El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) concurrió a la comisión homónima de la Cámara de Diputados para informar sobre un proyecto de ley presentado por la cartera el año pasado y también para dar opinión sobre una iniciativa presentada por la bancada del Partido Colorado, con el objetivo de prohibir el uso de teléfonos celulares en el sistema educativo obligatorio. La delegación de la cartera estuvo encabezada por el ministro, José Carlos Mahía, y también intervino el director nacional de Educación, Gabriel Quirici.
De acuerdo a la versión taquigráfica de la sesión que se realizó el miércoles pasado, Mahía defendió el proyecto de ley que implica que los subsistemas de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) vuelvan a ser gestionados por consejos con participación docente y, por lo tanto, que se elimine el formato de direcciones generales unipersonales. El ministro planteó que la participación es “un eje estratégico” de las políticas del gobierno y, en particular en el campo de la educación, recordó que la vuelta de los consejos a los desconcentrados de ANEP está presente en el programa de gobierno del Frente Amplio (FA) para el actual quinquenio.
Precisamente, la legitimidad de impulsar el mencionado proyecto de ley fue objeto de debate en la comisión. El diputado nacionalista Fermín Farinha planteó que al menos cuatro de los artículos de la Ley General de Educación que pretende modificar el proyecto remitido por el MEC fueron aprobados en la ley de urgente consideración (LUC) del gobierno anterior y sometidos a referéndum, sin que se obtuviera la cantidad de votos necesaria para su derogación.
El legislador consultó al ministro sobre si existe una valoración legal por parte del gobierno en relación al respaldo que obtuvieron los mencionados artículos en una consulta popular establecida en la Constitución. De acuerdo a Mahía, “así como hubo un pronunciamiento sobre un paquete de artículos dentro de la denominada LUC”, el proyecto de ley tiene “una legitimación democrática por parte del gobierno que ganó las elecciones al tener una mayoría, incluso superior al pronunciamiento que se dio en ese plebiscito”.
A la hora de fundamentar el proyecto, desde el MEC citaron una declaración de Unesco, que en el Día Mundial de los Docentes llamó a “valorar los conocimientos, la voz y la participación del profesorado en los procesos de toma de decisiones en el ámbito de la educación”. Además, Mahía se refirió a uno de los principales argumentos a los que se apeló para la instalación de las direcciones generales en el gobierno pasado, que apuntaba a que, con ese tipo de organización institucional, se lograría una gestión más eficiente.
De acuerdo al jerarca, cuando el FA asumió el gobierno nacional, en marzo de 2025, en la Dirección General de Educación Inicial y Primaria había unos 3.000 expedientes sin resolver y algunos de ellos estaban abiertos desde 2021. Según completó, en el caso de UTU la cantidad de expedientes en esa situación ascendía a 500 y Mahía también se refirió al caso de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES). Al respecto, dijo que en el gobierno anterior la DGES protagonizó “episodios complejos”, como el conflicto generado en el liceo IAVA o la sanción a profesores de San José, caso que tuvo consecuencias judiciales. “Eso yo no lo atribuyo directamente a la participación o no en consejos, pero son hechos que, quizás, con el involucramiento de actores educativos en la conducción, pudieron haber tenido otro trámite”, dijo el titular del MEC.
Por su parte, el ministro dijo que desde el gobierno no plantean el proyecto como una vuelta al mismo esquema que existía antes de la LUC y, de hecho, fundamentó la propuesta de crear comisiones consultivas para cada uno de los consejos, que incorporan la participación de las familias, de los estudiantes en el caso de la educación media y del sector productivo para la UTU. Según planteó Mahía, de esa forma, se apunta a lograr “una mirada menos endógena” en la toma de decisiones del sistema educativo.
Al respecto, Quirici sostuvo que la idea del proyecto de ley no es “restauracionista”, sino que se apuesta por la innovación en los esquemas de participación y que estos, por ejemplo, pueden surgir del trámite parlamentario.
El MEC prefiere que exista regulación de uso de celulares antes que prohibición
El proyecto de ley sobre el uso de dispositivos móviles en centros educativos fue presentado por el diputado colorado Maximiliano Campo, integrante de la comisión, y plantea que se prohíba su uso por parte de los estudiantes “durante las clases, el recreo y los intervalos entre clases en todas las instituciones de educación inicial, primaria y media” dependientes de ANEP. De acuerdo al texto del proyecto, el uso de dispositivos en el aula se habilitará únicamente con fines pedagógicos o didácticos y bajo la orientación del docente. Además, se plantea como excepción a la prohibición su uso para “garantizar la accesibilidad, la inclusión o responder a condiciones de salud del estudiante”.
Al respecto, la delegación del MEC valoró la iniciativa del legislador y planteó que aborda una temática relevante y desafiante para el sistema educativo en la actualidad, que, precisamente, la cartera propuso que sea parte importante de uno de los ejes temáticos del próximo Congreso Nacional de Educación.
De todas formas, Mahía introdujo algunas diferencias con la solución propuesta en el proyecto de ley del diputado colorado y para ello se basó en un informe elaborado recientemente por Ceibal, en el que se describen y analizan algunos casos de restricciones en el uso de celulares en centros de educación media. Según resumió el ministro, más allá de que se trata de un estudio descriptivo, se concluye que no hay “políticas homogéneas con soluciones universales”, ya que los efectos de una misma medida varían en distintos contextos educativos.
Mahía también se refirió a un estudio realizado recientemente por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa a partir de una experiencia en el Colegio Santa Elena y sostuvo que la evidencia disponible “sugiere que el camino más prometedor para abordar el vínculo entre adolescentes, aprendizaje y dispositivos digitales en el escenario educativo actual combina tres pilares: regulación institucional, educación para el uso crítico de la tecnología y participación activa del estudiantado”. Por ello, el ministro afirmó que, antes de ir hacia una prohibición generalizada, lo mejor sería que exista una regulación y que ella sea definida por la propia ANEP a partir de “un diálogo técnico y participativo, asegurando el uso pedagógico de los dispositivos y el acceso a los dispositivos que proporciona Ceibal”.
Por su parte, el director nacional de Educación señaló que, en algunos casos, la prohibición absoluta “podría resultar en una profundización de la desigualdad”. Según Quirici, ello podría darse cuando la medida se desarrolle “sin los acompañamientos adecuados” para que los adolescentes “puedan tener lugares de alojamiento o acceso a otros dispositivos electrónicos que sí precisamos para que estudien”.
Campo, por su parte, celebró el acuerdo en que el uso de dispositivos sin ningún tipo de regulación está siendo un problema y aseguró que, desde la presentación del proyecto de ley, ha constatado que “la palabra prohibir asusta muchísimo” y eso ha sido “un problema” para la consideración del articulado propuesto. En ese sentido, el legislador indicó que el proyecto establece excepciones para el uso de los dispositivos y que una de ellas es la pedagógica. “No creemos en generar cavernícolas digitales que no tengan posibilidad de conocer lo que es un celular y lo que es la función pedagógica del celular”, dijo, y agregó que se trata de dar un respaldo a docentes y equipos directivos que le han trasladado que no tienen “respaldo jurídico” para imponer medidas restrictivas.
