año pasado. Precisamente, la guía establece que de los directores se espera que generen “espacios de intercambio y diálogo con la comunidad educativa” sobre “el sentido y los desafíos que implica este cambio”. También serán responsables de “planificar el proceso de implementación” en el respectivo centro educativo; de “promover la participación e involucramiento de los equipos docentes” de cada centro “para que se apropien y conduzcan este proceso de cambio”; y de “apoyar técnicamente a los docentes” en el proceso, en coordinación con otros roles institucionales.
Plan de implementación en cada centro
La guía elaborada desde el Codicen establece que, bajo responsabilidad de la dirección, cada centro educativo debe elaborar un plan “de implementación y seguimiento” de la transformación curricular. Este plan deberá quedar plasmado por escrito antes de que inicie el año lectivo y allí se priorizarán acciones para su desarrollo, lo que será clave para el vínculo con la respectiva inspección. Más allá de la definición de acciones para el corto plazo, en el documento se aclara que la Transformación Curricular Integral es concebida de forma “flexible” y como un proceso “de largo aliento”, por lo que el plan se irá actualizando en la medida en que sea necesario.
En suma, se establecen tres etapas para la implementación que cada centro educativo deberá tener en cuenta: la familiarización y preparación de la implementación, la puesta en práctica del nuevo currículo, y el seguimiento y evaluación de los avances y resultados de la implementación. Estas etapas son definidas como una serie de fases a desarrollar durante el año, pero también como un ciclo permanente y anual de “planificación, ejecución y evaluación de este cambio, que tomará un tiempo en asentarse en el sistema educativo”.
El plan debe estar compuesto por tres “matrices”. La primera es un diagnóstico del conocimiento de los cambios curriculares existente en el centro educativo, que es definida como “el primer paso” para la toma de decisiones. Este diagnóstico debe realizarse luego de que exista conocimiento de los documentos de la transformación por parte del equipo docente y para ponerlo en práctica se sugiere aplicar un proceso participativo y “en espacios que propicien el intercambio y la reflexión colectiva”. En suma, del diagnóstico deben desprenderse acciones concretas de “preparación para el cambio” a implementar antes del inicio de los cursos.
Luego se pasa a la matriz de “estrategia de acción”, que es definida como “el corazón” del plan. Al respecto, se recomienda que esta etapa abarque “al menos cinco áreas en las que se espera que gradualmente el cambio curricular comience a impactar” y, para cada una de esas áreas, se deben fijar acciones y cambios concretos. En este sentido, se plantea realizar una “priorización” de algunas de las diez competencias definidas en el Marco Curricular Nacional para “abordarlas en el centro educativo a lo largo del año”. Asimismo, se debe apuntar a la “integración disciplinar” y explicitar la forma en que el contenido de las distintas disciplinas aportan al desarrollo de las competencias priorizadas. En particular, “se sugiere promover el trabajo interdisciplinario y el involucramiento de los docentes de todas las disciplinas y niveles”. La guía también recomienda establecer qué estrategias y dispositivos de enseñanza se llevarán adelante en el año para lograr las metas planteadas, y hacer lo mismo con los formatos de evaluación a aplicarse y con el desarrollo profesional de los docentes del centro. Cada una de estas acciones debe contener una meta “clara y verificable” para facilitar el seguimiento del proceso, y las acciones deben planificarse para todo el año lectivo.
Precisamente, la matriz de seguimiento de la transformación curricular es el tercer componente que debe tener el plan. Según se plantea, este proceso puede realizarse en cualquier momento del año, pero se sugiere que al menos contemple los meses de julio y diciembre, para lo que cada centro educativo deberá “recoger evidencia pertinente” sobre cómo se desarrolló el proceso. La guía prevé que las conclusiones a las que se llegue en este proceso de seguimiento deben impactar en la implementación en la segunda parte del año y al siguiente año lectivo, y también pueden incidir en la modificación de metas previamente definidas.
Según Aristimuño, dentro del marco de competencias ya definido, con esta propuesta cada centro se podrá proponer acciones que le interesen más e identificar las que le interesen menos, al igual que visualizar las acciones para las que está peor y mejor preparado. De esa forma, cada escuela, liceo o escuela técnica podrá definir profundizar en un área en la que se sienta fuerte o atender alguna de sus debilidades. “Eso está abierto a cada comunidad y eso es lo interesante, porque realmente hay una autonomía en acción”, dijo Aristimuño, quien señaló que el proceso se dará en el marco de “una tensión entre estandarizar, normalizar y dar herramientas que ordenen y, a la vez, abrir los espacios de participación y de gestión de autonomía”. Según completó, en esa tensión es “donde se maneja siempre la gestión de los centros”.
En formación
Aristimuño detalló que esta matriz ya está siendo trabajada en algunos centros educativos de todo el país a partir del curso para directores e inspectores de la ANEP, donde fue presentada. Según detalló, en noviembre realizó una recorrida por distintos liceos y escuelas técnicas y varios directores le plantearon que ya estaban aplicando la matriz de cara a 2023. Si bien los consejeros docentes en el Codicen han realizado críticas por falta de tiempo e información en la aplicación de los cambios, Aristimuño planteó su satisfacción porque ya hay comunidades educativas que “se están preparando” para aplicarlos. “Ese tiempo, que siempre es tan escaso, lo estamos optimizando y usando bien; hay equipos directivos y colectivos docentes que se han reunido con sus directivos para empezar a pensar la implementación en las primeras fases, que pasan más bien por la preparación”, sostuvo.
En el caso de los centros en los que todavía no se han puesto a diseñar el plan de implementación, comenzarán a hacerlo en febrero, en la medida en que los distintos docentes se reincorporen de sus licencias. De esa manera, en marzo se comenzará a aplicar la matriz de puesta en práctica.
No obstante, la integración de los equipos directivos y docentes de los centros educativos públicos suele cambiar a partir de marzo, ya que los cargos interinos y las elecciones de horas tienen vigencia hasta el 28 de febrero. Al respecto, Aristimuño señaló que, en los casos en que haya cambios en las direcciones, habrá un traspaso del trabajo que realicen los equipos directivos. Si bien valoró que en los 43 centros María Espínola y, en el caso de secundaria, en seis departamentos ya se realizó una elección de horas docentes por más de un año, en el resto del país todavía no ocurrió y, por tanto, habrá que contemplar que los equipos pueden rotar, como ya se sabía previamente. Según planteó, los directores que continúen en el mismo centro educativo seguirán adelante con la planificación y los que roten dejarán el trabajo avanzado para quien asuma el cargo.
Otra acción importante será la implementación de más instancias de formación. Por ejemplo, en febrero habrá una instancia para inspectores y mentores, cargo que se creó para la educación media y se está ocupando luego de un llamado abierto realizado el año pasado (ver recuadro). Según contó Aristimuño, en esta instancia participará el especialista chileno Gonzalo Muñoz, quien formó parte de un proceso similar en el gobierno de Michelle Bachelet en Chile y ha realizado el seguimiento de distintos procesos de transformación educativa, principalmente, en materia de gestión.
Por su parte, también habrá nuevas instancias de formación para los docentes. Luego de un primer curso que planteó aspectos introductorios a la transformación curricular y que puede realizarse hasta febrero, vendrán una segunda y una tercera instancia. Según detalló Aristimuño, el primer curso se abrió a cargos de docencia indirecta y ya lo han realizado alrededor de 30.000 docentes de un total de 50.000 habilitados.
En febrero vendrá “una profundización más aterrizada”, explicó la jerarca, especialmente con el abordaje de metodologías activas a aplicar en un programa que prioriza las competencias, como la aplicación de rúbricas. Por su parte, señaló que el tercer curso será para abordar la planificación y evaluación del proceso de cambio, a las que Aristimuño definió como “las joyas de la corona” y donde la ANEP está poniendo todo su esfuerzo en este momento. Esta instancia de formación estará disponible a partir de mediados de febrero y es deseable que los docentes que participan en ella hayan pasado por las anteriores.
La directora de Políticas Educativas explicó que ese tercer curso dará herramientas aún más concretas a cada docente, en función del grado o la unidad curricular de la que esté a cargo. “Con determinado programa en la mano se va a plantear cómo yo tengo que hacer para planificar mis unidades didácticas, mi docencia, mis estrategias de enseñanza a partir de marzo. Justamente, ahí están las herramientas y las explicaciones técnicas aterrizadas”, detalló, y agregó que se estuvo trabajando en el diseño de estos cursos durante diciembre y enero.
Nuevas figuras
Según explicó Aristimuño, la figura de los mentores para la transformación educativa funcionará en la educación media y trabajarán en territorio para apoyar a los equipos directivos y a los docentes. Al respecto, ilustró que estas nuevas figuras tendrán un rol similar al de los inspectores de zona en Primaria, más allá de que tienen jerarquías, trayectorias y formaciones distintas. Al igual que los inspectores, los mentores trabajarán en vínculo con los centros educativos para acompañar los procesos de implementación y responder ante necesidades que surjan, por lo que estarán en contacto con cada uno de los planes.
En función de la lista elaborada del llamado público realizado el año pasado, desde fin de año se viene realizando la elección de horas para estas figuras, que continuó durante enero. Al respecto, Aristimuño señaló que el lunes se espera llegar a la designación de 80 cargos y el 1 de febrero se podría remitir al Codicen la lista de mentores para que comiencen con las instancias de formación. La jerarca destacó la importancia que tendrán estas figuras para la transformación y resumió que serán “facilitadores y agentes de apoyo al cambio” que serán formados especialmente para ello.