Las trabajadoras de la Asociación Civil Anawin, nucleadas en el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga), reclaman por el incumplimiento en el pago de salarios de mayo y junio, y el aguinaldo. El 29 de junio se declararon en conflicto con la asociación, que gestiona el Centro Regional del departamento para mujeres víctimas de violencia de género, y con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que aporta los recursos para el funcionamiento.
En ese contexto, implementaron paros parciales y una asamblea permanente semanal, al tiempo que prevén reunirse con autoridades de Anawin para “hacer una puesta a punto y aunar esfuerzos”, informó a la diaria Eloísa Fleitas, vocera de las trabajadoras. A esto suman otros “incumplimientos laborales” que se “arrastran desde hace tiempo”, como el no pago de la multa por atraso, generada por los reiterados incumplimientos en el pago de los salarios, y la falta de remuneración de la media hora de descanso, detalla un comunicado difundido por Sutiga el lunes 6.
“La partida económica bimensual que aporta el Mides, necesaria para el funcionamiento del centro, está atrasada desde hace dos meses”, explicó Fleitas, quien trabaja desde hace cuatro años en el centro de estadía para mujeres mayores de edad en situación de violencia basada en género de “riesgo medio y alto”.
Con esos fondos, se cubre la compra de alimentos frescos, productos de higiene, gas, salarios, aportes al Banco de Previsión Social y al Banco de Seguros del Estado y otros insumos básicos. Sin embargo, los recursos “escasean” y se ha generado una situación de “creciente precarización”. Por lo pronto, el servicio de emergencia de Cardiomóvil contratado por Anawin “está en funcionamiento, porque pudo cubrirlo con recursos propios”.
Fleitas informó que, “tras declararse en conflicto, el Mides envió al centro tickets de alimentación para comprar alimentos, una garrafa de gas y productos de higiene”, e incluso el Instituto Nacional de Alimentación proporcionó otros alimentos. Sin embargo, consideró que es “una solución paliativa” y reclamó al ministerio el pago total de la partida bimensual, ya que “se reciben partidas parciales, porque el convenio no fue firmado el 8 de diciembre [pasado]”. “Si no llega la partida real, en unos pocos días se va a estar en la misma situación”, afirmó.
“Vulneración absoluta de derechos”
Según Fleitas, “no es la primera vez que hay atrasos salariales; ocurre siempre al renovarse el convenio entre Anawin y el Mides”, algo que ocurre a principios de diciembre, aunque dijo que también se registran en otros momentos del año y que esa situación “se arrastra de períodos de gobierno anteriores”.
Afirmó que “es muy complejo trabajar así”, ya que se trata de “la atención de uno de los sectores más vulnerables de la población de Uruguay: mujeres con hijos o sin hijos, con trayectorias marcadas por situaciones de vulneración”.
“Si bien el empleador es Anawin, si el Mides tiene atrasos en las partidas, es una cadena que afecta directamente el pago de salarios”, explicó. En este sentido, remarcó que la asociación civil “solo cuenta con este proyecto, por lo que no tiene otros convenios con organismos del Estado que permitan solventarla”.
Fleitas calificó la situación como una “vulneración absoluta de derechos”, y señaló que la inestabilidad genera “perjuicio para las trabajadoras a nivel familiar y afecta el funcionamiento cotidiano del centro”, que, de alguna manera, “ve resentido su atención”, aunque “igual se atiende a la población en las cosas más urgentes”.
Nuevos ingresos al centro quedaron suspendidos
Ante la deuda salarial y de las partidas bimensuales, momentáneamente “se decidió no recibir nuevos ingresos” al Centro Regional de 24 horas, que fue inaugurado en 2021, con capacidad para 25 personas. Actualmente, “viven de forma transitoria 11 mujeres y 10 hijos e hijas”, que son derivadas por el Portal del Instituto Nacional de las Mujeres del Mides, informó Fleitas.
Hay usuarias oriundas de diversos departamentos del país y del exterior, pero “la idea es que no sean del territorio para evitar contacto con los agresores”. Según el convenio, “pueden permanecer hasta nueve meses, pero eso depende de cada situación”, aclaró.
El equipo técnico está conformado por dos psicólogas –una para infancias y adolescencias y otra para mujeres adultas–, dos trabajadoras sociales, una abogada, una maestra, dos coordinadoras, una auxiliar de servicio, una educadora alimentaria y cinco educadoras.
Fleitas explicó que “se brinda un servicio de atención psicológica, jurídica y social”, así como “se trabaja en identificar la situación de violencia y desnaturalizarla, y también en su autonomía e inserción social”. Además, se realizan talleres sobre derechos laborales y resolución de conflictos, jornadas recreativas y actividades especiales, por ejemplo, cada 8 de marzo o en el Día de la Niñez.