El sumario a una maestra y la directora de la escuela 35 del barrio Buceo de Montevideo se sumó en 2023 a otras tantas denuncias de persecución que plantearon los sindicatos de la educación en el gobierno anterior. El motivo de la sanción fue que las docentes leyeron una proclama de la filial montevideana de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) en la que se cuestionaba la transformación curricular aprobada por las autoridades y que ese año comenzó a regir en algunos grados.
Ante el reclamo de las familias, que consideraron que la sanción preventiva perjudicaba el proceso educativo de los niños, finalmente la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) revocó la separación del cargo y las docentes fueron habilitadas a retomar sus labores mientras transcurría el sumario. No obstante, a instancias de la División Jurídica, la DGEIP definió una sanción con suspensión de 30 días y retención de haberes durante ese período, que fue comunicada a las maestras en enero del año pasado.
Además del rechazo de la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de la Educación Primaria (FUM-TEP) y de otros colectivos de la educación, desde Ademu Montevideo se anunció que se recurriría al Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y, de ser necesario, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ya que estaban convencidos de que no se trató de una violación de la laicidad, como alegó Primaria.
Después de un estudio jurídico del tema ya con otra conformación, este martes el Codicen dio lugar al recurso presentado por las maestras sancionadas. De acuerdo a la resolución, a la que accedió la diaria, se fundamenta la decisión en la necesidad de reconocer el derecho de “reunión, propaganda y afiliación sindical en dependencias de ANEP”. Según se aclara a partir de una resolución del Codicen de 2006, ello rige en el caso de que las actividades se realicen tanto fuera como dentro del horario laboral. En este último caso, se especifica que las acciones no deben interferir “con el desempeño de la labor docente y no docente”.
La resolución de este martes también destaca que la proclama fue aprobada por Ademu, que encomendó a sus afiliados a su difusión en los centros educativos y que, en el caso de la escuela 35, su lectura fue aprobada por la superior de la maestra que lo hizo. Además, se puntualiza que si bien la lectura fue dentro del horario laboral, aún no habían comenzado las clases y se encontraban presentes los referentes adultos de los niños.
En ese sentido, el Codicen consideró que lo relatado por las sancionadas se enmarca en el derecho a la libertad sindical, que está amparada en la Constitución de la República, en leyes y convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Precisamente, también se cita un reciente dictamen de la OIT, que, a partir de una denuncia presentada ante ese organismo por la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), recomendó al Estado uruguayo garantizar “un equilibrio razonable” entre la neutralidad de los docentes y su derecho a expresarse. Según sostiene la resolución tomada por el Codicen, en dicho dictamen la OIT también indicó “que se debe garantizar que las opiniones puedan ser difundidas en el lugar de trabajo y sin que haya afectación de la educación de los niños”. Al respecto, se agrega que ello fue lo que ocurrió en el caso de la escuela 35, ya que luego de la lectura de la proclama las actividades siguieron normalmente.
El nuevo Codicen revisará otras sanciones similares impuestas en el gobierno anterior y apunta al respeto de la libertad sindical
En diálogo con la diaria, Elbia Pereira, actual consejera del Codicen que hasta febrero se desempeñó como secretaria general de la FUM-TEP, explicó que la decisión del organismo se da en un contexto en el que se están revisando distintas situaciones similares que ocurrieron en el gobierno anterior. Según detalló, ello no se hace con un afán revisionista, sino para enmendar algunas situaciones que las actuales autoridades entienden injustas.
Actualmente también están en proceso de revisión otras sanciones aplicadas a docentes por motivos similares, como las suspensiones que recibieron seis profesores del Liceo 1 de San José y el exdirector del IAVA, Leonardo Ruidíaz. Pereira afirmó que estas acciones implican una señal de “respaldo a la libertad sindical” reconocida en el marco jurídico uruguayo, y también es ilustrativo de las relaciones laborales que existen históricamente en el país.
De acuerdo a la jerarca, Uruguay es reconocido internacionalmente por el respeto a la libertad de asociación y las libertades sindicales, lo que en el caso de la educación será ratificado por la actual administración. Según detalló, se dará una amplia posibilidad de expresión a las organizaciones sindicales, siempre que ello “no afecte directamente a los estudiantes”.
Pereira sostuvo que la resolución, que fue tomada por unanimidad, “es una señal clara de que este Codicen va a caminar por la línea del respeto a las organizaciones sindicales y del respeto, por supuesto, a la laicidad y el cuidado de los estudiantes dentro de los recintos educativos”. En ese sentido, consideró que en el caso de la Escuela 35 y en otros que están analizando “no existió ningún tipo de proselitismo”.
Consultada sobre la normativa sobre las carteleras sindicales, que en la administración anterior también fueron objeto de disputa, Pereira dijo que dichos espacios están regulados y que las autoridades educativas no tienen injerencia sobre su contenido y, partiendo de la base de que las comunicaciones sean “desde el respeto” con el que siempre se han manejado los sindicatos, el único recaudo es que no estén a la vista de los estudiantes.
Respecto a la reunión que esta semana autoridades de ANEP mantuvieron con jerarcas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Fenapes para analizar las recomendaciones de la OIT, Pereira señaló que se trató de un muy buen encuentro. “El Codicen puso sobre la mesa la voluntad del respeto hacia hacia las libertades sindicales y revisar todo aquello que periodo anterior pudo haber tenido eh alguna resolución en contrario”, resumió.