A raíz del intento de femicidio en un salón de clases de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar)que conmocionó a la comunidad universitaria, en las últimas horas se viralizó en las redes sociales la situación de un estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA).
Varias usuarias de redes sociales manifestaron que el femicida de Valentina Cancela fue visto en clases del centro educativo y también está inscripto en cursos. Según pudo saber la diaria, el estudiante está privado de libertad en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), ya que cometió el femicidio cuando era menor de edad, y solo concurre a la FCEA a dar algunas pruebas. El joven toma las clases a través de plataformas virtuales, con un mecanismo previsto para todos los estudiantes que cursan a distancia y van presencialmente a rendir parciales y exámenes, por lo que hasta que se viralizó su situación los docentes de los cursos no tenían forma de saber sobre su privación de libertad.
Si bien la Udelar tiene mecanismos de cursada y seguimiento para estudiantes que están privados de libertad en centros de reclusión del Instituto Nacional de Rehabilitación, no ocurre lo mismo con quienes están bajo la órbita del Inisa.
En este contexto, la decana de la FCEA, Danny Freira, emitió un comunicado en el que afirma que la facultad recibió “numerosas consultas” sobre la situación expuesta en redes sociales. Al respecto, señala que no es posible divulgar información personal ni sobre la cursada de estudiantes, ya que esas situaciones están reguladas por la normativa vigente de protección de datos personales. “Esta reserva no opera como un mecanismo de protección hacia quien ha causado daño, sino como una garantía que la normativa establece para todas las personas de la comunidad universitaria, sin excepción, y que en este caso protege especialmente la privacidad e integridad de quienes se han visto afectadas”, afirma en la nota.
Por su parte, en relación con “los asuntos vinculados a procesos penales, condenas, medidas privativas de libertad y sus modalidades de cumplimiento”, la decana plantea que “son competencia exclusiva del Poder Judicial” y que eso incluye la posibilidad de acceder a instancias educativas. “Nos corresponde como servicio universitario cumplir con los aspectos previstos judicialmente: si eso significa permitir que una persona privada de libertad ingrese a una prueba acompañada por quien la ley dispone, así lo hacemos”, agrega Freira.
La jerarca también afirma que es consciente de que “esta situación puede generar incomodidad, miedo e inseguridad en otras personas” de la FCEA, y que no es algo que se esté minimizando a nivel institucional. “Es precisamente por eso que contamos con mecanismos institucionales para acompañar a quienes se sientan afectadas y seguimos analizando qué medidas adicionales están dentro de nuestras competencias para dar respuesta a esta situación concreta”, afirma.
La FCEA “reafirma que el acceso a la educación constituye un derecho que la Universidad garantiza también a las personas privadas de libertad, en consonancia con los principios de inclusión y reinserción social”. Según afirma la decana, esa afirmación “no se contrapone con la responsabilidad institucional de promover condiciones de cuidado y convivencia adecuadas para toda la comunidad universitaria”, ya que “ambos principios deben ser garantizados de manera simultánea”. Como herramienta concreta de prevención, se menciona el Protocolo para la Recepción, Orientación y Derivación ante Situaciones de Violencia, Acoso y/o Discriminación en el Ámbito Laboral y Educativo y el Mecanismo para la Detección y Derivación de Personas en Situación de Violencia de Género, ambos elaborados por la Comisión de Actuación ante Violencia, Inequidad, Discriminación y Acoso (Cavida) de la FCEA.
“Tengan la certeza de que la facultad se encuentra trabajando de manera articulada con Cavida, la Unidad de Apoyo a la Enseñanza y el área jurídica de la Universidad, analizando la situación y considerando todas aquellas medidas que, dentro del marco de las respectivas competencias institucionales, puedan contribuir a su adecuado abordaje y al cuidado de las personas involucradas”, concluye Freira.