El viernes 13 de marzo el gobierno anunció que, finalmente, el coronavirus había llegado a Uruguay. Las primeras medidas decretadas por las autoridades para evitar la propagación fueron el distanciamiento social y el confinamiento voluntario. Para que pudiera cumplirse de manera efectiva ese distanciamiento, se exhortó a evitar reuniones masivas, se suspendieron los espectáculos públicos, se redujo la frecuencia del transporte público y se instó a las personas mayores de 65 años a cumplir con la cuarentena preventiva. A eso se sumó la suspensión de las clases en todos los niveles de enseñanza y el cierre de centros de cuidado.
Por otro lado, se suspendieron actividades económicas –específicamente en locales comerciales, excepto en supermercados y farmacias– y se modificaron formas de trabajo para lo cual, en la medida de lo posible, quedarse en casa no fuera una barrera para seguir con las tareas laborales. Las medidas lograron aplanar la curva de contagios, pero derivaron en graves consecuencias económicas para varios sectores.
¿Cuáles son los efectos específicos de estas medidas en las mujeres? La economista Alma Espino y la socióloga Daniela de los Santos, investigadoras especializadas en género del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, responden a la pregunta en el informe Pandemia, políticas públicas y desigualdades de género en Uruguay, que es el resultado de una consultoría de ONU Mujeres. Las expertas analizan los potenciales impactos en las mujeres de las medidas implementadas en el país con el énfasis puesto en los cuidados, el trabajo doméstico, el empleo y los ingresos.
“Este conjunto de medidas impone una carga económica y de trabajo muy desigual entre hombres y mujeres, y entre individuos según los recursos y posibilidades de que dispongan para hacer frente a la nueva situación”, aseguran Espino y De los Santos. La primera dimensión que analizan, en ese sentido, es la vinculada a la sobrecarga en las tareas de cuidados, una realidad histórica para las mujeres, pero que quedó más en evidencia en el contexto de covid-19.
Para muchas mujeres, quedarse en casa en este escenario significa enfrentarse a una sobrecarga de tiempo dedicado al trabajo de cuidados, que se duplicó debido a la imposibilidad de llevar a las niñas y niños a centros educativos. Las expertas recuerdan que, antes de la pandemia, las mujeres en Uruguay ya dedicaban semanalmente casi el doble de horas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados en comparación con el que dedican los hombres a las mismas tareas, y son básicamente las responsables del cuidado de niñas y niños, según la Encuesta de Uso del Tiempo y del Trabajo No Remunerado, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2013.
Al mismo tiempo, la pandemia requiere mayor atención para los adultos mayores de 60 años, que constituyen población de riesgo, y su cuidado también recae en las mujeres. “Además del aumento de las necesidades de atención”, dice el informe, hay un “problema adicional”, porque los adultos mayores “dejan de cumplir el rol de cuidadores/as que en muchos casos desempeñan contribuyendo al cuidado de los niños pequeños y el grupo familiar”.
La crisis sanitaria y las medidas de prevención “ponen en evidencia la necesidad de comprender que la vida humana importa y que los cuidados, cómo y cuántos se reciben y se brindan, tienen sesgo de clase y de género”, concluyen Espino y De los Santos. Pese a ello, cuestionan, “las cargas de cuidados no han estado presentes en el discurso público, así como tampoco las tensiones que conlleva para las mujeres quedarse en casa y no recibir los apoyos de las instituciones educativas y de cuidados durante la cuarentena”.
Los límites del teletrabajo
Más difícil es la situación de las mujeres que tienen que compatibilizar las tareas de cuidados con el teletrabajo, otra de las recomendaciones del gobierno para evitar contagios de covid-19, siempre y cuando sea posible. La implementación de esta medida también deja en evidencia las desigualdades de género.
La exhortación a teletrabajar “conlleva una reorganización del trabajo no remunerado dentro de los hogares”, dice el informe, que puede convertirse “en un verdadero problema de conciliación para un número importante de trabajadoras y trabajadores”. Con los centros educativos cerrados, las personas adultas mayores en cuarentena y la imposibilidad de contar con personas externas al núcleo familiar que puedan encargarse del cuidado –como trabajadoras domésticas o niñeras–, tienen que surgir pactos para que la división de las tareas sea lo más justa e igualitaria. Corresponsable. De lo contrario, la emergencia sanitaria contribuirá a profundizar la brecha.
“De prolongarse este tipo de medidas, o profundizarse la estrategia de los trabajos remotos, cabe preguntarse si se podrán conciliar los tiempos de la vida y del mercado, si se facilitará la corresponsabilidad en el trabajo no remunerado entre varones y mujeres”, plantea el informe.
Espino y De los Santos hicieron un relevamiento de datos para detectar cuántas personas en Uruguay estarían en condiciones de teletrabajar y cuántas quedarían por fuera. Para eso, compatibilizaron los valores de algunas variables seleccionadas por la Red de Información Ocupacional desarrollada por el Departamento de Empleo de los Estados Unidos con la clasificación utilizada en la Encuesta Continua de Hogares (ECH) aplicada en Uruguay por el INE.
Como resultado, se encontraron con que al menos 59% de las y los trabajadores uruguayos se desempeñan en ocupaciones que son incompatibles con el teletrabajo. Esta incompatibilidad es mayor entre los varones: 67% no podría desempeñar sus tareas en forma remota, mientras 49% de las mujeres estaría en esa situación. Las especialistas atribuyen estas diferencias a la “segregación ocupacional que caracteriza el mercado laboral uruguayo”, en donde “la mayor presencia de hombres en tareas manuales y rutinarias, que requieren esfuerzo físico, los deja en situación de desventaja”. Por otra parte, el estudio reveló que las ocupaciones peor remuneradas son las más incompatibles con el teletrabajo, particularmente las que requieren tareas manuales.
Pero más allá de que existan ocupaciones más o menos compatibles con el trabajo a distancia, existen barreras concretas que pueden impedir la puesta en práctica de esta modalidad. Según cálculos hechos en base a datos de la ECH, 13% de las personas que realizan tareas compatibles con el teletrabajo no tienen acceso a internet en su hogar, y 17% no cuenta con una computadora personal. En tanto, 7% de las y los trabajadores que podrían trabajar en forma remota habita en una vivienda con al menos una necesidad básica insatisfecha, mientras 6% vive en condiciones de hacinamiento.
Los efectos en el empleo
Cinco días después de que se decretara la emergencia sanitaria en Uruguay, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, anunció la flexibilización del uso del seguro de paro, para amparar a miles de trabajadoras y trabajadores que se vieron afectados por el cierre de empresas o reducción de horas de trabajo. Desde entonces, las solicitudes de seguro de paro se dispararon.
Las especialistas aclaran que se trata de una herramienta que contribuye a resolver “de forma parcial” la situación de personas que se encontraban en relación de dependencia y registrados en la seguridad social, es decir, trabajadoras y trabajadores formales, que igualmente verán limitados sus ingresos.
El panorama es más complicado para quienes trabajan en la informalidad, ya que no sólo no pueden acceder al seguro de paro, sino que, además, integran uno de los sectores más afectados por las medidas de confinamiento. Espino y De los Santos mencionan como ejemplo el caso de las trabajadoras domésticas, una de las ocupaciones más feminizadas del país. “El servicio doméstico en casas particulares”, dice el texto, es un “segmento de empleo que puede ser muy afectado” debido a “las carencias que presenta en términos de la seguridad social”. Esas carencias impiden, entre otras cosas, que puedan acceder a prestaciones, como el seguro de desempleo.
Además, por razones sanitarias y como medida de precaución, a muchas trabajadoras domésticas se les ha pedido que no se presenten a trabajar, y otras fueron despedidas. Como resultado, muchas trabajadoras informales y las que no llegan a cubrir los jornales suficientes para percibir el seguro de paro o el de desempleo quedaron desamparadas.
Según las estimaciones de los organismos internacionales, la repercusión de la crisis en el corto plazo será significativamente mayor sobre el empleo de las mujeres más pobres, en comparación con los hombres de similar ingreso. “Esto tendrá consecuencias duras sobre los procesos de autonomía económica de las mujeres más vulnerables”, aseguran las expertas.
Las recomendaciones
La economista y la socióloga cierran el informe con algunas recomendaciones para la creación de políticas públicas que respalden la seguridad de los ingresos de las mujeres y aumenten la capacidad de recuperación luego de la crisis. En primer lugar, recomiendan fortalecer medidas que reduzcan y redistribuyan la sobrecarga de trabajo no remunerado de cuidados en los hogares. En ese sentido, instan a que se preserven y refuercen las partidas presupuestales asignadas al Sistema Nacional de Cuidados, “tanto por su posible rol en este momento como por su potencialidad en el mediano plazo y para la recuperación social y económica”.
También exhortan a que el sector privado juegue un rol “en términos de cooperación y solidaridad social”. Es decir, que sean capaces de “reconocer con humanismo las dificultades familiares y personales que atraviesan las trabajadoras y considerarlo en la asignación de turnos, la fijación de horarios de reuniones y la fijación de metas de cumplimiento o rendimiento laboral”.
Frente a la pérdida de puestos de trabajo debido a las diversas restricciones por desempleo o informalidad, también sugieren “asegurar ingresos para las mujeres, especialmente para aquellas jefas o responsables por la economía de los hogares”, y brindar estímulos económicos a las industrias con mayor prevalencia de mujeres “que pueden tener dificultades para recuperar terreno debido a la demanda deprimida una vez que se alivien las restricciones de movilidad”.
Otra de las sugerencias es considerar las características específicas de las trabajadoras informales de manera de “poder adoptar medidas directas de compensación para mantener los ingresos y los medios de subsistencia de las mujeres más afectadas”. En particular, debe considerarse la situación de los hogares con jefatura femenina, especialmente los hogares monoparentales más pobres. También piden que se considere la situación de las mujeres emprendedoras, que “deberían ser identificadas como un grupo prioritario para el acceso al crédito, al cual suelen no acceder por falta de garantías”.
En cualquier caso, las profesionales insisten en que el diseño de las medidas económicas y sociales de respuesta a la crisis sanitaria y económica debe hacerse desde un enfoque de género –que tenga en cuenta los impactos diferenciados en mujeres y hombres– e interseccional, que considere problemáticas asociadas a las condiciones socioeconómicas y a otras desigualdades estructurales.