La suspensión de servicios de salud sexual y reproductiva, la interrupción de programas para prevenir distintas formas de violencia de género y el cierre de los centros educativos son algunas de las consecuencias de la pandemia que podrían aumentar los casos de mutilación genital femenina durante la próxima década. Por eso, “la necesidad de poner fin a esa terrible práctica es aún más apremiante” que en la era precoronavirus, advirtió la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el Día Internacional de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina, que se conmemora cada 6 de febrero.
Se estima que cerca de 200 millones de niñas y mujeres en el mundo han sido sometidas a la mutilación genital, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es decir, una de cada 20. Antes de la pandemia, las tendencias anticipaban que más de 40 millones serían mutiladas hasta 2030. La ONU asegura que, debido a los efectos de la crisis sanitaria global, en ese plazo podrían llegar a producirse dos millones de casos más.
La mutilación genital femenina es la extracción parcial o total de los genitales y otras lesiones de estos órganos por motivos “no médicos”, de acuerdo con la definición de la OMS. Las razones suelen ser sociales, culturales o religiosas: según la comunidad en la que se practique, es un requisito para el matrimonio, una garantía de fidelidad, un mecanismo para fomentar la fertilidad, un rito de iniciación para las niñas hacia la edad adulta o una condición para poder formar parte de la colectividad.
Las consecuencias en la salud física pueden incluir desde dolores agudos, hemorragias graves e infecciones, en el corto plazo, a quistes, mayor riesgo de transmisión del VIH, complicaciones en el parto e infertilidad. También puede afectar la salud mental de mujeres y niñas, que pueden padecer ansiedad, depresión, pérdida de memoria, trastorno del sueño y trastorno por estrés postraumático.
Hoy en día, esta práctica se realiza de forma rutinaria en 31 países, reveló el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en el informe del estado de la población mundial 2020. La mayoría son países de África, Asia y Medio Oriente, aunque también es común en algunas comunidades indígenas de América Latina (como la emberá de Colombia) y en las poblaciones migrantes que viven en el oeste de Europa, América del Norte, Australia y Nueva Zelanda.
En una declaración conjunta, las directoras ejecutivas del UNFPA, Natalia Kanem, y de Unicef, Henrietta Fore, reconocieron que la situación se puede complicar “a medida que la covid-19 continúa obligando al cierre de escuelas e interrumpiendo los programas que ayudan a proteger a las niñas de esta práctica nociva”. Sin embargo, aseguraron que “lejos de disminuir la ambición, la pandemia ha fortalecido la determinación” de las instituciones “de proteger a más de cuatro millones de niñas y mujeres que enfrentan un alto riesgo de padecer mutilación genital cada año”.
Para lograrlo, las expertas llamaron a los países a “unirse” para pensar estrategias en colectivo. “Poner fin a la mutilación genital femenina exige la colaboración entre un amplio grupo de actores. Esto incluye a encargados de formular políticas a nivel mundial, regional, nacional y local, así como a la sociedad civil, desde las pequeñas organizaciones de base comunitaria y los grupos a favor de los derechos de la mujer hasta las organizaciones no gubernamentales internacionales. A los agentes del cambio, desde docentes y trabajadores sanitarios hasta líderes religiosos y personas de la tercera edad locales, lo mismo que a funcionarios judiciales y de las fuerzas del orden”, señalaron Kanem y Fore. Al mismo tiempo, apelaron a “los hombres y los niños”, que “también tienen un papel fundamental que desempeñar”. Y agregaron el pedido expreso de que se difundan las voces de “las sobrevivientes que están liderando cada vez más cambios transformadores en sus comunidades”.
Por otra parte, insistieron en la necesidad de destinar los recursos necesarios para erradicar el problema. En ese sentido, aseguraron que eliminar la mutilación genital femenina para 2030 requiere cerca de 2.400 millones de dólares, lo que representa menos de 100 dólares por niña. “Este es un precio muy pequeño a pagar para preservar la integridad corporal de una niña, su salud y su derecho a decir ‘no’ a esa violación de sus derechos. Sin embargo, la mayor parte de este dinero no se ha recaudado todavía”, cuestionaron las titulares de UNFPA y Unicef.
Por último, llamaron a “actuar rápidamente, de manera decidida y en muchos frentes al mismo tiempo”. Esto incluye, entre otras cosas, “garantizar que las niñas tengan acceso a educación, a atención de la salud –incluidos servicios de salud sexual y reproductiva– y a medios de subsistencia, y también que estén protegidas por leyes, políticas y nuevas normas sociales”.
Con motivo del día internacional, el secretario general de la ONU, António Guterres, también condenó lo que definió como “una terrible violación de los derechos humanos que afecta la salud y el bienestar de millones de mujeres y niñas en todo el mundo” y replicó el llamado a la “unidad” de los países para ponerle punto final a este flagelo, que constituye una forma de violencia de género. “Hacerlo”, dijo, “tendrá un efecto positivo en cadena en la salud, la educación y el avance económico de las niñas y las mujeres”.