La maternidad como escalafón último, la maternidad como destino, la maternidad como fin. El tiempo corre, algunas estructuras se remueven, otras se mantienen ancladas. El tiempo corre, las legislaciones también. Algunas discusiones trascienden: rozan o golpean el debate público, deambulan o crispan las redes sociales y las calles. Otras transcurren por la línea oscura del olvido: sin más, sin eco.
La gestación subrogada o maternidad subrogada, mejor conocida como “vientre de alquiler” –un término que no se aplica en Uruguay–, es una de las controversias que, en nuestro país, no ha llegado al estamento de la interpelación generalizada. Sin embargo, tuvo su lugar en el Parlamento, con idas y vueltas, desde finales del siglo XX hasta 2013.
Envuelta en el texto de la Ley 19.167 de Reproducción Humana Asistida, la subrogación fue uno de los puntos que generó tensiones en las bancas durante el debate parlamentario. También fuera del Palacio Legislativo: autoridades de la iglesia católica como el ex arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, se pronunciaron en contra en aquel entonces, según recordó, en diálogo con la diaria, la actual senadora Mónica Xavier, una de las legisladoras que estuvieron presentes en la discusión. Específicamente, definieron a la gestación subrogada –junto con la interrupción voluntaria del embarazo y la eutanasia– como “la cultura de la muerte”.
Límites
La ley finalmente fue aprobada en 2013 bajo el hilo conductor de la infertilidad, determinada en la normativa como “la incapacidad de haber logrado un embarazo por vía natural después de 12 meses o más de relaciones sexuales”. Con el fin de regular las técnicas y tratamientos para la reproducción humana asistida tanto en instituciones públicas como privadas, la ley incluye la inseminación artificial, la fecundación in vitro y la inducción de ovulación, entre otros métodos reproductivos.
La gestación subrogada se presenta en este marco como una excepción. Uno de los componentes que hacen a la excepcionalidad es que sólo la hermana o cuñada de la mujer que quiere ser madre –calificadas como de “segundo grado de consanguinidad”– pueden subrogar el vientre. Xavier contó que este fue el punto de coincidencia en el Parlamento para evitar el componente lucrativo: según la ley, la familiar directa de la madre será gestante sin ningún tipo de remuneración, contrariamente a lo que suele estar reglamentado en otros países. A su vez, las personas involucradas deben firmar protocolos de consentimiento y, en la ley uruguaya, se explicita que la “filiación” de la persona que nazca será de la pareja que solicita la subrogación.
La directora de la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), Lilián Abracinskas, dijo que el vínculo que se exige en la ley “es un disparate desde todo punto de vista, porque se trata de evitar la comercialización, como si dentro de la familia los intereses económicos no fueran parte de los grandes caos que se tienen y, además, no se piensa en la identidad y los conflictos de ese ser que se trae al mundo”.
En la misma línea, Abracinskas señaló que la ley parece tratar a la mujer gestante de “mero recipiente”, cuando la realidad es que “en todos estos procesos no hay recipientes: hay cuerpos, hay afectos, hay sensibilidades, hay complejidad, hay problemas de salud, hay muchas cosas que entran en juego”.
Xavier, por su parte, respaldó la decisión tomada por los legisladores, arguyendo que entendieron como “necesario que la ley tuviera una ventana muy acotada para permitir la subrogación” y que en esta reglamentación encontraron lo que buscaban: que “en ningún caso pudiera mediar otra cosa que no fuera el espíritu altruista”.
Por otro lado, si bien la ley establece que las técnicas podrán ser aplicadas en los casos de “parejas biológicamente impedidas para hacerlo”, más adelante, en el capítulo de la gestación subrogada, se habla únicamente de “la mujer”, dejando por fuera a las parejas de varones gays. Las otras excepciones aclaran que la mujer que desea llevar a cabo el procedimiento debe hacerlo por causa de enfermedades genéticas o adquiridas. Partiendo de esa base, podrá acordar con la familiar la implantación de un embrión propio –formado por, al menos, un gameto de la pareja o, si la mujer no tiene pareja, por su óvulo–.
“El debate en torno a la gestación subrogada siempre transitó en la sociedad de manera muy marginal”, aseguró Abracinskas. “Increíblemente, las técnicas de reproducción asistida en Uruguay llevaron muchos años de debate, casi que se resolvieron legislativamente sin pena ni gloria pero sin mucho debate público y [la ley] ya quedó: se incorporó a política pública, ya forma parte del Fondo Nacional de Recursos [FNR] y nunca se puso precio al costo de las técnicas. Nunca se cuestionó tampoco el valor y uso comercial de esto. Es uno de los temas donde queda claro que lo transitamos de forma muy poco responsable y reflexionada como sociedad”, consideró.
Iniciar un proceso en Uruguay
El acceso al método y a los estudios necesarios está garantizado por la ley, dentro del sistema de salud, independientemente del estado civil de la mujer que será madre, siempre y cuando tenga menos de 40 años y sea mayor de 18.
Los tratamientos de reproducción asistida llamados de “alta complejidad” son los que involucran la manipulación de ovocitos, espermatozoides o embriones humanos. Como cualquier caso de alteración de la fertilidad, la mujer debe presentar la situación a la ginecóloga o ginecólogo de su prestador de salud. Allí se hace una evaluación para concluir si para lograr el embarazo se requieren técnicas de baja complejidad o de alta complejidad. En caso de que sea la primera –se une al óvulo y al espermatozoide dentro del aparato genital femenino, siempre mediante la inseminación artificial y la inducción de ovulación–, se lleva a cabo en la mutualista.
En caso de que se requiera la técnica de alta complejidad, y específicamente para una gestación subrogada, un equipo médico hace una valoración clínica, paraclínica y psicológica de las personas involucradas. Esa información se dirige a la Comisión Honoraria de Reproducción Asistida, que fue creada con la ley y se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Salud Pública (MSP). El rol principal de la comisión es garantizar que se cumplan los requisitos establecidos por la ley. Está presidida por un representante del MSP y la conforman delegados del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos; las facultades de Medicina y de Derecho; la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana; el Colegio Médico del Uruguay y los usuarios.
Rafael Aguirre, presidente de la comisión, acotó que, sumado al análisis de las disposiciones técnicas, se evalúa que desde el punto de vista médico se cumpla con determinadas condiciones: “Que la persona que va a ser gestante subrogada esté apta en lo reproductivo, físico y psicológico, que realmente el caso amerite una situación de gestación subrogada y que se haya hecho la valoración correcta de las mujeres que van a participar, tanto la del vientre subrogado como la que va a ser la madre y, también, de su pareja”.
Son tres las clínicas habilitadas por el MSP para llevar a cabo el tratamiento: el Centro de Esterilidad Montevideo (CEM), el Centro de Reproducción Humana del Interior (Cerhin) y la Clínica Suizo Americana. Si la comisión aprueba el caso, se traslada a una de las clínicas tratantes habilitadas –escogida por las personas involucradas–. El FNR financiará el tratamiento en su totalidad o parcialmente, teniendo en cuenta el mismo proceso de selección que para cualquier técnica de reproducción asistida de alta complejidad. Hasta el momento, ninguna de las tres clínicas ha concretado un caso de gestación subrogada.
Opción de unas pocas
Caso va, caso viene, Alicia Ferreira, directora del FNR, aseguró que desde 2015 ninguna situación de gestación subrogada llegó a la órbita del fondo. El presidente de la Comisión Honoraria de Reproducción Asistida recordó dos casos evaluados y autorizados: uno que, “por distintas razones”, no se concretó, y otro que fue aprobado hace muy poco tiempo pero del que aún no ha habido reportes de que el procedimiento se haya efectuado.
Según Aguirre, la mayor parte de los casos que llegan a la comisión piden una excepción de la excepción: que una amiga u otra familiar que no sea hermana o cuñada pueda llevar a cabo el embarazo. “Buscando que no hubiera un tema económico de por medio, los legisladores establecieron la relación de parentesco, que es bastante restrictiva, pero nosotros como comisión no estamos facultados por la ley a hacer excepciones”, aseguró.
El director del CEM, Gerardo Bossano, explicó a la diaria que otra de las complicaciones de la ley es que el niño o la niña que nazca sea filiado con el apellido de la mujer gestante. Por otro lado, aseguró que en el centro sólo han tratado un caso, en el que la mujer gestante era cuñada de la futura madre, pero que no llegó a concretarse porque perdió el embarazo a las 14 semanas.
En esta clínica, según Bossano, el costo total es de poco más de 200.000 pesos uruguayos –casi 5.300 dólares–. Pero en el exterior, principalmente en Estados Unidos, hay empresas que se ocupan expresamente del “vientre de alquiler”, sin relación familiar de por medio. Es así que desde el CEM ya se han derivado entre seis y ocho casos fuera del país. Eso es lo que sucede “generalmente”, dijo Bossano. Allá el precio se eleva a sumas de entre 200.000 y 240.000 dólares, y se le paga a la mujer gestante.
Para la directora de MYSU, “hay un límite muy difícil de controlar y es que para satisfacer el derecho reproductivo de algunas parejas pueda correrse el riesgo de usar el cuerpo particularmente de las [mujeres] más pobres y necesitadas. Esto no está garantizado ni con ley ni sin ley”.
Por otro lado, el Cerhin ha recibido dos casos de solicitud de gestación subrogada, pero ninguno se ha materializado: uno no fue aprobado por la comisión y el otro está en el proceso de recolección de la documentación y de los estudios necesarios para presentarse a la comisión. Consultada sobre los costos, la directora del centro, Rita Vernocchi, dijo que deben actualizarlo al momento de la subrogación, por lo que prefirió no detallar los números. Aun así, aseguró que no necesariamente es el mismo para las tres clínicas. Roberto Suárez, director de la Clínica Suizo Americana, el tercer centro habilitado, dijo a la diaria que tampoco ha recibido un caso que cumpla con todos los requisitos.
“Es claro que esta no es una ley que pueda habilitar un número muy importante de usuarias, pero a las personas hay que considerarlas en su diversidad”, alegó Xavier, y agregó: “En este tipo de leyes hay que tener mucha evidencia científica para poder legislar con principios, desde una óptica de derechos”.
La opinión de la senadora se mantiene en el tiempo: está de acuerdo con la reproducción humana asistida, incluida la gestación subrogada, y defiende que los “límites” que plantea fueron los que encontraron para “ser equilibrados, justos y éticos” en la ley. Para Xavier, era necesario encontrar una manera de legislar la práctica, porque si bien eran “pocos los casos”, había que responder a esas mujeres que la solicitaban.
Para Abracinskas, la falta de debate sobre la gestación subrogada se debe a que forma parte de la “contracultura”. “El modelo de familia tradicional de la sociedad cristiana y occidental está sustentada en el imaginario” de que las mujeres tienen que ser madres, reflexionó, por lo que “ir en contra de eso, sobre todo en estos tiempos que corren, se vuelve cada vez más difícil”. E insistió: “Van pasando los años y para la mujer la pregunta es: ‘¿Todavía no fuiste madre?’”.