Dos semanas después de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de anular el fallo Roe vs Wade, el Parlamento Europeo aprobó, con 324 votos a favor, 155 en contra y 38 abstenciones, una resolución que promueve la incorporación de la interrupción voluntaria del embarazo en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE).
La propuesta, votada el jueves pasado, busca agregar el acceso al “aborto seguro y legal” en el artículo 7 de la carta, que consagra el derecho al “respeto de la vida privada y familiar”. Asimismo, las eurodiputadas y eurodiputados condenaron en el texto el “deterioro de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres” en Estados Unidos tras la decisión del 24 de junio, que eliminó el derecho constitucional al aborto en todo el país y dejó en manos de los estados la potestad de establecer sus propias leyes al respecto.
La resolución aprobada por el Parlamento Europeo plantea que prohibir o restringir el acceso al aborto “constituye una violación de los derechos humanos y una forma de violencia de género” que “afecta de manera desproporcionada a las mujeres en situación de pobreza, en particular las mujeres racializadas, de zonas rurales, las personas LGBTI, las mujeres en situación de discapacidad, las adolescentes y migrantes”, según consignó la agencia Efe.
En ese sentido, el organismo instó a los países miembro de la UE a “asegurar el acceso a servicios de aborto seguro, legal y gratuito”, “garantizar servicios y suministros de asistencia sanitaria perinatal y materna”, acceso a métodos anticonceptivos, “tratamiento, atención y apoyo ante el VIH”, entre otros, informó el portal oficial del Parlamento Europeo.
Para reformar la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, es necesaria la unanimidad de los integrantes del bloque, incluidos aquellos que aún no garantizan el derecho de las mujeres al aborto, como Polonia y Malta. De todas formas, si se aprobara la modificación, los países de la UE no estarían obligados a cumplir con esta disposición y cada gobierno será el que determine qué posición adoptar al respecto.