En los últimos días, se reavivó el debate sobre el cambio normativo que introdujo la ley de urgente consideración (LUC) a la Ley General de Educación, cuando se refería a la obligatoriedad de que los niños y adolescentes estén anotados en un centro educativo. En su momento, el gobierno argumentó que el cambio se debió a que la ley de educación contradecía el artículo 68 de la Constitución de la República, que establece que “todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros o instituciones que desee”.
Más allá de que la obligatoriedad de anotar a menores de edad en un centro educativo se mantiene en el Código de la Niñez y la Adolescencia, de donde no fue derogada, desde el gobierno se descartó que a partir del cambio normativo se fuera a impulsar la educación en los hogares, más conocida como homeschooling, su nombre en inglés. “Armaron tanto lío con esto, agitando fantasmas y tratando de alimentar miedos, que todavía le van a meter a alguno la idea de empezar a promover la educación en el hogar”, dijo a la diaria el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, luego de la ratificación del mencionado artículo en un referéndum impulsado por el PIT-CNT y el Frente Amplio.
Quienes pretendieron derogar el cambio fijado por la LUC consideraron que hiere uno de los principios fundamentales de la educación uruguaya, ya que la nueva redacción establece que los adultos responsables tienen “el deber de contribuir al cumplimiento” de la obligatoriedad de la educación, pero no aclara en qué formato.
En la última semana, esos argumentos volvieron al debate público después de que se conoció el caso de 11 niños de una comunidad menonita de Florida que no asisten a la escuela 1 del departamento, donde están inscriptos. En su lugar, sus familias los anotaron en una propuesta de educación a distancia de Estados Unidos. Según supo la diaria esta situación y otras similares están en conocimiento de la comunidad educativa del departamento desde hace más de un año, pero recién la semana pasada se asomó al orden del día del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
Según informó El País, existen diferencias entre los consejeros políticos del organismo sobre cómo proceder en este caso, luego de que la Dirección General de Educación Inicial y Primaria intentara revincular a los niños al sistema sin éxito. Entre algunas de las alternativas que desde Primaria se planteó a la familia está la concurrencia a una escuela rural que actualmente está cerrada por falta de alumnos, por lo que solo asistirían los niños menonitas, pero a partir del programa de ANEP.
Si bien la presidenta del organismo, Virginia Cáceres, es partidaria de llevar a la Justicia el caso si no se logra convencer a las familias, el consejero Juan Gabito entiende que ello no corresponde. Según argumentó, no se trata de niños que estén “en situación de abandono”, sino que es una opción que tomaron las familias, amparadas en la Constitución.
En cambio, Cáceres no comparte que por motivos religiosos una familia pueda optar por el homeschooling. “Ellos no quieren que sus chicos no vayan a la escuela o no aprendan, sino que no aprendan cosas distintas a las que los menonitas tienen que aprender”, dijo la presidenta del organismo a El País.
Según supo la diaria, en medio de esas diferencias, el Codicen trató el tema en su sesión de este miércoles y definió llevar el caso a la Justicia, por cuatro votos a uno, con el voto discordante de Gabito.