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Foto: Ernesto Ryan

Docente de UTU fue imputado por presunto delito de “incitación al odio, desprecio o violencia” en polo educativo de Rivera

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El docente, que es hijo de un diputado del Partido Nacional, tiene prohibido acercarse a los estudiantes que lo denunciaron y comunicarse con ellos.

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Este martes fue imputado uno de los docentes del Polo Educativo Tecnológico de UTU en Rivera que había sido denunciado por estudiantes por haber realizado comentarios presuntamente racistas, xenófobos y discriminatorios, según informó el periodista Eduardo Preve en su cuenta de X.

“En mi familia no contratamos negros porque no son trabajadores, mucho menos los negros brasileros de origen africano, esos son más vagos aún. El brasilero cruza gringo, ese sí es trabajador. Al peón hay que explotarlo de igual manera que al pobre, y si no le gusta, hay que dejarlos morir de hambre”, fueron las expresiones del docente, según la denuncia pública de los alumnos.

Según consta en el auto de formalización, la defensa del acusado argumentó que entre los motivos por los cuales se podría incitar al odio no están “el de ser peón o pobre”. En suma, se argumentó que el color de piel no fue “el centro de los dichos” del docente, quien se refirió “a la calidad de peón pobre o vago de la persona”. Sin embargo, la magistrada Ivana Cantera consideró que sí se trata de dichos que pueden ser tipificados por el delito del que se lo acusa.

El documento judicial también se refiere a acusaciones realizadas por el padre del imputado, Eduardo Guadalupe, quien es diputado por el Partido Nacional. En su momento, Guadalupe dijo que la denuncia contra su hijo era parte de “una persecución” hacia él. Al respecto, la magistrada consideró que no le corresponde pronunciarse al respecto en esta etapa.

Además de imputarlo para continuar con la investigación de los hechos, la jueza dispuso medidas cautelares para el docente con relación a los denunciantes. En concreto, le prohíbe cualquier tipo de comunicación y le impuso una restricción de acercamiento a menos de 300 metros a los estudiantes, ambas por un plazo de 120 días. Por su parte, se dispuso la comunicación directa al centro educativo para que disponga medidas que permitan dar cumplimiento de lo resuelto.

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