El aumento de los recursos que destina el Estado uruguayo a la erradicación de la violencia de género es uno de los principales reclamos que realizan organizaciones feministas, especialmente en el marco de lo que consideran una ineficiente implementación de la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género, aprobada en 2017. Fue también una de las principales carencias que señalaron algunos de estos colectivos cuando el presidente Tabaré Vázquez declaró en diciembre la emergencia nacional, una medida que proponía el incremento del número de tobilleras electrónicas antes del final del mandato como única acción concreta de respuesta al problema.
A unas semanas del cambio de gobierno, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) –organismo rector de las políticas de género– presentó el balance presupuestal de su Sistema de Respuesta a la Violencia Basada en Género. Los datos muestran que, durante el último quinquenio, el presupuesto destinado a la prevención y la lucha contra esta problemática subió de 69,8 millones de pesos en 2015 a 201,5 millones en 2019, lo cual se traduce en un incremento de 188,5%.
Esta casi triplicación del presupuesto se debe, entre otras cosas, a que en los últimos cinco años el instituto creó nuevos mecanismos para ayudar a mujeres en situación de violencia. En 2016, durante el segundo año de la actual administración, se establecieron los alojamientos transitorios de urgencia para mujeres en riesgo y se comenzaron a implementar las soluciones habitacionales para mujeres en proceso de salida de la situación de violencia, que consiste en el otorgamiento de un subsidio y una garantía de alquiler por el plazo de dos años. Al año siguiente empezó a funcionar el portal de ingreso, que tiene como objetivo analizar las situaciones de mujeres mayores de 18 años –uruguayas o inmigrantes– con niveles de riesgo de violencia para brindarles una posible respuesta habitacional transitoria y derivarlas a los centros de 24 horas gestionados por Inmujeres.
En los últimos dos años, se destinaron recursos a dos dispositivos en particular. Por un lado, se incorporó al Sistema de Respuesta el servicio telefónico de orientación y asesoramiento a mujeres que sufren violencia de género (0800 41 41 o *4141), que es gratuito, confidencial, de alcance nacional y que funciona todos los días del año. Por el otro, se impulsó la Segunda Encuesta sobre Prevalencia de Violencia Basada en Género y Generaciones, que fue realizada entre mayo y agosto de 2019 y cuyos resultados se presentaron a fines de noviembre. Para este estudio, que se realizó en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística, se destinaron dos millones de pesos.
Además de estas iniciativas, que fueron incorporadas durante el último quinquenio, el Inmujeres mantuvo las que funcionaban antes de 2015: los centros de protección transitoria de 24 horas, los servicios de atención a situaciones de trata con fines de explotación sexual y las redes departamentales de respuesta a la violencia de género. Estas redes están compuestas por 33 servicios de atención especializada psicosocial legal a mujeres que sufren violencia por parte de parejas o ex parejas, 18 dispositivos de articulación territorial, un equipo territorial de Montevideo y 12 equipos de atención a varones agresores en 17 puntos del país.
En el informe sobre el balance presupuestal, el organismo que hoy dirige Mariella Mazzotti menciona otras iniciativas que no integran el Sistema de Respuesta, como la campaña “Noviazgos libres de violencia”, que desde 2016 propone jornadas de reflexión para adolescentes y jóvenes sobre los vínculos de pareja. El documento también recuerda que el Inmujeres “participa y preside espacios interinstitucionales para la erradicación de la violencia de género, desarrolla instancias de capacitación y formación a funcionariado público y operadores sociales, implementa campañas de prevención de la violencia basada en género y promoción de derechos; produce información confiable y oportuna sobre esta problemática”.
Las cifras presentadas corresponden a los recursos que destina Inmujeres a su Sistema de Respuesta, por lo que no incluye aquellos que gestiona el Sistema Interinstitucional de Respuesta, integrado por las instituciones públicas del Consejo Nacional Consultivo Por Una Vida Libre de Violencia de Género, como por ejemplo las tobilleras, que dependen del Ministerio del Interior. Tampoco contempla la producción de materiales educativos y de sensibilización gráficos y audiovisuales realizados con el apoyo de la cooperación internacional.