Leticia tenía 26 años cuando fue asesinada, el viernes, por el hombre que era su pareja, en una localidad rural de Bella Unión, en el departamento de Artigas. El femicidio –el segundo en Uruguay desde que empezó el año– dejó sin mamá a cuatro niñas y niños de diez, ocho, seis y cuatro años. Unas horas después de conocer la noticia, la Colectiva Feminista Bella Unión inició una campaña con el objetivo de recolectar pañales, leche y alimentos para ayudar a la familia. Una vez más, las redes feministas se activaron para contener los coletazos de la violencia machista.
El impacto que genera un femicidio continúa mucho más allá del momento en el que la mujer es asesinada. Es un hecho que afecta a la comunidad, que pone en alerta al resto de la sociedad y, sobre todo, que desencadena distintos procesos en el núcleo de personas más cercanas a la víctima. Cuando la mujer, además, tenía hijas o hijos a cargo, la situación se vuelve más compleja. Fue lo que pasó en la mayoría de los casos del año pasado: los datos más actuales del Ministerio del Interior (MI) muestran que, durante los primeros diez meses de 2021, 71% de las víctimas de femicidio tenía hijas o hijos a cargo. ¿Qué pasa con esas niñas, niños y adolescentes que se quedan sin mamá? Y, en ese escenario, ¿cuál es el rol del Estado?
Como señalan distintos estudios nacionales e internacionales, las niñas, niños y adolescentes que viven en hogares donde se ejerce violencia de género contra una mujer también son víctimas. Son víctimas no sólo cuando reciben directamente las agresiones, sino cuando son testigos, cuando la violencia se convierte en una realidad cotidiana y –especialmente– cuando esta termina con la vida de su mamá u otra mujer de la familia. En el último caso, las consecuencias pueden afectar su bienestar y desarrollo. De qué manera se amortigua ese impacto va a depender de las redes de contención que se puedan tejer a su alrededor, pero también, en gran medida, de cómo actúen las instituciones públicas encargadas de su atención, protección y reparación del daño.
51 niñas, niños y adolescentes perdieron a sus madres en el marco de un femicidio en Uruguay en el período 2018-2019.
Después de constatar que la situación de las niñas, niños y adolescentes huérfanos por femicidio es una realidad invisibilizada en Uruguay, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y Unicef Uruguay decidieron realizar una investigación exploratoria para identificar qué respuestas públicas se les brinda hoy y qué se puede hacer para fortalecer el abordaje. Los resultados aparecen en el informe Respuestas públicas dirigidas a hijas e hijos de mujeres víctimas de femicidio. Avances y desafíos, presentado a fines de noviembre.
El estudio, que pone el foco en los años 2018 y 2019, revela que durante ese período 51 niñas, niños y adolescentes perdieron a sus madres en el marco de un femicidio en Uruguay. El informe detalla que 11 de las 30 mujeres asesinadas en 2018 (36%) tenían hijas o hijos y, en 2019, era el caso de 13 de las 25 víctimas (52%).
El perfil sociodemográfico de las niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos por femicidio en ese período muestra que 55% son varones y 45% son mujeres. El promedio de edad es de 11 años y la mayoría (61%) reside actualmente en el interior del país. Ninguno de ellos fue institucionalizado a raíz de este hecho.
El documento señala que la información fue sistematizada mediante los registros disponibles en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública del MI, el Banco de Previsión Social (BPS), la Fiscalía General de la Nación y el Sistema de Información Integrada del Área Social (SIIAS). Además, la investigación contó con una línea de trabajo cualitativa. En ese sentido, el documento aclara que para “garantizar el derecho a la privacidad y evitar cualquier tipo de revictimización”, el “máximo acercamiento que se alcanzó a las situaciones vividas por las niñas, niños y adolescentes y a las respuestas que recibieron del Estado fue mediante entrevistas en profundidad a equipos técnicos que actuaron en esos femicidios”. A la vez, se hicieron 12 entrevistas individuales y grupales con referentes de las instituciones que forman parte del proceso de atención, protección y reparación integral del daño a la infancia y la adolescencia. El objetivo era recabar sus percepciones acerca de las respuestas públicas a estas situaciones.
El trabajo de Inmujeres y Unicef Uruguay identificó cuatro tipos de respuestas que ofrece el Estado a las hijas e hijos de mujeres víctimas de femicidios: económica, judicial, psicológica y socioeducativa.
Respuesta económica
Una de las principales conclusiones del estudio es que, hoy en día, la prestación del BPS que establece la Ley 18.850 de Pensión Mensual y Asignación Familiar Especial para Hijos de Víctimas Fallecidas por Violencia Doméstica es la única respuesta pública diseñada específicamente para esta población. “Después, existen respuestas que de alguna manera abarcan estas situaciones, pero que no están pensadas con la especificidad que tendrían que estar pensadas para esas niñas, niños y adolescentes”, explicó a la diaria la socióloga Nadia Eiris, representante del Sistema de Información en Género del Inmujeres y una de las integrantes del equipo de investigación, que completa su colega Ana Sosa Ontaneda, consultora de Unicef Uruguay.
La pensión está dirigida a las hijas y los hijos solteros menores de 21 años “sin medios de vida propios” o “mayores de esa edad en situación de discapacidad que les impida todo trabajo”. De acuerdo con los datos del BPS, 29 de las 51 niñas, niños y adolescentes accedieron a esta prestación en el período 2018-2019.
La pensión no es contributiva ni acumulable con otras prestaciones brindadas por el BPS, por lo que quienes acceden no pueden optar por otras. Esto significa, por ejemplo, que tienen que elegir entre la prestación que establece la Ley 18.850 y la pensión por fallecimiento que les corresponde por la muerte de su madre o padre. De hecho, el informe señala que seis niñas, niños y adolescentes huérfanos por femicidio reciben pensión por fallecimiento, lo cual significa que al menos 35 cobran alguna de estas dos prestaciones. “Deberíamos saber qué sucede con los 16 niños, niñas y adolescentes restantes”, plantea el estudio.
En paralelo, el BPS brinda atención psicológica a las niñas, niños y adolescentes contemplados por la Ley 18.850. En el interior del país, el servicio se ofrece mediante un convenio con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Sin embargo, de acuerdo con el estudio, algunas localidades todavía no disponen de recursos profesionales necesarios. Actualmente, 19 de las 29 niñas, niños y adolescentes que accedieron a la pensión en 2018 y 2019 reciben atención psicológica.
Respuesta judicial
El protocolo para casos de violencia basada en género elaborado por el MI en el marco de la implementación del nuevo Código del Proceso Penal establece que es la Fiscalía, por medio de la Unidad de Víctimas y Testigos, la que se encarga de que las “víctimas sobrevivientes, familiares y testigos” tengan protección a lo largo del proceso penal. El accionar de la Unidad de Víctimas y Testigos, en coordinación con el MI y el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), es identificado entonces como la primera respuesta en el proceso de protección, atención y reparación del daño de las niñas, niños y adolescentes huérfanos por femicidio.
El abordaje de la situación en las primeras horas después de que ocurre el femicidio, junto con la sanción penal al agresor, “es el eslabón fundamental para el proceso de reparación del daño a las víctimas”, asegura el informe. Las instituciones entrevistadas coincidieron en la importancia que tuvo la creación de la Unidad de Víctimas y Testigos ya que, antes, “el rol de los equipos fiscales y del resto de los organismos no estaba claro a la hora de atender la situación de niños, niñas y adolescentes en el marco de un femicidio”, y muchas veces se generaba una “parálisis” a la hora de prestar asistencia. Ante esa situación, la unidad generó un acuerdo con INAU “que ha permitido mejorar la primera respuesta y activar en forma temprana los recursos locales”.
29 de las 51 niñas, niños y adolescentes accedieron a la pensión del BPS que establece la Ley 18.850 y que es la única política pública diseñada específicamente para hijas e hijos de víctimas de femicidio.
Respuesta psicológica
El informe recuerda que, en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), todos los prestadores de salud –públicos y privados‒ deben contar con Equipos de Referencia en Violencia Doméstica y Violencia Sexual.
A su vez, el Protocolo para el abordaje de situaciones de maltrato a niños, niñas y adolescentes en el marco del SNIS con el que cuenta el Ministerio de Salud Pública (MSP) desde 2019 contempla la respuesta a los huérfanos por femicidio. Sin embargo, el estudio de Inmujeres y Unicef señala que “de la revisión documental de este protocolo se desprende que esta circunstancia no se describe explícitamente en el abordaje de las situaciones de maltrato infantil y adolescente”.
Por otro lado, el sistema de salud cuenta con prestaciones para la atención de la salud mental a fin de que las niñas, niños y adolescentes en situación de maltrato tengan derecho a un espacio para el abordaje terapéutico de la situación de violencia vivida. Para eso, dentro del SNIS se definieron prestaciones de salud mental en los modos 1, 2 y 3, con intervenciones individuales, familiares o grupales. Según releva el informe, las situaciones de violencia hacia esta población suelen enmarcarse en la modalidad 3, que “asegura la atención individual y/o grupal en hasta 48 sesiones anuales para cada usuario, con un copago menor que el del modo 2”.
De acuerdo con la información relevada, 29 niñas, niños y adolescentes huérfanos por femicidio entre 2018 y 2019 (67%) reciben asistencia médica por medio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, 12 (28%) tienen cobertura de salud en prestadores privados, y dos (5%) son atendidos en Sanidad Policial.
Respuesta socioeducativa
El INAU brinda apoyo psicosocial mediante convenios con organizaciones de la sociedad civil o cooperativas, por una duración de 24 meses, con opción de extenderse a seis más si la situación lo requiere. Este dispositivo está presente en los departamentos de Artigas, Canelones, Cerro Largo, Durazno, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Rocha, Salto, San José y Tacuarembó.
Por su parte, el Sipiav –presidido por el INAU e integrado por la Fiscalía, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el Mides, el MSP y el MI– gestiona la respuesta a esta población en cada departamento del país a través de los Comités de Recepción Local. Se trata de equipos de atención integrados por cada una de las instituciones que conforman el Sipiav y están a cargo de “recepcionar, orientar y coordinar la atención de situaciones de violencia a niños, niñas y adolescentes de forma intersectorial en el marco de la protección integral desde la perspectiva de derechos y de género”.
Por medio del Mides, 13 de las niñas, niños y adolescentes comprendidos en el estudio reciben asignaciones familiares por el Plan de Equidad, mientras los hogares de 14 de ellos cuentan con la Tarjeta Uruguay Social. En tanto, el programa Cercanías de esa cartera brinda atención a cuatro niños, niñas y adolescentes.
Los centros educativos también juegan un rol muy importante en la atención, protección y reparación a los niños, niñas y adolescentes que quedan huérfanos por femicidio, por lo que garantizar su permanencia en el sistema es otro punto fundamental. De acuerdo con la información relevada por el SIIAS, la mayoría de las niñas, niños y adolescentes que perdieron a sus madres en el período 2018-2019 hoy están inscritos en el sistema educativo. No obstante, seis de ellos (14%) no se encontraban anotados en 2021.
En la órbita del Consejo de Educación Inicial y Primaria, los equipos técnicos del programa Escuelas Disfrutables son los encargados de intervenir en los jardines y escuelas frente a un caso de femicidio. En educación media no hay un programa similar, aunque el informe recuerda que, en el marco del Sistema de Protección de Trayectorias Educativas, existen espacios para brindar respuestas a las y los estudiantes víctimas de violencia basada en género.
La evaluación de las instituciones referentes
En otro de los apartados, el estudio profundiza en las percepciones que tienen las instituciones referentes en el tema sobre el abordaje de estas situaciones. En general, coinciden en que la visualización de las niñas, niños y adolescentes como víctimas directas “aún no es un concepto extendido en todas las instituciones del Estado”. Además, si bien la mayoría asegura que se logró mejorar la respuesta interinstitucional para el primer abordaje en crisis, algunas de las personas entrevistadas aseguraron que todavía persisten dificultades a la hora de la coordinación, “derivadas principalmente del desconocimiento de los alcances de cada institución ante un femicidio y también de la limitada formación con que cuentan algunos operadores para abordar ese momento crítico”.
Por otra parte, los Comités de Recepción Local y las Comisiones Departamentales por una Vida Libre de Violencia de Género hacia las Mujeres aparecen como los espacios de referencia para la coordinación interinstitucional en el territorio y, de acuerdo con lo expresado por casi todas las instituciones entrevistadas, “cuando en esos ámbitos se logran las sinergias esperadas, el proceso de abordaje en crisis y el posterior acompañamiento a las víctimas tienen mejores resultados”. De todas formas, el estudio aclara que “esto tiene su contracara en aquellos departamentos donde aún persisten resistencias institucionales a integrar estos espacios y no se logra la articulación esperada”.
Las instituciones entrevistadas también coinciden en que se necesitan más esfuerzos en el diseño e implementación de estrategias que permitan realizar un acompañamiento de esta población más allá del primer abordaje en crisis. En ese sentido, insisten en que no todo el acompañamiento se resuelve en la salud o en la atención psicológica. En ocasiones, se trata de lograr cubrir aspectos como la alimentación, la educación, la salud, los servicios básicos como la electricidad y el agua potable, y otros aspectos legales por fuera del proceso penal, que en estos contextos pueden transformarse en una gran dificultad. “Algunos equipos interdisciplinarios nos decían que puede haber un caso en el que la mujer es asesinada y tenía una factura de la UTE o de OSE vencida y, si no se paga, le cortan el servicio, entonces también hay que ver eso”, ilustró Eiris. Para la socióloga, “brindarles una respuesta a las niñas, niños y adolescentes es también sacarles ese problema de arriba y que sepan que, si pasa tal situación, hay un trabajo interinstitucional con esas empresas y podemos ver la manera de solucionarlo”.
Recomendaciones
El estudio también plantea una serie de recomendaciones que expresaron las instituciones entrevistadas con el objetivo de que “sean insumos para que los ámbitos interinstitucionales competentes diseñen e implementen estrategias que permitan mejorar la atención, protección y reparación integral a los niños, niñas y adolescentes huérfanos por femicidio”.
En primer lugar, proponen el fortalecimiento de las capacidades de los organismos del Estado con competencias en la temática, para “avanzar efectivamente en la visualización de las niñas, niños y adolescentes huérfanos por femicidio como víctimas directas de la violencia basada en género”. En esa línea, Eiris aseguró que “hay muchas cosas sobre la mesa que sirven como insumos de trabajo para empezar a reformular y a seguir formulando estas políticas con una mirada integral que entienda que la violencia basada en género no es una cuestión que afecta sólo a la mujer, sino que afecta de igual manera a las niñas, niños y adolescentes que están en ese marco”.
Las instituciones sugieren además reforzar la capacitación de operadores sociales que atienden a esta población y profundizar el registro sistemático de las hijas e hijos de las víctimas de femicidio mediante las herramientas dispuestas por el MI. También piden “institucionalizar la cuantificación anual de niños, niñas y adolescentes huérfanos por femicidio”, e incluir esta cifra en los sistemas de información de violencia basada en género y de maltrato infantil.
Al mismo tiempo, piden al Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género hacia las Mujeres y el Sipiav que promuevan instancias internas y externas de reflexión e intercambio político y técnico, para “profundizar la articulación entre las respuestas dirigidas a la violencia hacia la infancia y la adolescencia y hacia las mujeres” y “promover una efectiva integración de los organismos competentes en torno a enfoques y estrategias comunes para abordar específicamente la problemática de los niños, niñas y adolescentes huérfanos por femicidio”.
Por otro lado, sugieren que, al momento de crear y actualizar protocolos y hojas de ruta institucionales para el abordaje de la violencia basada en género y del maltrato infantil, se mencione explícitamente la situación de las hijas e hijos huérfanos por femicidio como víctimas de estas situaciones.
Otra de las recomendaciones es que se considere la posibilidad de que las niñas, niños y adolescentes contemplados en la Ley 18.850 puedan acceder a otras prestaciones del BPS. También sugieren que se analice de forma anual la cobertura de la prestación económica y psicológica en función de la cantidad de niñas, niños y adolescentes huérfanos identificados, y que se profundice la articulación entre el BPS y el INAU para garantizar la atención psicosocial en el interior del país.
En materia de salud, las instituciones referentes proponen mejorar las prestaciones que reciben estas niñas, niños y adolescentes dentro del SNIS, como, por ejemplo, disminuir los costos de las órdenes para salud mental o extender el tiempo de duración de las consultas pediátricas. Además, sugieren la promoción de respuestas públicas articuladas con UTE, OSE y Antel, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios básicos para esta población.
Eiris aseguró que el informe ya fue enviado a las instituciones involucradas, que “han demostrado interés en tomar las recomendaciones para poder empezar a trabajar y profundizarlas”.