Los consejeros electos por los y las docentes en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) comenzamos nuestra actividad en febrero de 2022, por lo que nuestro período se extiende hasta el mismo mes de 2027, coexistiendo con dos mayorías diferentes: la integrada por quienes fueron designados por el gobierno anterior y la que representa al actual. Al finalizar el primer año del gobierno, y recordando que las nuevas autoridades iniciaron sus actividades en abril, podemos hacer una primera evaluación de los tímidos cambios y las preocupantes continuidades en la política educativa. En primer lugar, quienes fueron designados por el Poder Ejecutivo, con venia del Senado, asumieron sus funciones con el año lectivo comenzado, en un contexto que limitó las condiciones políticas e institucionales para realizar modificaciones significativas para el transcurso de 2025; la Transformación Curricular Integral (TCI), que había contado con nuestra oposición en minoría, continuó según lo previsto.
El nombramiento de las direcciones generales y las tres personas integrantes del Consejo de Formación en Educación que son designadas por el Codicen se concretó rápidamente. Un poco más de tiempo llevó la designación de las direcciones de las diferentes reparticiones del Codicen y de los subsistemas. El proceso de puesta en marcha de la estructura funcional apenas permitió iniciar de forma urgente los trabajos de preparación del proyecto de Presupuesto Quinquenal del ente, y se concentró ahí una parte importante de las energías. Las cinco personas integrantes del consejo acordamos los montos solicitados para el presupuesto de la ANEP.
El articulado elaborado por la administración constaba de 27 artículos, con una asignación pensada sobre la base de alcanzar en 2029 al 6% del producto interno bruto (PIB) para la educación, tal como establece el programa de la fuerza política que obtuvo el gobierno nacional. Actualmente, dos terceras partes del presupuesto total corresponden al ente, por lo que se planteó llegar al 4% del PIB para 2029. En ese sentido, contemplando las dificultades que planteaba el Ministerio de Economía y Finanzas, se solicitó un incremento de casi 6.000 millones de pesos sobre una línea de base cercana a los 111.000 millones. Considerando que la Rendición de Cuentas de 2024 correspondió a 108.000 millones, el incremento propuesto sería del 8%, casi cinco puntos por encima de la inflación. El resultado final, luego del pasaje por el Parlamento, quedó en casi 1.900 millones de pesos, un incremento de 4,5%, que es prácticamente igual a la inflación (0,3 más); en pesos constantes, el volumen de recursos destinado a la ANEP para 2025 es casi igual al de 2024. Se trata de un comienzo claramente insuficiente para encaminarse hacia el 6% en 2029. La movilización de los sindicatos docentes y del estudiantado organizado evitó una caída mayor. Con la expectativa generada en torno al presupuesto, el resultado obtenido es decepcionante. Habrá que trabajar más arduamente para cada Rendición de Cuentas.
Con las insuficiencias señaladas, las prioridades del presupuesto están puestas en la extensión del tiempo pedagógico (incluyendo alimentación en educación media), las becas de apoyo, el bono escolar y algunos refuerzos para cumplir con el acuerdo salarial. Preocupa lo poco que se puede rescatar para infraestructura, aunque se pueda apelar al régimen de participación público-privada.
En el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la ronda de negociación colectiva, se obtuvo un preacuerdo salarial entre el Codicen y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) que será refrendado a la brevedad. El acuerdo cubre sólo los dos primeros años y apenas mantiene el poder adquisitivo para la mayoría del funcionariado, con incrementos horarios y otras mejoras para quienes se encuentran en los escalafones más sumergidos. De cara a 2027, será necesario trabajar para mejorar lo alcanzado, lo que refuerza la importancia de las próximas rendiciones de cuentas. Estos convenios se inscriben en un mejoramiento –aún insuficiente– del intercambio entre el Codicen y la CSEU, así como del relacionamiento en las bipartitas de los subsistemas: Primaria con la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de la Educación Primaria; la Dirección de Educación Técnico Profesional (DGETP) con la Asociación de Funcionarios de UTU; Secundaria con la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) y la Asociación de Trabajadores de Educación Secundaria. El Consejo de Formación en Educación (CFE) y el Sindicato de Docentes de Formación en Educación atravesaron recientemente un conflicto complejo, que finalmente se resolvió mediante una negociación que permitió arribar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.
Gracias a ese relacionamiento y a pesar de ciertas demoras, se pudo ordenar la elección de horas y se espera tener un inicio de cursos en mejores condiciones que en los años anteriores. No obstante, el escalonamiento de fechas presenta dificultades relevantes, ya que en la formulación del calendario para 2026 no se habilitó el ámbito de negociación con la CSEU, a pesar de que la fijación de las actividades está directamente vinculada a las condiciones de trabajo. La ausencia de ese ámbito no sólo constituyó una omisión, sino que impidió enriquecer la propuesta y atender planteos que habrían permitido mejorar el calendario, lo que explica que la representación docente no acompañara la propuesta emanada de los subsistemas y coordinada por la mayoría del Codicen.
Aun así, puede señalarse un avance en la aplicación de la Ley de Negociación Colectiva en el marco de las Relaciones Laborales en el Sector Público (Ley 18.508), aunque persiste la necesidad de una mayor apertura y jerarquización efectiva de la negociación por parte de las nuevas autoridades. En el período anterior, la negociación fue muy difícil y se desarrolló en un clima de vulneración de las libertades sindicales. La recuperación del pleno ejercicio de esas libertades es un hecho que el conjunto de la sociedad debe celebrar. En ese marco se inscriben el levantamiento de las sanciones a los y las docentes sumariados por su actividad sindical –situación por la cual el país había sido observado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)– y el reciente archivo de la denuncia penal promovida por parlamentarios de la coalición contra Fenapes.
El proceso de revisión de la TCI quedó delineado en una “hoja de ruta” elaborada por la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas (DEPE). El documento no fue apoyado por los consejeros electos por los docentes; discrepamos con su fundamentación y entendemos que no alcanza la profundidad necesaria para una revisión sustantiva. De cualquier manera, se constatan algunos avances: la eliminación de la presión burocrática ejercida sobre la docencia para imponer la planificación por competencias y la recuperación de la libertad de cátedra. También se registran retornos a un enfoque que prioriza los contenidos en la educación media y acuerdos sobre métodos de evaluación que contemplan el control de asistencias y el retorno a las “pruebas tribunalizadas”, con posibilidad de repetición en cualquier grado. En este punto, preocupan las declaraciones del director de la DEPE que desconocen o relativizan los acuerdos alcanzados en el ámbito de la comisión de revisión, aprobado por el Codicen. En la última sesión del presente año, en la que se trató el tema, manifestamos nuestra preocupación por el desconocimiento de los consensos previamente establecidos en el Grupo de Trabajo para la Revisión de la TCI.
2026 será un año de muchos acontecimientos importantes para la educación pública. A su vez, 2025 fue un año con claroscuros para la ANEP. Al igual que en otros ámbitos, las altas expectativas generadas por el nuevo gobierno no han sido colmadas plenamente, lo que genera desazón.
Queda pendiente, para 2026, la discusión del Marco Curricular Nacional, documento base de la TCI cuya eliminación esperamos, especialmente a la luz de los contundentes materiales emanados de todas las instancias en las que se expresaron los colectivos docentes. Se espera construir un nuevo plan para 2027, tanto para la educación obligatoria como para el CFE. Son tareas pendientes que deben encararse con inteligencia, en las que las Asambleas Técnico Docentes (ATD) deben jugar un papel central, tal como está previsto en la ley. No sabemos la disposición de la mayoría del Codicen en ese sentido, pero ese será el norte de la acción política de la representación docente.
Para el próximo año, esperamos con expectativa la eliminación de las Direcciones Generales de Educación Inicial y Primaria, Educación Secundaria y DGETP, para volver a los consejos desconcentrados de tres miembros. El ministro de Educación y Cultura anunció el proyecto cuando asumió el cargo, hace ya nueve meses, y ahora el tema está en el ámbito parlamentario. La incorporación de los consejeros electos, en los tres casos, permitirá que la voz de los y las docentes adquiera mayor fuerza, en beneficio de la educación pública. El otro proyecto de ley de relevancia para la educación pública es la creación de la Universidad de la Educación (UNED), que seguramente deberá recorrer un camino más complejo y tortuoso, dado que su aprobación exigirá negociaciones parlamentarias. En ese proceso, existe el riesgo de que se intente condicionar el apoyo a la introducción de limitaciones al cogobierno, extremo que la representación docente considera inadmisible y que deberá ser defendido con firmeza.
La realización del Congreso Nacional de Educación para 2026 fue anunciada recientemente por la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación. Será el cuarto congreso y se denominará Misiones Socio Pedagógicas. A partir de febrero se reunirá la Comisión Organizadora del Debate Educativo, compuesta por 39 integrantes. El debate culminará con la instancia congresal en noviembre. Esperamos que se logre un proceso de amplia participación que encare los principales temas de la educación, no como una instancia meramente consultiva, sino con un sentido auténticamente popular.
Es una buena noticia, especialmente si se tiene en cuenta que el programa del Frente Amplio señala, en su página 40: “Para realizar los cambios necesarios en educación es fundamental la participación de la sociedad, particularmente las comunidades educativas, docentes y trabajadores organizados, y todos aquellos ciudadanos que puedan rodear las instituciones educativas en el territorio. En este marco, convocar al Congreso Nacional de Educación, cuyas conclusiones serán orientaciones políticamente vinculantes, sin desmedro de las autonomías constitucionalmente establecidas”.
Entre lo escrito y lo realizado puede mediar un largo trecho; así lo muestra el magro resultado presupuestal, que dista mucho del compromiso del 6+1% del PIB para la educación y la investigación al que también hace referencia el programa. A diferencia de los temas financieros, en los que el gobierno puede apelar al argumento de la “herencia maldita”, en el caso de un congreso con orientaciones “políticamente vinculantes”, la incorporación de sus conclusiones como lineamientos de política educativa no depende de condicionantes externos, sino exclusivamente de la voluntad política de las autoridades designadas por el Poder Ejecutivo. El nivel de movilización que se logre en el debate previo, así como la forma en que se sintetice el proceso en los documentos finales, será determinante para que esa vinculación política se mantenga fiel a la expresión popular.
También hay que considerar que 2026 es un año de elecciones en la ANEP: en abril se deberá elegir a quienes integren las ATD nacionales y, en octubre, a las personas que representen a los y las docentes en el Codicen. Además, si el Parlamento aprueba la ley que propone la vuelta a los consejos desconcentrados, esperamos que simultáneamente se elijan las representaciones docentes en los subsistemas.
Evidentemente, 2026 será un año de muchos acontecimientos importantes para la educación pública. A su vez, como se ha señalado, 2025 fue un año con claroscuros para la ANEP. Al igual que en otros ámbitos, las altas expectativas generadas por el nuevo gobierno no han sido colmadas plenamente, lo que genera desazón. Los asuntos que planteamos como centrales para 2026, si se resuelven correctamente, no sólo permitirían revertir esta peligrosa situación, sino también reencauzar el rumbo de la política educativa.
En el conjunto de la docencia, el resultado de la elección nacional de 2024 generó una fuerte expectativa de cambio. En particular, la referencia en el programa de gobierno a alcanzar en el quinquenio el 6% del PIB para la educación pública, así como los planteos vinculados a la participación de las ATD y a la apelación a otros mecanismos democráticos de consulta en la definición de planes y programas, fueron recibidos con interés por las comunidades educativas. El proyecto de volver a los consejos desconcentrados con representación electa por el orden docente, la convocatoria al Congreso Nacional de Educación y la anhelada pero esquiva creación de la UNED habilitaron la expectativa de una modificación radical de la política educativa. La recuperación de los ámbitos de negociación colectiva, los avances hacia los convenios salariales, así como los espacios de discusión de la TCI con ATD y sindicatos también estimularon las expectativas positivas.
La realidad, sin embargo, se ha encargado de atemperar el entusiasmo y, en algunos casos, de generar decepción. La magra propuesta económica contenida en el Presupuesto Quinquenal, las dificultades para avanzar en la reversión de la TCI, la demora en convocar al Congreso Nacional de Educación, así como en concretar los mencionados proyectos de ley en el Parlamento, ponen en duda las posibilidades de avanzar más a fondo en los cambios que reclamamos y que esperábamos de quienes, cuando fueron oposición, denunciaron junto con nosotros la inviabilidad de la Transformación Educativa impulsada por la llamada Coalición Republicana. Esa duda se sintetiza en la expresión del Poder Ejecutivo de “no tener un espíritu refundacional” en materia educativa, cuando la Ley de Urgente Consideración (LUC) sí implicó una refundación y un duro ataque a la autonomía que la Constitución garantiza. La LUC aumentó la dependencia de la ANEP respecto de las directrices del Poder Ejecutivo, al punto de que las personas designadas como consejeras deben comprometerse ante el Senado –luego de acordar con el ministro– a alinearse con la política educativa definida junto con el MEC. No está previsto que ese mecanismo, reñido con los artículos 202 a 205 de la Constitución, se modifique.
La etapa que se abre exige propuestas claras, una caracterización más profunda de los enfoques de las nuevas autoridades designadas por el Poder Ejecutivo con venia del Senado, y la construcción de respuestas adecuadas para el nuevo escenario. Para los consejeros electos aún queda un año de trabajo, en el que deberemos apuntar a revertir de forma sustantiva la TCI, preparar una Rendición de Cuentas que permita mejorar las pobres expectativas económicas expresadas en el Presupuesto Quinquenal y participar activamente en los debates hacia el Congreso Misiones Socio Pedagógicas. Con nuestra acción queremos contribuir a la valoración del equipo de representación docente en el Codicen por parte del conjunto de la docencia del país. La elección de delegadas y delegados para las ATD nacionales y la de consejeros para el Codicen (a la que esperamos se sumen las correspondientes a los desconcentrados) debe constituir una herramienta para continuar el camino iniciado en 2010, cuando por primera vez ingresó representación docente electa al Codicen, y para profundizarlo en un sentido claramente democrático y participativo.
Julián Mazzoni es consejero electo por el orden docente en el Codicen de la ANEP.