Si bien el Gremio Estudiantil del IAVA viene realizando una cuenta regresiva en el patio del liceo en la que registra los días que faltan para que termine la separación del cargo del director del liceo, su regreso al centro educativo quedará en suspenso. Según una resolución de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES), ante la inminente finalización de la medida cautelar dispuesta por el organismo, Leonardo Ruidíaz será enviado al Departamento de Documentación Estudiantil del organismo.
Según establece la resolución, a la que accedió la diaria, allí desarrollará tareas que serán definidas por la subinspectora jefa del organismo, Maris Montes. Dicha disposición fue firmada el 26 de setiembre por el entonces subdirector, Óscar Yañez, quien luego de que la directora de la DGES, Jenifer Cherro, fuera recusada por la defensa de Ruidíaz, quedó a cargo de la definición del expediente, según lo dispuso el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública.
De acuerdo a la resolución, la decisión se fundamenta en que dado “el tenor de los hechos” que motivaron el sumario y que se trata de la máxima autoridad del IAVA, ello “podría afectar la investigación del proceso sumarial”. Por lo tanto, a partir del 13 de octubre, cuando Ruidíaz debe reintegrarse, lo hará en una dependencia administrativa de la DGES.
Desde el equipo de abogados de Ruidíaz, que lidera Mauricio Núñez, dijeron a la diaria que el expediente del sumario está desde el 31 de agosto en una oficina para la elaboración de un informe de un asesor letrado, lo que sería la última etapa del proceso. En ese sentido, apuntaron que “el único fundamento para no reintegrarlo al IAVA es que el sumario no finalizó aún”, pero eso no ha ocurrido “por voluntad de la propia administración”, ya que “está toda la prueba diligenciada”.
Teniendo en cuenta esta situación, pocos días antes de la renuncia de Yáñez los abogados del director habían presentado un escrito ante el Codicen en el que solicitaron que el sumario sea resuelto en los plazos reglamentarios. Además, pidieron que, pese a estar formalmente apartada del caso, Cherro deje de referirse públicamente al caso, ya que “seguía vertiendo opinión sesgada” al respecto.