“Va a intervenir el Programa Escuelas Disfrutables [PED]” es la frase que autoridades educativas de distintas administraciones pronuncian cuando se les consulta acerca de las medidas que se tomarán ante un hecho traumático en una escuela pública. Los hechos que suelen tener más notoriedad pública son las agresiones a maestras o directoras, pero también han tomado estado público las intervenciones por las cada vez más frecuentes muertes de niños.
Sin embargo, la variedad de situaciones es bastante amplia y, de hecho, este tipo de emergentes considerados graves deberían ser la excepción, pero en los últimos años se han convertido en regla. En sus inicios, en 2008, el PED preveía que sólo tres horas semanales se dedicaran a la atención de ese tipo de emergentes, denominados a la interna como “dispositivo 3”, para dedicar el resto de las 30 horas de cada profesional al “dispositivo 1”, por el que los profesionales tienen algunas escuelas de referencia para trabajar en promoción y prevención en salud.
“El programa se dio totalmente vuelta”, lamentan Natalia Perciante y Mariela Alsina, voceras del colectivo de psicólogos y trabajadores sociales afiliados en la Asociación de Funcionarios de Primaria (Afuprim) que ha definido denunciar públicamente la precaria situación en la que trabajan.
En una carta elaborada por el colectivo, se plantea que son sólo 204 profesionales, mayormente mujeres, para atender las 2.500 escuelas públicas de todo el país o, si se lo mira desde el punto de vista de la matrícula, a 316.000 niños y niñas.
“Aunque es un programa orientado a un abordaje institucional integral en prevención y promoción, en la práctica intervenimos donde más duele: violencia de género, abuso sexual, explotación sexual, negligencia grave, intentos de autoeliminación, autolesiones, muerte, asesinato, captación por el narcotráfico, hambre y exclusión”, plantea el colectivo. Al respecto, Perciante y Alsina señalaron que cada vez son más frecuentes los intentos de autoeliminación en niños o los casos de niños que son usados para transportar droga, que incluso muchas veces se ha encontrado en las viandas que llevan a la escuela.
“Ante cada cosa de gravedad que se escucha en la prensa, como la violencia vicaria o cualquier otro tipo de violencia, sí o sí está el equipo”, resumió Alsina, quien dijo que la escuela es la primera detectora de la vulneración de derechos de niñas y niños.
La apuesta por trabajar “en proceso” y la priorización de los emergentes
Más allá de la creciente complejidad, las voceras afirman que los profesionales del PED disfrutan de su trabajo, pero advierten que “no dan más” y ello se explica por las condiciones laborales a las que se ven expuestos y que los llevaron a organizarse sindicalmente hace un par de años. Según contaron, 170 de los 200 técnicos forman parte del colectivo, que está nucleado en la Afuprim, algo que ven como una demostración de la necesidad de lograr mejores condiciones laborales.
En ese sentido, las voceras señalaron que es un trabajo que se desarrolla mayormente en solitario o en duplas: una dupla es referente de diez escuelas para los casos de “dispositivo 1”, pero si el técnico trabaja solo, tiene seis centros educativos a cargo. “Eso es una población gigante”, consideraron, y advirtieron que por el constante surgimiento de emergentes terminan trabajando aún con más escuelas.
Perciante y Alsina señalaron que si bien las técnicas son principalmente psicólogas y trabajadoras sociales, trabajan bajo el régimen de funcionarios no docentes, más allá de que están “a cargo de muchas situaciones que implican atender niños, maestros, personal humano”. “Eso lleva a un desgaste impresionante, y en el transcurso de los años hemos visto cómo diferentes compañeros incluso llegan a enfermar por la sobrecarga laboral”, sostuvo Alsina.
Respecto de la forma de trabajo, las voceras señalaron que, sea una dupla o sólo una técnica, el proceso que se realiza “no es de un día”. “Lleva muchísimo tiempo por el impacto que genera la población, por ejemplo, trabajar con una escuela en la que se le dio muerte a un niño, como ha sucedido”, dijo Alsina. Al respecto, habló del abordaje cotidiano de “diferentes situaciones que implican un nivel de dolor y de trauma que los niños no pueden metabolizar fácilmente por la etapa de la vida en la que están y que los docentes tampoco saben cómo encarar”.
De acuerdo con las voceras, ese tipo de situaciones cada vez más frecuentes se acumula con “tareas diarias y cotidianas” que surgen a partir de la demanda de maestras, directoras, inspectoras o funcionarios no docentes, que se generan a partir de conflictos vinculares. Por ejemplo, mencionaron que tiempo atrás surgió el caso de un niño que puso en palabras que años atrás había sido abusado sexualmente por el padre de un compañero. Pese a la gravedad de la situación, para el programa pasó a ser una situación no urgente, dado que había ocurrido en el pasado y la dinámica de trabajo las lleva a tener que priorizar hechos que pasan en el momento.
También comentaron que deben atender cuando pueden algunas situaciones de salud mental que ocurren en los centros educativos, ya que dan por sentado que coordinar una consulta en el sistema de salud puede llevar varios meses.
El “dilema ético” de las psicólogas: entre la atención y las condiciones laborales
“Se detecta la situación de vulnerabilidad extrema, que, a su vez, cuando llega a nosotros es porque hubo todo un tamizaje que pasó por el docente, después por el director, llegó al inspector y después a nosotros, que intentamos articular con otras instituciones y también poner una contención a esa familia, a ese niño, porque realmente los recursos de la salud no llegan, no alcanzan, y los recursos comunitarios que hay son pocos”, describió Perciante.
Alsina, por su parte, planteó que los profesionales del PED se encuentran “en un dilema ético”, ya que, por un lado, están fuertemente desgastados por trabajar cotidianamente con “situaciones de alto impacto emocional y traumáticas”, pero, por el otro, si ellos no las toman “no hay quien las pueda recepcionar”. En el caso de los psicólogos, recordó que son profesionales que en su carrera se comprometen a tener que escuchar y contener a personas cuyas vidas pueden estar en riesgo, algo que en el caso del PED está atentando directamente contra la salud de los propios profesionales del programa.
“Nos llaman a cualquier hora, porque si fallece un niño, puede ser a las ocho o a las 12 de la noche, y eso implica que va a generar toda una conmoción a todo el centro educativo: a los compañeros de clase, al docente, a los auxiliares no docentes, a la familia”, dijo Alsina, que insistió en que la primera atención que recibirán todos esos actores es la del PED, ya que no es viable encontrar una rápida atención en el sistema de salud, que cuenta con importantes listas de espera para acceder a un profesional de la salud mental.
“Hay un desajuste, un desequilibrio tremendo entre la atención permanente a situaciones críticas y la respuesta salarial, la protección laboral y las condiciones de trabajo”, explicó la vocera. Además, desde el colectivo plantean que, dada la constante demanda de atención de emergentes, hacen la totalidad de su carga horaria en las escuelas con docentes, niños y sus familias. Muchas veces también tienen que cumplir horas en otras instituciones del Estado con las que deben coordinar, como centros de la Administración de Servicios de Salud del Estado o la propia Justicia.
A propósito, las voceras dijeron que si bien en un principio estaba previsto que la sede administrativa de los técnicos del PED fuera en la inspección de la cual depende el cargo, “el trabajo efectivo es en el territorio”. Del mismo modo, si bien cada técnico tiene una “escuela de anclaje” en la cual desarrollar acciones para el dispositivo 1, constantemente deben sacrificar ese trabajo de promoción y prevención para atender emergentes. Contaron que es frecuente que tengan que salir de urgencia para una escuela “porque hubo una situación de abuso sexual o porque un niño llega golpeado; en esos casos hay que hacer todo lo que indica el protocolo”, planteó Alsina.
Trabajo sin suplencias ni posibilidad de pasar temporalmente a otra función
Pese a ser un trabajo de alta demanda que expone a las profesionales a un alto estrés y a posibilidades reales de ser afectados emocionalmente, no cuentan con régimen de suplencias como el que existe en Primaria para los maestros. Por lo tanto, el efecto de una certificación médica o de una licencia por otro motivo implica sobrecargar al resto del equipo.
Al respecto, Perciante señaló que, pese a la falta de suplencias y de varios cargos que permanecen vacantes, las situaciones que se enmarcan en el mapa de ruta de violencia deben ser tomadas obligatoriamente por algún técnico del PED. “No importa si está todo el equipo de licencia y queda uno”, indicó.
Además, dijo que si una psicóloga del programa no puede seguir trabajando porque emocionalmente no está bien, como suele ocurrir con frecuencia, “nada permite correrse”, cuando “para sostener este tipo de situaciones tenés que estar bien”. Por ejemplo, las técnicas plantearon que no es posible dedicarse a otro tipo de tareas, como ocurre muchas veces en la docencia, cuando se define que una maestra se dedique a otro tipo de actividades durante un tiempo cuando hay una situación que lo justifique.
“Nos gusta el trabajo, necesitamos el trabajo, pero también necesitamos un límite a esa cuestión del compromiso ético de tener que ir sí o sí a una situación que se presenta en una escuela que yo referencio”, planteó Alsina. Perciante, en tanto, indicó que “no hay ningún estudio para saber cuántas situaciones graves de violencia puede escuchar o sostener una persona”. Justamente, planteó la necesidad de recordar que no se trata solamente de “técnicos”, no dejan de ser personas.
El límite de lo presupuestal y el reclamo salarial
En este marco, los técnicos del PED están dentro del escalafón no docente de Primaria, que no cuenta con un escalafón técnico, lo que hace que algunas de las particularidades del trabajo no sean del todo atendidas por la institución. De hecho, las voceras señalaron que esa situación las lleva a no sentirse parte de ningún tipo de funcionariado de Primaria. “Ya hace mucho que existimos como programa, sin embargo, todo el tiempo sentimos que no somos parte; un poco nos hacen sentir eso. Se siente la distancia, o sea, no somos maestras, tenemos una formación diferente. Nosotros estamos en la crítica, estamos en la reflexión, en una institución muy jerárquica donde la crítica y la reflexión no siempre son lo mejor”, resumió Perciante.
Más allá de esa situación, en la Afuprim, una de las filiales de la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de la Enseñanza Primaria (FUM-TEP), han encontrado un espacio para concentrar las demandas y reclamar espacios de negociación con las autoridades, que hasta ahora no se han concretado. En diálogo con la diaria, Fernando Prego, presidente de la Afuprim, dijo que desde el sindicato han tomado el tema en el entendido de que el PED no se enfrenta a la misma realidad social que la existente hace 17 años, cuando se creó.
Según explicó Prego, la oferta de trabajo en el sector privado y los llamados públicos en otros organismos “seducen mucho más” a los técnicos del PED, “no sólo desde lo económico, sino también desde la calidad del trabajo”. En ese sentido, contó que “ha habido una migración de profesionales de la salud mental” desde Primaria y toda la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) a otros organismos, ya que los demás subsistemas también presentan escenarios laborales complejos para estos profesionales. En total, estimó que en las últimas administraciones la ANEP ha perdido un total de 350 psicólogos, responsabilidad que atribuyó a gobernantes de distintos partidos políticos que han estado en el gobierno nacional.
En particular, dijo que el PED “perdió 16 profesionales en los últimos años” y esos cargos quedaron vacantes, pero no están financiados para que puedan volver a llenarse. Además, contó que desde hace al menos dos congresos la FUM-TEP viene planteando la necesidad de contar con un régimen de suplencias para todos los funcionarios no docentes de Primaria, que también incluyen, por ejemplo, a los auxiliares de servicio. Tanto para el llenado de las vacantes como para la generación de un régimen de suplencias la dificultad es la misma, según comentó: no hay presupuesto suficiente.
Con el objetivo de poner sobre la mesa las problemáticas y delinear posibles soluciones, desde la Afuprim y el colectivo de psicólogos y trabajadores sociales esperan que a la brevedad se pueda convocar una comisión bipartita de seguridad laboral, no sólo con Primaria, sino con el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, en la que puedan tratarse distintas situaciones, entre ellas las del PED.
Además, informó que el preacuerdo salarial logrado con la ANEP y el Poder Ejecutivo establece la posibilidad de contar con 900 extensiones horarias para distribuir en el ente a partir del año que viene. Según dijeron a la diaria fuentes de la ANEP, dicho acuerdo será ratificado por los sindicatos el lunes y, una vez que ello ocurra, se generará un grupo de trabajo para definir el destino de esas extensiones.
En el caso del PED, esto les permitiría aumentar la carga de 30 a 40 horas semanales a algunos de los técnicos y, de esa forma, mejorar su salario; pero, a raíz de un relevamiento hecho por la Afuprim, no todos los profesionales estarían dispuestos a asumir la extensión. De acuerdo con Perciante y Alsina, ello se debe a que los salarios que se perciben en el PED llevan a muchos técnicos a buscar un complemento y, por tanto, deben acudir al multiempleo.
Si bien lo salarial es parte de los reclamos, porque desde el colectivo entienden que el sueldo “es bajísimo” para la tarea desempeñada, buena parte de las reivindicaciones pasan por mejorar otros aspectos de las condiciones laborales. Por ejemplo, Alsina habló de la necesidad de “establecer un contrato de trabajo que sea más claro” y que establezca con más detalle el tipo de dispositivo que debe atender un técnico que trabaja en dupla y otro que lo hace en solitario. “La ANEP tiene que sentarse a repensar con técnicos formados, y quizás con el apoyo de la Universidad de la República, algo razonable, porque lo que pasa hoy no es razonable”, resumió.
Fuentes del Codicen consultadas por la diaria señalaron que desde el organismo apuntan a trabajar con los psicólogos y trabajadores sociales en clave de sistema, de forma de que sea viable que la totalidad de los técnicos puedan trabajar en los distintos territorios, más allá del organismo al que pertenecen. Además, entienden que la ANEP tiene una necesidad mayor por fortalecer el perfil técnico de profesionales de trabajo social, que están en franca minoría frente a los psicólogos dentro del organismo.