El Comité Uruguayo de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) manifestó su “preocupación generalizada” a través de un comunicado. Los motivos: “la grave situación por la que atraviesa la niñez uruguaya”.
La preocupación radica en diversas circunstancias de distintos entes estatales: la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) –tanto en Primaria como en el Consejo de Formación en Educación (CFE)–, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) –incluso el Centro de Formación y Estudios del INAU (Cenfores)– y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
El comunicado plantea que, de acuerdo a la ANEP, “los niños y niñas matriculados en los niveles tres, cuatro y cinco años de Educación Inicial pasaron de ser 91.592 en el año 2019 a 83.110 en el año 2022, de los cuales solamente el 26,1% asisten a centros educativos de jornada completa”. Por otro lado, refirieron a recientes declaraciones de las autoridades sobre la matrícula en ese rango etario: “Asciende actualmente a 72.000 niñas y niños (casi 20.000 menos que en el año 2019)”.
En ese marco, señalaron que en la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) constataron varios puntos de preocupación: en primer lugar, “contradicciones entre la disminución de la matrícula y la superpoblación existente en varios grupos de educación inicial que superan la relación adulto-niño dispuesta por el Consejo Coordinador de Educación en Primera Infancia (CCEPI)”, así como un “escaso aumento de la oferta de tiempo completo y falta de equipos multidisciplinarios”.
En segundo lugar, hicieron referencia a la eliminación de la obligatoriedad del período de familiarización. “Estas decisiones desconocen y afectan las líneas de desarrollo social y emocional de niñas y niños, violentan la autonomía docente y obstaculizan el establecimiento de vínculos con las familias desde el inicio del año escolar”, manifestaron.
Por otro lado, denunciaron “escasez o ausencia de auxiliares y asistentes técnicos en Jardines de Infantes y grupos de escuelas públicas para trabajar en dupla con las y los docentes, garantizando la educación y los cuidados especialmente en los grupos de tiempo completo y en los niveles de tres y cuatro años”. Por último, también detectaron “ausencia de maestros y maestras comunitarias en educación inicial que, entre otras cosas, trabajen con las familias para intentar revertir las situaciones de inasistencia y abandono intermitente en esta etapa educativa”.
Vinculado al ámbito educativo, hicieron también referencia a Cenfores y al CFE, y observaron con preocupación “la eliminación de la titulación intermedia de Asistente Técnico en Primera Infancia” en el CFE, así como las “continuas reformulaciones de la carrera de Maestro de Primera Infancia, muchas de ellas sin considerar la especificidad de la etapa de cero a seis años y, sobre todo, regresivas en cuanto al primer ciclo”.
En última instancia, afirmaron que es “insuficiente” la cantidad de “egresados de acuerdo con las necesidades de la Formación Básica para Educadores en Primera Infancia y de la Tecnicatura de Educador en Primera Infancia del INAU”.
Contexto y denuncias
Otros de los datos resaltados por la OMEP Uruguay fueron brindados por el Instituto Nacional de Estadística: “El aumento general de la pobreza afecta en su mayoría a la población infantil y adolescente y a los hogares con mujeres jefas de familia. Entre las personas de hasta seis años la pobreza pasó del 17% en el año 2019 al 20,1% en el año 2023”.
Asimismo, recordaron que en algunas zonas del país la inseguridad alimentaria moderada y grave alcanza a 19,9% de los hogares con menores de seis años y 3,3% de los hogares padecen inseguridad alimentaria grave.
Por otro lado, con base en lo informado por el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, alertaron que en 2022 “se produjo un incremento significativo en las situaciones de violencia de diversa índole hacia niñas, niños y adolescentes, con 7.437 casos (más de 20 situaciones por día)”. A su vez, señalaron que “en niños y niñas de cero a cinco años, dichas situaciones constituyen el 17% del total”. En ese contexto, a pesar de que no están aún los datos de 2023, la OMEP Uruguay afirmó que “la violencia ejercida hacia niños y niñas en los últimos tiempos, con resultados alarmantes y sumamente dolorosos, avergüenzan a nuestra sociedad”. En particular, mencionan episodios vinculadas a “balaceras y asesinatos en contextos de narcotráfico, violencia vicaria y de género, entre otras”.
Por último, señalaron que, según el INAU, en 2022 el Mides “identificó 32.200 niños y niñas de cero a tres años en situación de vulnerabilidad social que no son atendidos en ningún Centro de Primera Infancia”. En este marco, y sumado a lo esbozado por la ANEP, la OMEP Uruguay manifestó su preocupación particularmente “ante la ineficiencia demostrada por las instituciones estatales que tienen la responsabilidad de garantizar el efectivo cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño”.
Sumado a las constataciones de “incumplimiento de metas”, “faltas”, y situación de “demora” y “ausencia” en el INAU, además de “dificultades”, “retrasos” y “estancamiento” en el Mides, la OMEP observó que se “vulneran los derechos de la primera infancia”.
Por esta razón, la organización subrayó su reivindicación de “la educación y los cuidados de calidad durante la primera infancia como una cuestión de derechos” y, por lo tanto, planteó que estos “deben constituir una política de Estado que trascienda los períodos de gobierno y cuente con prioridad, seguimiento y ejecución presupuestal”.
Asimismo, denunciaron “la omisión del Estado en la concreción de acciones que logren revertir las situaciones antes detalladas”. Por otro lado, rechazaron “los discursos políticos de carácter electoral con promesas de futuro de quienes actualmente ocupan cargos de decisión, responsables de implementar medidas concretas que contribuyan a resolver desde ya, en el aquí y el ahora, las situaciones de emergencia detectadas”.
Reclamaron, además, que se lleven a cabo “análisis críticos del fenómeno multicausal de la baja natalidad, generando condiciones para que las familias en sus diversas composiciones puedan criar a sus hijos e hijas en las mejores circunstancias”. Por último, exhortaron “a las autoridades a sostener políticas de infancia destinando el presupuesto necesario para su real ejecución”.
“OMEP Uruguay realiza un llamado urgente a los responsables políticos de todos los partidos y niveles de ejecución, y a la sociedad en general, a redoblar el compromiso asumido por nuestro país desde el año 1990 al ratificar” por ley la Convención de los Derechos del Niño, finalizaron.