“La gente ya vive en un mundo 'pos-Roe'”, dice Aurelie Colón Larrauri. “Que el aborto sea legal no significa que sea accesible”.
Colón hace activismo político en Florida para el Latina Institute, una organización que trabaja en facilitar el acceso de las comunidades hispanas a la salud reproductiva.
La Corte Suprema de Estados Unidos parece dispuesta a anular el fallo conocido como Roe contra Wade, una decisión histórica que reconoció en 1973 el derecho al aborto hasta la semana 24 de embarazo. Sin embargo, activistas por la salud reproductiva en Florida, Texas y Puerto Rico afirman que las comunidades hispanas y negras marginadas ya enfrentan obstáculos para acceder a servicios de aborto, y son las que más sufrirán si se revoca ese fallo.
Mayte Canino, del grupo de derechos sexuales y reproductivos Planned Parenthood del Sur, Este y Norte de la Florida, dijo que la gente enfrenta todo tipo de barreras “mientras Roe sigue siendo la ley suprema. Es horrible pensar en lo que pasará si se anula”.
Según un borrador filtrado este mes, la mayoría conservadora de la Corte Suprema se encamina a revocar el fallo Roe contra Wade. La decisión final se anunciará tentativamente en junio. Es probable que la sentencia ponga fin a la protección constitucional federal del derecho al aborto, abriendo el camino a leyes que prohíben o restringen el aborto en 23 estados, incluidos 13 que cuentan con las llamadas “leyes gatillo”, porque entrarán en vigor casi de inmediato.
Sólo 16 estados (entre ellos California, Colorado y Oregón) y el Distrito de Columbia tienen legislación que garantiza el derecho al aborto más allá del fallo Roe, según un informe del Instituto Guttmacher.
Florida
Florida no tiene una ley gatillo pero, en abril, el gobernador republicano Ron DeSantis promulgó una ley que prohíbe casi todos los abortos después de las 15 semanas. Se puede interrumpir un embarazo si la vida de la persona embarazada está en peligro, pero no hay excepciones para casos de incesto, violación o tráfico de personas. La ley entrará en vigor el 1º de julio. Además, un juez de Florida dictaminó que las pacientes deben esperar 24 horas después de la primera consulta médica antes de abortar.
Tanto la prohibición del aborto de 15 semanas como la espera de 24 horas suponen enormes dificultades para las pacientes de comunidades con bajos ingresos, especialmente las hispanas y afroamericanas, según Colón.
Casi una cuarta parte de la población de Florida es de origen latinoamericano, y casi un tercio (29%) de ella es pobre. Por otro lado, más de 16% de la población del estado es negra, y 27% de ella vive en la pobreza.
“A veces la gente tiene que viajar durante dos días, y ahora tendrá que esperar otras 24 horas. Eso significa la pérdida del empleo [...] ¿Y quién cuidará de los otros niños? También hay barreras lingüísticas. Si lo juntamos todo, se hace más difícil el acceso al aborto”, explicó Canino a openDemocracy.
Otra barrera son las leyes antiinmigración, según Colón. Las inmigrantes indocumentadas con embarazos no deseados faltan a las consultas médicas por miedo a ser deportadas, un problema similar afecta a quienes necesitan autorización paterna, si sus padres y madres son indocumentadas. “Vemos que esas leyes antiinmigrantes y antiaborto van de la mano y generan miedo, provocando que la gente no quiera buscar atención de salud reproductiva”, dijo.
Texas
El año pasado, Texas aprobó una ley que prohíbe el aborto después de las seis semanas, una de las más restrictivas del país. El estado tiene la frontera más extensa de Estados Unidos con México (más de 1.900 kilómetros) y alberga una de las mayores poblaciones hispanas del país: 39% de la población tejana es de origen latinoamericano, y de ella más de un tercio (34%) es pobre.
La revocación de Roe sería “devastadora” para las inmigrantes indocumentadas del Valle del Río Grande de Texas, una región fronteriza principalmente hispana, según Paula Saldaña, organizadora local del Latina Institute.
Muchas personas de esta región no pueden permitirse viajar a otros estados para abortar, mucho menos a otros países, por lo que podrían recurrir a vías inseguras para cruzar a México por un aborto, dijo Saldaña.
“Aunque [la anulación de Roe] aún no está oficializada, en mi comunidad ya se ha desatado el caos. El miedo a acudir a una clínica siempre es generalizado entre la gente indocumentada. Imagínese si esto se aprueba”, dijo.
Puerto Rico
Las consecuencias del final de Roe también se sentirán en la isla caribeña de Puerto Rico, un “territorio” estadounidense (no un estado) resultado de su historia colonial. El aborto es legal en Puerto Rico debido a su propio “fallo Roe”, el de “el pueblo de Puerto Rico contra Duarte”, sentencia que emitió en 1980 el Tribunal Supremo, que protege el derecho a abortar. Sin embargo, para la abogada Frances Collazo, codirectora de Profamilias, una organización que cuenta con una de las cuatro únicas clínicas de aborto de la isla, la derogación de Roe podría restringir el acceso al aborto, pues abriría el paso a que se apruebe una nueva ley.
Si se revoca el fallo Roe contra Wade, considera Collazo, las fuerzas antiabortistas puertorriqueñas se verán envalentonadas para intensificar sus campañas. En los últimos años, se presentaron al menos diez proyectos de ley en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para restringir los derechos sexuales y reproductivos, dijo la abogada a openDemocracy.
El más reciente, que prohíbe el aborto después de las 22 semanas, se está debatiendo ahora en el Senado de Puerto Rico. La única excepción que plantea es que la vida de la persona embarazada esté en peligro.
“Los políticos puertorriqueños dirán: 'Si Estados Unidos, a nivel de su Corte Suprema, dejó de proteger [el derecho al aborto], entonces yo no voy a ir en contra de ese principio de legalidad'”, dijo Collazo.
Contraatacando para salvar el aborto
La jubilada Minerva Glidden, que trabajó como enfermera en los años previos al fallo Roe contra Wade y es activista en Florida de la Organización Nacional de Mujeres (NOW), dijo que nunca se imaginó que se aboliría el derecho al aborto.
En los años 60 y 70 “las mujeres recurrían a medidas desesperadas para interrumpir un embarazo. Una vez atendí a una niña de 14 años que fue violada, tuvo un aborto inseguro y sufrió una infección. Tuvimos que extirparle el útero a los 14 años”, recordó. “No queremos volver a eso, y estamos todas indignadas por la probable revocación de Roe. No la vimos venir”, admitió.
Pero las activistas por el derecho a decidir están dispuestas a contraatacar. Los grupos de salud reproductiva y los proveedores de servicios de salud garantizarán el acceso al aborto a las personas que lo necesiten, dijo Canino, de Planned Parenthood, incluyendo el traslado a través de las fronteras estatales.
Colón, del Latina Institute, insta a la gente a hacer donaciones a fondos específicos para el aborto, de modo que quienes lo requieran puedan costear un aborto en el estado donde viven, o puedan viajar a otros estados para obtener el servicio. “Hará falta todo un pueblo y toda una comunidad para llegar juntas a esta lucha. Pero estamos decididas”, dijo.
Este artículo fue publicado originalmente por el proyecto Tracking the Backlash de openDemocracy