Elizabeth, como su familia pidió que sea llamada, tenía 34 años y un hijo. Ingresó el domingo a un hospital de la ciudad de San Martín, en las afueras de la provincia de Buenos Aires, con una infección generalizada por intentar interrumpir su embarazo con un tallo de perejil. Allí le practicaron una histerectomía de urgencia y la trasladaron a un centro de mayor complejidad en la ciudad de General Pacheco, donde quedó internada en terapia intensiva hasta que murió ayer de madrugada. La suya es la primera muerte causada por un aborto inseguro desde que el Senado argentino rechazó el miércoles 8 el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
El caso de Elizabeth fue dado a conocer por la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, una agrupación conformada por médicos y profesionales de la salud a favor del aborto legal, que responsabilizó a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, por no garantizar el acceso al misoprostol en la provincia. “La clandestinidad es esto, gobernadora [...] La clandestinidad enfrenta a las personas gestantes a riesgos reales para su salud”, escribió la red en un comunicado.
Por su parte, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito lamentó la muerte de otra mujer “en manos de la clandestinidad” y responsabilizó a los legisladores que votaron contra la legalización.
Ayer de tarde, el colectivo Ni Una Menos y otras organizaciones sociales convocaron a reunirse frente a la sede de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, para prender velas y acompañar a la familia de Elizabeth. En las redes sociales se replicaba el hashtag #ElSenadoEsResponsable.