Los gremios estudiantiles de secundaria tuvieron un rol sumamente activo en el actual período de gobierno. Después de dos años marcados por la pandemia y la virtualidad o presencialidad limitada en la educación, detectaron y visualizaron demandas del estudiantado en diversas áreas, mientras en paralelo tuvieron una postura crítica con la transformación curricular que llevó adelante la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
A lo largo de los últimos tres años fueron varias las veces que apelaron a la medida de ocupación, después de denunciar que sus planteos eran desoídos por las autoridades. De hecho, todas las veces que ocuparon un liceo fueron intimados al desalojo directamente por la Policía. Además de la negativa durante la mayor parte del período a labrarles un acta de ocupación, muy pocas veces los gremios llegaron a ser recibidos por autoridades políticas.
Las excepciones fueron algunas mesas de diálogo generadas con integrantes del Consejo Directivo Central de la ANEP, como las que pudieron concretar los gremios del Bauzá y el Zorrilla, y la reunión que consiguió el gremio del IAVA con Jenifer Cherro, directora general de Secundaria, en pleno conflicto por el salón gremial y la separación del cargo del director del liceo.
Este escenario marcado por el conflicto llevó a que los gremios de Montevideo y el área metropolitana aunaran esfuerzos en un espacio de coordinación y, además de realizar distintas denuncias, definieron convocar a un congreso estudiantil en 2025.
El documental Asamblea permanente: perspectivas estudiantiles sobre un conflicto, elaborado en el marco de un proyecto de iniciación a la investigación de la Universidad de la República (Udelar), muestra cómo fue el proceso que vivieron los gremios durante los últimos años. Allí se da cuenta de que existen 30 gremios en liceos de todo el país, 17 en Montevideo, nueve en Canelones, y uno por departamento en San José, Maldonado, Rocha y Treinta y Tres.
En la pieza audiovisual se entrevista a Bruno Volpi, integrante del gremio del Miranda; a Josefina Delgado y Sofía Albor, del Zorrilla; a Manuel Salina y Agustina Heinzen, del gremio del Bauzá; a Lautaro Gutiérrez y Dante Cerri, del IAVA; y a Jimena Olivera, del gremio del liceo 34.
Además de responder cuándo y por qué empezaron a militar, los estudiantes van narrando distintas demandas, entre las que están la necesidad de mejorar las condiciones edilicias, la superpoblación de grupos y tener un mayor presupuesto. También piden que se detenga la implementación de la transformación educativa y, en particular, plantean su preocupación en relación con el modelo de educación por competencias que instala. Según sostienen, ese tipo de marcos no tienen en cuenta de forma adecuada el pensamiento crítico que se debe promover.
También hacen pedidos a partir de la experiencia directa en los liceos. Por ejemplo, reclaman la actualización de los protocolos sobre acoso, abuso y violencia, que todos los centros educativos cuenten con equipos multidisciplinarios y tener más cursos presenciales en turnos nocturnos, donde Secundaria ha impulsado una política de creciente virtualización. Además, los militantes afirman que en la pospandemia han constatado un aumento exponencial de los problemas de salud mental y de estudiantes que pasan hambre porque en sus hogares no tienen los recursos para hacer todas las comidas diarias.
Los estudiantes que dan su testimonio aseguran que en estos años han tomado medidas de lucha como consecuencia de que “no se los escucha”. Además de que en muchos momentos se sintieron ignorados, dan cuenta de que cuando han tenido intercambios con mandos medios de Secundaria en muchos casos los adultos han apelado a información sobre problemas personales de los estudiantes, lo que no corresponde. Otro rasgo de la respuesta que han obtenido de parte de las autoridades es el cambio constante de argumentos para fundamentar medidas en su contra que los militantes estudiantiles consideran arbitrarias. Por ejemplo, se menciona el caso del recorte de grupos que este año sufrió el liceo IAVA; en una primera instancia Cherro lo vinculó con los malos resultados en el centro educativo, pero semanas más tarde las autoridades plantearon que el principal motivo del recorte era la realización de obras edilicias.
Consecuencias de la pandemia en la experiencia escolar
Leonel Rivero, docente del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Udelar, es el coordinador del proyecto titulado “¿La vuelta a (qué) clases? Repensando el espacio escolar tras la pandemia del covid-19”. En diálogo con la diaria, Rivero explicó que el proyecto, financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica, se enmarca en el trabajo que hacen desde el grupo de investigación sobre violencia y juventudes en América Latina. En particular, recordó que el objetivo fue “conocer cómo la pandemia y la pospandemia habían trastocado la experiencia escolar”. Según indicó, el audiovisual fue realizado en conjunto con los gremios y contó con la participación de estudiantes y egresados de la FCS y de estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación.
Sobre el momento de la vuelta a la presencialidad durante y luego de la pandemia, el investigador consideró que se quiso dar vuelta la página rápidamente, pero al equipo le daba la impresión de que era necesario “explorar un poco más las consecuencias en los vínculos en la convivencia, por ejemplo, en las identidades, en la autoestima de estudiantes, de profesores, de familias”. En ese sentido, contó que fueron trabajando con los distintos actores para relevar sus impresiones y, en el caso de los estudiantes, trabajaron con metodologías participativas y detectaron que los gremios estudiantiles “habían cobrado un protagonismo muy importante”.
En particular, recordó una mesa que realizaron con gremios estudiantiles hace dos años, en la que los militantes relataron lo que estaban viviendo con mucha claridad y, de la misma forma, tenían claro qué pretendían para revertir las situaciones problemáticas.
Consultado sobre cómo fueron concebidos los gremios estudiantiles por las autoridades durante el actual período de gobierno, Rivero señaló que, además de en un contexto de pandemia, el vínculo se dio mientras se procesaba un cambio “en las relaciones políticas en la educación”. En ese marco, el docente de la Udelar analizó que las restricciones a la movilidad que llegaron con la emergencia sanitaria y que estuvieron presentes durante dos años marcaron “fuertemente a las adolescencias”.
“Es un período muy particular, muy importante, donde la posibilidad de salir, de juntarse con amigos, de recrearse, es muy relevante”, dijo, y agregó que, al igual que en otros estudios, en la investigación los problemas de salud mental denunciados por los liceales surgieron como uno de los principales emergentes. “Aparecen denuncias de ataques de pánico, de situaciones de depresión, etcétera, que marcan que de verdad las sensibilidades han cambiado y que se precisa también que el espacio educativo pueda transformarse para dar lugar a esas necesidades”, completó Rivero.
Entre la “falta de escucha” y la “hostilidad”
El investigador manifestó que en el período se atravesó “un combo de situaciones complicadas” a las que se suma el “sentimiento de falta de escucha” que vivieron los estudiantes en relación, principalmente, con las autoridades de la educación. De hecho, consideró que no es casual que el primer punto que piden los gremios estudiantiles sea “ser escuchados”, punto que es “transversal a todos los demás”, ya que sin escucha no pueden plantear el resto de sus demandas.
Rivero valoró que las cosas que experimentaron los militantes estudiantiles “realmente son muy fuertes” y sintetizó que las situaciones incluyen algunas menos visibles como “la hostilidad a la organización en un centro o el control de las actividades” que desarrollan. En ese sentido, detalló que muchas veces las autoridades de un liceo pidieron a los militantes que informen qué están haciendo o quién está asistiendo a las reuniones, y que para ello pasen lista.
En el otro extremo ubicó medidas más visibles, como los operativos policiales montados para los desalojos cada vez que un liceo era ocupado. Por su parte, el docente planteó la existencia de “violencia burocrática” contra los gremios, por ejemplo, a través de la utilización de “procedimientos administrativos para desalentar la participación”. Mencionó el “caso paradigmático” del liceo IAVA, en el que Secundaria apeló a intervenir a un director que tenía “receptividad y escucha con los estudiantes”.
“El conjunto de cosas marca un signo importante de violencia política en la educación y, en las palabras de los estudiantes, ellos hablan de un clima enrarecido o de un clima hostil, y yo creo que sus palabras son adecuadas”, concluyó.
La necesidad de pensar centros educativos abiertos que “den lugar a lo nuevo”
Respecto de qué medidas deberían estar sobre la mesa en un próximo gobierno para revertir este escenario, Rivero manifestó que “cualquier tipo de política tiene que fundarse en una lógica de escucha, de participación y reconocimiento de la pluralidad de los actores”, lo que definió como “políticas de reconocimiento escolar”. Según explicó, ello incluye a actores individuales y colectivos como los gremios y otras organizaciones de docentes o de familias. “Hay una cantidad de instrumentos, de formas organizativas, de dinámicas de gestión de la participación, pero lo importante es que haya una participación efectiva real, con tiempo, que circule la información, que haya receptividad, que eso luego tenga incidencia en lo que termina pasando”, planteó.
Si bien la salud -y en particular la salud mental- históricamente fue vista como un campo externo a la educación, el docente consideró que esos temas están siendo colocados como centrales por los estudiantes a la hora de definir la experiencia escolar. Por tanto, entendió que sería deseable que se pensaran e implementaran espacios para que esos temas puedan ser atendidos desde los centros educativos, y agregó que ello puede tener que afrontar desafíos para su financiación.
En adición, Rivero abogó por que las “identidades juveniles” y la “expresión cultural” también sean pensadas desde lo educativo. “Hay temáticas de diversidad, de inclusión, hay demandas de promoción del arte, de la generación de espacios de discusión y desarrollo de pensamiento crítico. Ahí hay un conjunto de cosas que tienen que ver con generar espacios diversos, con una currícula rica, con prácticas en los centros que sean negociadas, abiertas, que den lugar también a lo nuevo”, concluyó.