“2023 se las trae y se las trae mal”, afirma Daysi Iglesias, una de las dos representantes docentes en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). En su despacho luce una cartelera móvil en la que, junto a su equipo y varios invitados, desmenuzaron los programas de la Educación Básica Integrada (EBI) y, según dijo a la diaria, en una semana apenas pudieron pasar en limpio las competencias que los estudiantes deberán desarrollar en los tramos que se implementarán este año.

La cuenta le dio un resultado de 750 competencias entre la educación inicial y segundo grado, y otras 521 entre el séptimo y el noveno grado. Además, mencionó que si bien el Marco Curricular Nacional (MCN) aprobado meses atrás prioriza la enseñanza por competencias, las disciplinas terminaron teniendo un lugar protagónico en planes y programas. Según analiza, “tuvieron que ponerlas porque no podían sacar contenidos disciplinares”, pero ello desembocó en que en algunas de ellas se plantee el desarrollo de 15 competencias y en otras 90. “No hay lógica en la estructura interna” del diseño, consideró.

Iglesias planteó que no está claro qué es lo que se pretende que los docentes hagan con los cambios desde el punto de vista pedagógico ni administrativo. Asocia que ello se debe a la poca participación que tuvieron en el proceso de diseño, participación que define como “de baja intensidad”. “A nadie se le puede ocurrir que se trabaje en un cuerpo teórico un año y medio y a los cuerpos docentes se les den dos jornadas de cuatro horas para estudiarlo”, cuestionó, en alusión a las dos jornadas de dos horas que tuvieron las distintas asambleas técnico docentes (ATD) de centro en los subsistemas de la ANEP.

La consejera afirmó que hace más de 40 años la Unesco ya había planteado “que la participación era el centro de los procesos de reforma, algo que ninguna administración leyó suficientemente”. Consideró que “algunas lo leyeron un poco más”, como las de los años en que gobernó el Frente Amplio (FA), y “otras lo leyeron un poco menos”, como la que encabeza Robert Silva. Si bien sostuvo que la primera administración del FA definió la participación como principio en el sistema educativo, afirmó que “también es real que la mayoría de los organismos participativos creados no funcionaron”, y cuestionó que las resoluciones del primer Congreso Nacional de Educación se hayan declarado no vinculantes después de que el órgano estaba funcionando.

En definitiva, concluyó que “los conflictos con las reformas se generan cuando no se dio la palabra a tiempo a los implicados” y considera que el año pasado la ANEP apenas cumplió con el “ritual” de participación: “Se cumplió la formalidad, pero la formalidad participativa suele ser peor que no darla, porque todos quedan con la sensación de que te convocan pero tu palabra no importa, y eso es muy duro”.

Por la negativa

Junto a Julián Mazzoni, el otro consejero docente, se han opuesto a todas las resoluciones de diseño e implementación de la reforma curricular. Si bien después de votar negativamente el MCN -documento base de la transformación- comenzaron a abstenerse en las votaciones referidas a aspectos de implementación porque consideraban que no les correspondía pronunciarse sobre aquello a lo que se oponían, terminaron cambiando de postura. Iglesias consideró que los consejeros docentes se sintieron “tergiversados” cuando escuchó en la prensa que la abstención implicaba algún grado de acuerdo con los cambios, con los que tienen importantes diferencias conceptuales. De todas formas, la consejera aclaró que, en algunos casos, especialmente cuando observó aspectos muy problemáticos, ha hecho sugerencias de cambios. Al respecto, fundamentó que los que sufrirán las consecuencias negativas no son quienes votan los documentos sino quienes habitan a diario los centros educativos.

Por su parte, Iglesias considera que la reforma en marcha cae en la “negación” de procesos históricos en la educación uruguaya, que en muchos casos sirvieron como ejemplo en otras partes del mundo. Al respecto, recordó especialmente al científico Clemente Estable y a la pedagoga Reina Reyes. En este último caso, mencionó que Reyes se formó en el exterior y trajo al país la veta anglosajona de la llamada “escuela nueva”, que, entre otras cosas, ponía como centro el interés del alumno, para lo que apelaba a metodologías activas y cooperativas.

En base a su experiencia personal, la consejera señaló que cuando le tocó dar su primer concurso como maestra el tema sorteado fue “metodología de enseñanza por problemas”. “Venimos de un largo camino, en algunos lugares más, en otros segmentos del sistema educativo menos, que tienen las metodologías activas instauradas”, dijo, y también puso como ejemplo a la UTU, donde desde hace muchos años que funcionan talleres.

En el caso de Secundaria, consideró que, “más allá del estilo de cada profesor”, existen programas con “metodologías reflexivas y participativas”, que datan de períodos anteriores de gobierno. “Cuando se dice que vamos a revolucionar todo porque ahora va a haber actividad en los estudiantes, yo me cruzo de brazos y me resulta ofensivo. Si de ahora en más va a estar en el centro el interés del alumno, ¿qué pasó en el período anterior?”, cuestionó.

“La innovación no puede ser con sacos ajenos y, en todo caso, si crees que está bien lo que hicieron los docentes uruguayos desde 1920 en adelante, dilo: reivindicamos lo que en Uruguay se hace y queremos señalar que debe mejorarse, pero ya está hecho. Yo no puedo creer que el equipo que diseñó la actual transformación pase a ser el creador de las metodologías activas”, criticó.

El problema y la solución

Si bien Iglesias considera que “hay problemas de aprendizaje que se detectaron en evaluaciones de la década de 1990”, estos no están exclusivamente ligados a las metodologías de enseñanza. “El aprendizaje es duro y eso no lo arreglás flexibilizando la promoción, no lo arreglás poniendo competencias que miran el quehacer; lo tenés que arreglar de otra forma”.

Como uno de los ejes que el sistema educativo debería abordar con prioridad, la consejera docente habló de darle posibilidades de que culmine su formación al alto porcentaje de profesores sin título que dan clases en la educación media. “El sistema los usó, el sistema se sostuvo en ellos y aún hoy no están titulados como docentes. No hay una sola propuesta para esa gente, que no puede ser tratada igual que el muchachito de 20 años que ingresa al Instituto de Profesores Artigas o a cualquier otro centro de formación en educación”, señaló. Adelantó que antes de dejar el cargo espera poder dejar una propuesta que vaya en esa línea, que es “por donde deberían ir los cambios”.

Precisamente, considera que la formación de los docentes es primordial. En esa línea, espera que los cursos para docentes que implementará la ANEP este año den sus frutos, pero se mostró preocupada con el antecedente más reciente. La consejera consideró que los cursos virtuales de sensibilización con la reforma que el organismo implementó en 2022 son “una burla” para los profesionales de la educación.

Se trata de cursos de 30 horas que los docentes pueden hacer hasta febrero, en los que en algunas actividades se pide a los profesionales que armen un puzle de dos piezas y que seleccionen una imagen que ilustre cómo se sienten en relación a la reforma curricular. Entre ellas, pueden elegir una foto del futbolista Edinson Cavani, un gato negro erizado, al Maestro Óscar Washington Tabárez con los brazos en alto o a los Minions, personajes de películas animadas. Según dijo la consejera, en una sesión del Codicen pidió los nombres de las personas que diseñaron esas actividades, pero no los ha recibido.

Además, Iglesias cuestionó algunas publicidades de la transformación educativa que ha pautado ANEP en los medios de comunicación. En particular, dijo que pidió que se retire una frase de un spot a la que consideró “hiriente”, que hablaba de que “ahora sí va a haber un sistema de concursos” en el organismo. “Los primeros escritos sobre la importancia de los concursos en Uruguay los hizo [Carlos] Vaz Ferreira. El sistema de Primaria no existe sin sistema de concursos y se instauró sobre finales del siglo XIX. En Secundaria, para acceder a los cargos en efectividad tenés sistemas de concursos. ¿Cómo vas a decir libremente que ahora sí va a haber concursos? No, en todo caso decís: ‘Vamos a profundizar, a mejorar y a secuenciar la política de concursos’. Pedí que eso se revisara, porque no hay derecho a que con un logo oficial tú digas algo que no es”, lamentó.

2023 “complejo”

Para Iglesias, 2023 será un año “complejo” por “múltiples razones”. Una de ellas es “la zozobra” que generará el proceso de transformación, por ejemplo, con respecto a los salones disponibles. Al igual que había hecho Mazzoni en un balance de 2022, la consejera marcó que la salida para que “la gente no quedara sin trabajo en Secundaria” implicó que algunas disciplinas serán impartidas como talleres optativos en simultáneo, pero no hay espacio suficiente en todos los centros educativos.

Además, entre los temas que generarán más conflicto este año nombró el aspecto presupuestal, aunque, de todas formas, marcó una diferencia con la forma de enfocar el tema en relación a los sindicatos, que sostienen que existe un “recorte”. “Yo creo que se está aplicando un proceso económico de reestructura. Particularmente, me inclino por que la línea económica actual es la redistribución, que es muy similar a lo que se aplicó en la década de 1990. Más que de recorte, yo hablo de redistribución”, sostuvo.

Al respecto, ilustró con los cambios realizados en el programa Maestros Comunitarios. Según consideró, los recursos para el programa no fueron recortados sino que, al contrario, se incrementaron: “Se redistribuyó, se le sacó a esta escuela y se le dio a esta otra. Esta tenía dos, la dejaron con uno”.

La consejera dijo que hay que tener “cuidado con las políticas económicas de redistribución”, y planteó que le generan más temor que las políticas de recorte. “En el recorte sé lo que sacaron, en la redistribución tengo a una persona perdiendo y a otra ganando, enfrentándose entre sí”, indicó.

Como consecuencia de esta política, señaló que en el actual período la educación no tiene prevista la creación de cargos. “Cuando se habla de los acompañamientos para evitar la repetición, no hay cargos, porque no se han creado, hay exactamente la misma cantidad de cargos que ahora; puede ser que ponga uno más acá, pero se lo saqué de allá”, ilustró. Más allá de las dificultades del inicio de cursos, la consejera docente señaló que el año también será complejo más adelante, ya que a mitad de 2023 entrará al Parlamento la última Rendición de Cuentas del período de gobierno, instancia que no se repetirá hasta 2025. Por lo tanto, si no se resuelven ahora, hasta ese año no habrá mejoras presupuestales que, por ejemplo, permitan la creación de cargos o mejoras salariales.

“Operadora de la educación pública”

Con una larga trayectoria profesional y sindical en la educación, Iglesias responde a quienes afirman que es una “operadora antigobierno” y dice que es una “operadora de la educación pública”. Al respecto, afirma que no todo lo que hace la actual administración está mal y, por ejemplo, destacó positivamente una iniciativa que la dirección de UTU presentó ante el Codicen para entregar una doble acreditación a los estudiantes de los bachilleratos profesionales. Dijo que se les dará una acreditación como bachiller que permitirá la continuidad educativa en el nivel terciario y, simultáneamente, una acreditación “como operario semicalificado”.

Además, hizo referencia a un proyecto que ella presentó y fue aprobado en el Codicen para el reconocimiento de saberes profesionales a estudiantes con discapacidad que participaron en talleres ocupacionales. Según dijo, es algo que no tiene antecedentes y repercute muy positivamente en los estudiantes y sus familias. Semanas atrás, se entregaron los primeros 33 certificados de saberes que están equiparados a otras formaciones de UTU, luego de que los jóvenes pasaron por un examen y una entrevista.

Por su parte, mencionó otro proyecto que presentó ante el organismo, que apunta al abordaje del consumo problemático de sustancias en niños y jóvenes, ya que considera que “hay que hablar de eso y hablar eficientemente”. Según contó, la experiencia comenzará a ejecutarse en San Carlos, Maldonado, y se hará en coordinación con la Universidad de la República y con organizaciones de la sociedad civil, entre otros organismos.

Finalmente, si bien lo entendió como una conquista de los sindicatos, valoró que la actual administración haya dado el sí al acuerdo salarial que en 2022 firmó con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay. Además de una serie de incrementos salariales para lograr la recuperación salarial al final del período, el acuerdo implicaba resolver una serie de inequidades salariales. Después de algunas diferencias entre las partes, el viernes se firmó un nuevo acuerdo que establece qué inequidades se abordarán y de qué forma.