El diputado Sebastián Sanguinetti, perteneciente al sector Ciudadanos del Partido Colorado, presentó el lunes ante la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca otorgar a las trabajadoras del ámbito público y privado el derecho a disponer de “tres horas libres mensuales” para concurrir a consultas y controles médicos durante el embarazo. Las horas concedidas serán computadas como trabajadas y no podrán ser descontadas del sueldo o remuneración de la mujer, establece el texto de la iniciativa.
En diálogo con la diaria , Sanguinetti sostuvo que la propuesta surgió a partir de un planteo que recibió de un grupo de trabajadoras de una empresa privada de Montevideo. Las mujeres expresaron que sus empleadores negaban a compañeras embarazadas la posibilidad de salir del trabajo para ir al médico. A partir de allí, el diputado realizó algunas consultas con expertas y expertos en el área y constató que esto ocurre en muchos lugares de trabajo. En esa línea, consideró que si bien la ley de salud sexual y reproductiva “establece que hay que dar garantías y pleno acceso a las mujeres embarazadas a una atención de calidad”, hoy “no se está cumpliendo al 100%”.
“Cuando la trabajadora pide autorización para ausentarse del trabajo, [la decisión] queda a voluntad del empleador y hemos detectado que, muchas veces, se encuentran con obstáculos”, manifestó Sanguinetti. Por ejemplo, en casos en los que se otorgan las horas para consultas médicas, las mujeres deben reponerlas luego con trabajo extra o se las descuentan del sueldo, dijo. Añadió que hay situaciones en las que los empleadores “les niegan a las mujeres la posibilidad de salir de su trabajo y las obligan a tener las consultas por fuera del horario laboral” y, en consecuencia, pierden la consulta con su ginecóloga o ginecólogo de confianza.
A su vez, el proyecto de ley propone que el derecho de ausentarse tres horas al mes durante el período de embarazo se extienda a las parejas de las mujeres embarazadas. Sanguinetti explicó que detrás de esta idea está la “importancia de que las embarazadas estén acompañadas” y consideró que es una forma de “promover la corresponsabilidad en la crianza”.
El requisito para hacer uso de este derecho es comunicar al empleador con un mínimo de dos días de antelación la hora de la consulta. Además, luego, la embarazada –y, si corresponde, también su pareja– deberá presentar en su lugar de trabajo una constancia expedida por el centro de salud con fecha, hora y motivo de la consulta.
Para definir la cantidad de horas concedidas a las embarazadas y sus parejas, Sanguinetti señaló que buscó un “equilibrio” entre leyes de otros países que reconocen este derecho y convenios en organismos públicos que ya existen en Uruguay. De todas formas, reconoció que “no son todas las horas que se merecen las mujeres, porque la periodicidad de los estudios aumenta a partir de la semana 32”, pero no quiso alimentar “posibles resistencias”. El diputado espera que en la discusión parlamentaria se pueda adecuar el número de horas a las necesidades de las mujeres.
Sanguinetti remarcó que garantizar este derecho beneficia tanto a las trabajadoras como a las empresas, porque “si el embarazo está bien controlado, disminuyen los riesgos que pueden implicar que la trabajadora se tenga que certificar, y si el niño, por falta de controles, nace con una patología, ocurriría lo mismo y sería un gasto más para el Estado”. “La prevención es la forma en la que todos podemos ganar”, aseguró.