Junto con el envío de un proyecto de ley para crear una Universidad de la Educación, este miércoles el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) anunció que cerró otro proyecto de ley con otra de las promesas de campaña del Frente Amplio: la restitución de los consejos desconcentrados con participación docente en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
Después de la sanción de la Ley General de Educación, en 2008, en Primaria, Secundaria y UTU, dichos consejos funcionaban con dos representantes propuestos por el gobierno de turno y un tercero electo por el cuerpo docente. Sin embargo, la ley de urgente consideración (LUC) del gobierno anterior los convirtió en direcciones generales unipersonales, con la figura de un subdirector, ambos propuestos por el gobierno, que cuenta con mayoría en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP para su designación.
El proyecto anunciado este miércoles por los titulares del MEC, José Carlos Mahía, y de ANEP, Pablo Caggiani, restituye los consejos en el mismo formato con el que funcionaron hasta principios de 2021, cuando entraron en vigencia los cambios de la LUC. No obstante, también añade la posibilidad de que cada consejo designe a su vez a una “comisión consultiva”.
En el caso de los consejos de Educación Inicial y Primaria y Secundaria, dichas comisiones estarían compuestas por representación de los estudiantes, sus familias, trabajadores y “otros actores de la sociedad”. En el caso de UTU, se establece la creación de comisiones consultivas de tipo sectorial, y a esa integración se agrega explícitamente la de “instituciones públicas y privadas, trabajadores y empresarios” de cada sector. Según se fundamenta, ello apunta a atender la “diversidad productiva” de las distintas ramas de formación que ofrece la institución, que tiene un vínculo directo con el mundo del trabajo.
Según estipula el proyecto, es el Codicen el encargado de reglamentar la puesta en marcha y el funcionamiento de dichas comisiones.
En rueda de prensa, Caggiani valoró que varios estudios indican que la participación es importante para lograr mejores resultados de política educativa. Por su parte, el jerarca habló de que la participación debe lograrse tanto en los organismos centrales de conducción del sistema educativo como en los propios centros ubicados en el territorio. De esa forma, estimó que la educación podrá dar mejor respuesta a las demandas de la sociedad.
En tanto, José Olivera, vicepresidente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) y referente de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, recordó, en diálogo con la diaria, que en su momento Fenapes cuestionó los cambios que introdujo la LUC en la gobernanza de la educación. De hecho, fue uno de los ítems que fueron sometidos a referéndum en 2022.
Olivera dijo que “los hechos demuestran que la existencia de direcciones generales unipersonales no solamente generaron problemas de gestión en términos de demoras, de falta de respuestas y de conocimiento de la realidad educativa”, sino que, además, “se ha constatado abuso de funciones, arbitrariedades y accionar contrario de derecho”. En el caso de Secundaria, particularmente, se refirió a los distintos dictámenes de jueces que están dando la razón a los docentes sancionados en el liceo 1 de San José luego de la reapertura de un expediente por parte de la exdirectora del organismo Jenifer Cherro. Según valoró el integrante de Fenapes, ese ejemplo muestra de qué manera el accionar de las direcciones unipersonales operaron cuando no existió el “control” de un organismo colegiado.
Además, el sindicalista consideró que también es un avance que se incorpore la posibilidad de participación de otros actores como estudiantes, familias y los funcionarios administrativos y de gestión, quienes pueden “hacer contribuciones muy importantes” en el ámbito educativo.