Si algo puso en evidencia el último Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es que, lejos de ser un tema saldado, la violencia de género sigue siendo una problemática con impactos que, por el momento, son difíciles de reducir. Las estadísticas que presentó este martes el Ministerio del Interior (MI) lo ratifican: en los primeros diez meses de 2022, la cartera registró 24 femicidios –dos más que en el mismo período del año pasado– y un aumento de las denuncias de violencia de género, en comparación con los mismos períodos de 2021, 2020 y 2019.
El informe del MI reveló otros datos que vienen a cuento, como el hecho de que 69% de las mujeres que denunciaron en lo que va del año y 63% de las que fueron asesinadas no había realizado ninguna denuncia previa. Lo que la información oficial no releva, en general, es por qué las mujeres no denuncian.
Esta fue una de las preguntas que planteó la Encuesta Regional de Opinión Pública sobre Violencia de Género, presentada este mes, que busca profundizar en cuáles son las barreras que enfrentan las mujeres que viven violencia de género a la hora de buscar ayuda. El estudio se realizó entre agosto y setiembre de este año a 2.735 personas de Argentina, Colombia, Ecuador y México, y se complementó con 24 entrevistas en profundidad. Fue impulsado por Avon, la Fundación Avon, la consultora Quiddity y contó con el trabajo de organizaciones de cada país involucrado.
En concreto, lo que pretende es detectar los “obstáculos, motivadores e inhibidores que se presentan al momento de iniciar, transitar o permanecer en la ruta crítica”, que el documento define como “los caminos que toman las mujeres para salir de su situación de violencia”. La investigación reveló que el principal motivo de las mujeres para hacer la denuncia es el miedo a las consecuencias, según respondió 40% de las encuestadas, mientras 25% dijo que tenía temor a recibir amenazas. Eso muestra, en definitiva, que el miedo “a exponerse y a sufrir represalias” sigue siendo la barrera más importante, dice el informe.
Otros motivos son “no saber con quién dejar a los hijos y/o personas a cargo” (16%), “sentir que el vínculo con los hijos y/o personas a cargo se iba a ver negativamente afectado si pedía ayuda” (14%), y “sentir que los hijos y/o personas a cargo iban a estar en peligro si pedía ayuda” (11%). Siete de cada diez mujeres (73%) consideraron que tener personas a cargo es un “desafío adicional” a la hora de pedir ayuda.
Por otra parte, el informe asegura que “algunas manifiestan haber recibido maltratos por parte de entidades policiales y/o judiciales, que se manifiestan de diversas maneras: no les creen, las someten a largas esperas o les piden que vuelvan en otro momento, las derivan a diferentes lugares tornándose un proceso muy burocrático y que las obliga a volver a contar sus vivencias”.
En esa línea, 34% de las encuestadas respondieron que sintieron “vergüenza” de denunciar, 30% consideraron que “no iban a darles una respuesta o ayudarlas”, y 28% sintieron que no les iban a creer. “Al otro día, fui a la Fiscalía y conté todo eso y me dicen: ‘¿En dónde están las evidencias? Porque no le vemos golpes, no tiene nada. ¿Dónde están las evidencias?’”, contó una de las entrevistadas de Colombia. Además, 26% sintieron que, si denunciaban, no iban a poder “subsistir económicamente”.
Otro problema que identificó la encuesta es que “sólo la mitad de las mujeres que indicaron transitar situaciones de violencia de género la reconocieron como tal”. Para la mayoría, el momento de identificación de la violencia sucede “al momento de una agresión física y/o sexual”.