El intento de femicidio ocurrido el martes en el anexo del edificio Alpargatas que comparten la Facultad de Medicina y la Facultad de Química de la Universidad de la República (Udelar) marcó “un antes y un después”, según expresó Alejandra López Gómez, profesora titular en la Facultad de Psicología y delegada titular del Consejo Nacional de Género por la Udelar, a la diaria.
La agresión de un estudiante de la facultad hacia una estudiante de la misma institución se trató de una situación que “tensionó las capacidades de respuesta” de la Udelar, señaló la docente. Con base en lo ocurrido, López Gómez junto con Natalia Guidobono y Victoria Espasandín, ambas integrantes de la Comisión Abierta de Equidad y Género de la Udelar y especializadas en el abordaje sobre género y violencia, concordaron, en diálogo con la diaria, sobre la misma idea, a pesar de que la Udelar tiene “un montón de instrumentos” para abordar las situaciones de violencia de género, según indicaron.
El episodio de agresión derivó en que a partir del miércoles pasado muchos servicios de la Udelar vieran afectado su funcionamiento diario, a pesar de que el Consejo Directivo Central (CDC) de la universidad decidió en ese momento no paralizar la concurrencia habitual a los centros educativos. Los distintos servicios apelaron a la realización de talleres y la creación de espacios de reflexión sobre lo ocurrido, acciones que fueron promovidas principalmente por estudiantes y docentes de cada centro.
“Esto no significa que sea un hecho aislado, significa que no se había presentado de esa manera dentro del aula universitaria”, explicó López Gómez al referirse a que, más allá de convivir con situaciones de violencia basada en género de forma cotidiana dentro de la institución, lo que sucedió esta semana significó un “punto de inflexión”. Según detalló, ello se explica por la magnitud de la violencia empleada por el agresor, que, además, se dio frente a otros estudiantes y docentes dentro de un aula.
¿Un abordaje insuficiente? ¿Cómo llegar a tiempo?
La Udelar no parte de cero para pensar cómo afrontar situaciones que involucran la violencia de género. La institución cuenta desde abril de 2021 con una ordenanza de actuación ante situaciones de violencia, acoso y discriminación, aprobada por el CDC en diciembre de 2020. La normativa surgió de un proceso iniciado en 2019 a partir de un “empuje” del “movimiento social y de mujeres” que “obligó a la institución” a pensar en ese sentido, explicó Guidobono. El objetivo de su creación fue revisar las herramientas con las que contaba la institución y establecer procedimientos específicos para prevenir y abordar estas situaciones.
Al respecto, Guidobono señaló que, aunque la ordenanza puede ser “perfectible”, el hecho de violencia ocurrido el martes resulta “frustrante”, en parte, porque “hace muchos años” la universidad viene trabajando en ese sentido. “No es que la institución no ha trabajado en esa dirección, no es que ha estado omisa, pero cuando estas situaciones suceden te das cuenta de que esa respuesta es insuficiente”, señaló López Gómez.
La creación de la normativa permitió establecer la Unidad Central sobre Violencia, Acoso y Discriminación, que cuenta con un equipo técnico multidisciplinario para el abordaje de las denuncias, y expandir otros equipos técnicos en algunos servicios de la Udelar. A pesar de reconocer este hecho, Guidobono dijo que “venimos desde hace tiempo pensando que había debilidades en algunos elementos de esta política universitaria contra la violencia y que ahora emergen nuevamente”. En este sentido, contó que se está trabajando desde hace algunos meses en la mejora de ciertos aspectos vinculados a la normativa, como en el desafío de garantizar procedimientos más ágiles y efectivos para que la ordenanza logre alcanzar una dimensión más “creíble”.
Las referentes introdujeron el concepto de “gap perceptivo”, desarrollado por la psicóloga Raquel Galeotti, para referirse a la brecha que puede existir entre la gravedad de una situación de violencia y la capacidad de quienes la rodean para identificarla como tal.
Al respecto, señalaron que esa distancia puede hacer que determinadas conductas de hostigamiento, ciertos comentarios, modos de vincularse o interacciones que inicialmente pueden parecer menores no sean reconocidas a tiempo como señales de riesgo. Por eso, resaltaron la importancia de fortalecer la formación y sensibilización de docentes y estudiantes para que puedan identificar esas situaciones de manera temprana y activar los mecanismos de respuesta antes de que la violencia escale. “¿Por qué insistimos tanto con la formación? Porque no es menor”, respondió López Gómez. “Llamar las cosas por su nombre y no de otra manera” puede ayudar a “identificar a tiempo” y, por lo tanto, “actuar a tiempo”, insistió la docente.
De acuerdo con lo resuelto por el CDC este viernes, la Udelar conformará una comisión ampliada que durante los próximos 60 días trabajará en la elaboración de un plan específico para abordar la violencia de género dentro de la institución. Con esta iniciativa se busca que, al finalizar ese plazo, exista una propuesta de acción que contemple modificaciones en distintos aspectos del funcionamiento universitario y permita fortalecer la prevención y el abordaje de estas situaciones, dijo Espasandín.
Desigualdad presupuestal, ¿un problema?
“Lo que es cierto es que hoy no hay nadie que quede desamparado en cuanto a poder hacer una consulta o una denuncia. Todo el mundo tiene acceso a ese servicio”, afirmó Guidobono. Aunque la disponibilidad de recursos y equipos multidisciplinarios no deja de ser dispar entre las distintas facultades de la Udelar, la referente destacó la importancia de haber logrado consolidar un equipo central con mayor capacidad y dedicación para trabajar sobre estas situaciones.
Sin embargo, Espasandín se refirió a estas desigualdades y a que “los servicios son distintos en relación con las posibilidades presupuestales”; hay “equipos [de trabajo] muy fuertes” y otros que solo tienen “una referente con cinco horas”. Debido a estas diferencias es que las referentes insisten en la consolidación de un equipo a nivel central.
Valoración del riesgo y articulación entre instituciones del Estado
Otro de los aspectos planteados por las entrevistadas fue la necesidad de fortalecer la valoración técnica del riesgo ante situaciones de violencia.
A propósito, López Gómez opinó que la respuesta institucional no debería depender únicamente de la percepción de quienes reciben una consulta o una denuncia, sino que “hay que seguir trabajando” en mejorar las herramientas que permiten dimensionar el riesgo y definir medidas de protección adecuadas. Por ello, la docente mencionó que los dos aspectos clave a reconocer ante una denuncia que implica una situación de violencia tienen que ver con “la valoración del riesgo en el que puede estar la víctima” y “la valoración del riesgo de los ofensores”. A su vez, destacó la relevancia de abordar la “autovaloración del riesgo” para “desnormalizar” conductas y formas de vincularse sexoafectivamente que en muchos casos se “decodifican como amor”.
“En realidad, uno tampoco puede analizar la respuesta de la Udelar aislada de cuál es la respuesta nacional frente al problema”, afirmó la docente al concordar con Espasandín sobre la falta de normativa con respecto a ciertos aspectos que afectan los vínculos sociales actualmente, como las redes sociales. “La respuesta nacional frente a la violencia basada en género tiene limitaciones, tiene descoordinaciones, tiene vacío de capacidad de respuesta”, expresó López Gómez.
Al ser consultadas sobre la articulación entre Secundaria y la Udelar con relación a la denuncia registrada anteriormente en el liceo 1 de Salinas, al que asistía el agresor de la estudiante, respondieron que la universidad no siempre cuenta con antecedentes o diagnósticos compartidos sobre situaciones de violencia que hayan sido detectadas en períodos posteriores al ingreso a facultad, aunque mencionaron la existencia de la Comisión Mixta entre la Udelar y la Administración Nacional de Educación Pública en la que las autoridades de ambos organismos se reúnen como un dispositivo directo de comunicación.
Curricularización y respuesta académica frente al negacionismo
Los esfuerzos de sensibilización que pueda hacer la universidad resultan insuficientes si no tienen un correlato en la formación de grado, apuntaron las referentes. En ese sentido, López Gómez contó que han existido planteos en el CDC para la incorporación de las temáticas sobre violencia de género, acoso y discriminación en los distintos planes de estudio de las carreras universitarias. De todas formas, la docente dijo que conoce los “largos ciclos” que conlleva el proceso de elaboración de nuevas mallas curriculares.
Precisamente por eso, consideró que la incorporación de estas dimensiones no debería quedar a criterio de cada facultad. Advirtió que, si la definición no parte del CDC como un mandato general, existe el riesgo de que algunas carreras avancen en estos temas mientras otras permanecen al margen. “Si queda a libertad de cada servicio y no es mandatorio, creo que cada servicio lo hará si quiere o no quiere”, sostuvo. Además, “que esto se incorpore tiene efectos luego en la sociedad”, agregó. La discusión en este sentido apunta a que los futuros profesionales incorporen herramientas para reconocer y abordar situaciones de violencia y discriminación desde sus propios campos de conocimiento.
Las referentes también ubicaron la discusión sobre la violencia de género en una disputa cultural más amplia. Ante el resurgimiento de “discursos negacionistas” y de corrientes “ultraconservadoras” que cuestionan las políticas de género, relativizan la existencia de las desigualdades o minimizan la violencia contra las mujeres, consideraron que la Udelar tiene un papel particular a la hora de producir conocimiento y sostener sus intervenciones en la investigación y la evidencia científica. Sin embargo, entienden que eso también implica “luchas internas”, aunque “cada vez hay más gente que acompaña esos planteos, y eso es importante”.
