2022 estuvo marcado por la aceleración en el proceso de reforma educativa que impulsan las autoridades designadas políticamente en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Además, fue el año de la asunción de dos nuevos consejeros en representación de los docentes en el Consejo Directivo Central (Codicen), Daysi Iglesias y Julián Mazzoni, quienes llegaron a ese lugar a través de las listas sindicales y se han opuesto a los cambios curriculares que se implementarán desde 2023.

A diez meses de haber asumido el cargo, Mazzoni convocó a una conferencia de prensa en la que, junto a su equipo de trabajo, realizó un balance de lo actuado y adelantó sus perspectivas para el próximo año, que será aún más problemático, según sostuvo.

Walter Fernández Val, uno de los integrantes del equipo, se refirió a cuestiones presupuestales y señaló que, según los números de las últimas rendiciones de cuentas, hubo un “recorte de 150 millones de dólares” en relación a 2019. En concreto, dijo que ese año el organismo ejecutó 84.400 millones de pesos, cifra que en 2021 bajó a 80.406 millones de pesos, según valores de 2021. En términos de porcentaje del Producto Interno Bruto, dijo que, siguiendo la actual forma de cálculo de ese indicador, el presupuesto de toda la educación pasó de 5,3% en 2019 a 4,6% en 2021, y que se proyecta que este año baje a 4,4%.

Disminución salarial

Fernández Val planteó que, como los salarios representan 87% del presupuesto de la ANEP, los ingresos de los trabajadores se vieron especialmente afectados. Al respecto, dijo que en 2020 se cortó una tendencia continua de aumentos salariales para los docentes, que permitió que en 2019 esos profesionales duplicaran su sueldo en relación a 2005 en términos reales, mientras que los funcionarios administrativos y de servicio tuvieron un incremento de 275%. Sin embargo, en 2020 comenzó una disminución de los salarios, que se ubicó en el entorno del 4,5%, y que, por ejemplo, para un docente grado 1 con 20 horas semanales implica cobrar 29.000 pesos menos al año, y para un grado 7 con la misma carga horaria son 48.000 pesos menos en el año.

Según valoró, esta situación se debe, en primer lugar, a una “reducción de horas” docentes, ya que desde 2020 se han “recortado cientos de grupos” y, en el caso de Secundaria, se quitaron 20.000 horas de coordinación a los profesores. Al respecto, Fernández Val dijo que la supresión de grupos genera “superpoblación” y que muchos estudiantes deban trasladarse decenas de kilómetros para estudiar lo que quieren, principalmente en el interior. “A veces eliminar un bachillerato porque tiene ocho o diez alumnos, como es el caso del Liceo de Achar, implica que esos alumnos viajen hasta Tacuarembó, por ejemplo, que está a una distancia de más de 100 kilómetros, lo que muchas veces termina con la desvinculación”, ilustró.

En suma, se planteó que la ANEP redujo el gasto por estudiante, que pasó de 120.690 pesos anuales en 2019 a 114.129 pesos en 2021, que debe considerarse en un contexto de descenso de matrícula por motivos demográficos.

Fernández Val se refirió al convenio que la ANEP firmó con los sindicatos de la educación que permitirá que el 1 de enero de 2025 se recupere el nivel salarial de 2019. Además, valoró los recursos que la última Rendición de Cuentas previó para subsanar una serie de inequidades salariales en el organismo, que, por ejemplo, permitirá equiparar el pago a “docentes que trabajan por un determinado número de horas y se le paga por menos”. No obstante, el docente cuestionó que en dicha instancia presupuestal no se hayan previsto recursos para atender la inseguridad alimentaria de los estudiantes, sobre todo en la educación media. Según dijo, en varias recorridas han constatado que hay adolescentes que se sienten mal a causa de no haber ingerido alimentos desde el día anterior y son los propios docentes los que deben hacerse cargo de comprar comida.

Participación docente “vapuleada”

El integrante del equipo de Mazzoni planteó que “no es posible” llevar adelante una transformación educativa en un contexto de “recorte presupuestal” y tampoco hacerlo sin tener en cuenta la opinión de los docentes.

Fernanda Alanís, también integrante del equipo, consideró que “la participación docente ya venía vapuleada” desde la eliminación de los consejos en primaria, secundaria y UTU a través de la ley de urgente consideración, y afirmó que este año ese proceso se “afianzó y profundizó”. Según consideró, la reforma educativa ha sido gestada “a espaldas” de los colectivos docentes y en el marco de “pantomimas de participación” que no han considerado los planteos de docentes y estudiantes.

La docente señaló que una muestra de ello es lo que ocurre en el Consejo de Formación en Educación (CFE), donde los representantes electos por estudiantes y docentes han accedido a documentos de 800 páginas 24 horas antes de que debían ser considerados, o incluso durante la misma sesión del organismo. Alanís habló de “desprolijidades” del proceso en el CFE y dijo que los nuevos planes se basan en la generación de “competencias generalistas que responden a una lógica empresarial”, que no tienen en cuenta las especificidades de las distintas unidades curriculares. Además, rechazó que el mecanismo de reconocimiento universitario del título docente creado por el Ministerio de Educación y Cultura sea un camino adecuado para que la formación de educadores logre ese estatus y dijo que, en cambio, debe generarse una universidad de la educación autónoma y cogobernada.

T>“Problemas importantes” para 2023 Mazzoni se refirió a los preparativos para el año lectivo 2023 y señaló que el proceso de elección de horas docentes se inició con complicaciones. Si bien dijo que el presidente del Codicen, Robert Silva, se comprometió a que el proceso comenzaría por el CFE, en varios departamentos están eligiendo primero profesores de educación media, lo que hará que luego deban a renunciar a esas horas para tomarlas en formación docente, algo que traerá “problemas importantes”.

Por su parte, señaló que muchos docentes le han transmitido su preocupación porque se precisarán más salones para la aplicación de los cambios curriculares en la educación media, principalmente porque los talleres optativos serán simultáneos. Si bien dijo que “se están tomando medidas”, consideró que muchas veces pasan por “desnaturalizar” otros espacios de los centros educativos, como laboratorios o comedores.

Más allá de las diferencias conceptuales con la reforma, Mazzoni planteó que también discrepan en la forma en que será implementada. “Es la primera vez en la historia del país que una transformación educativa abarca ciclos enteros”, dijo, en alusión a que los cambios se comenzarán a aplicar en simultáneo la educación inicial, primero y segundo de escuela y séptimo, octavo y noveno grado.