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María Eugenia Roselló (archivo, abril de 2023).

Foto: Ernesto Ryan

Diputados aprobó proyecto que solicita al Poder Ejecutivo la exoneración de impuestos a los artículos de higiene menstrual

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“Este impuesto injusto que tienen estos productos hace que la menstruación sea un factor de desigualdad para mujeres, niñas y jóvenes”, expresó la diputada colorada María Eugenia Roselló, impulsora de la iniciativa.

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Leído por Mathías Buela.
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La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad en la noche del miércoles un proyecto de resolución que pide al Poder Ejecutivo que las toallitas y los tampones se incluyan como artículos exonerados de impuestos en el Texto Ordenado 1996, que establece normativas tributarias. Hoy en día estos artículos están gravados con 22% de IVA. La propuesta fue presentada el 16 de agosto por la diputada María Eugenia Roselló, del Partido Colorado, y ahora, con la luz verde de la cámara baja, se remite al Poder Ejecutivo.

Durante la sesión parlamentaria, Roselló dijo que la exoneración de los impuestos a los artículos de gestión menstrual “es un gran debe todavía” en Uruguay, que es “el país más caro de América Latina y el Caribe” en esta materia. El principal motivo es que “no están considerados como productos de primera necesidad, sino en el rubro de perfumería”, señaló la legisladora. En ese sentido, dijo que su compra “supone una erogación anual de casi 3.000 pesos para aquellas que consumen un producto y casi 8.000 pesos para aquellas que consumen el otro producto, que es más caro”, esto último en referencia a los tampones.

“Esto impacta negativamente en los ingresos mensuales que tenemos las mujeres”, que “somos las que menos ganamos, las que más dependemos económicamente, las más pobres”, apuntó la diputada, y agregó que, “por lo tanto, este impuesto injusto que tienen estos productos hace que la menstruación sea un factor de desigualdad para estas mujeres, niñas y jóvenes”.

Roselló reconoció que sería una “aspiración muy elevada” pedir que el Estado otorgue toallitas y tampones de forma gratuita, como sucede en otros países, pero de todas formas aseguró que “Uruguay tiene que abordar este tema como una necesidad urgente”. Porque no se trata sólo de combatir la llamada “pobreza menstrual” -la situación a la que se enfrentan quienes no pueden pagar estos artículos por el alto costo que tienen-, sino también de garantizar la salud y vida digna de mujeres, niñas y adolescentes. Así, pidió por último “que el Poder Ejecutivo tenga la sensibilidad de aprobar esta iniciativa y de enviarnos un proyecto de ley donde podamos exonerar definitivamente el impuesto a estos productos”.

Otras propuestas sobre la mesa

La diputada Bettiana Díaz, del Frente Amplio (FA), intervino después de Roselló para manifestar el apoyo de su partido a la iniciativa, entendiendo que, “justamente, las exoneraciones tributarias son iniciativa privativa del Poder Ejecutivo”. La legisladora, que preside la Comisión Especial de Equidad y Género en la que se presentó el proyecto, dijo que hablar de salud menstrual “va de la mano de la pobreza menstrual y la pobreza de las mujeres”, por lo que, de alguna forma, “lo que se está planteando aquí es que el peso de la desigualdad que cargan las mujeres sea atendido”.

Por otro lado, Díaz recordó que, “en el marco del compromiso” del FA con el tema, la coalición de izquierda presentó en junio de este año otro proyecto de ley para crear una “canasta de higiene menstrual” dirigida a mujeres con pocos recursos económicos. La iniciativa plantea que sea una prestación a cargo del Ministerio de Desarrollo Social destinada específicamente a “personas que menstrúan” beneficiarias de la Tarjeta Uruguay Social (TUS), personas en situación de calle, estudiantes de educación primaria y media pública, usuarias de salud pública y mujeres privadas de libertad.

En tanto, sigue en el tintero un proyecto anterior, impulsado por la diputada Roselló en junio de 2020, que también propone la creación de una “canasta higiénica menstrual”, en este caso para todas las “personas menstruantes” beneficiarias de la TUS. La propuesta permanecía desde entonces en la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados, pero el 12 de setiembre, a pedido de la legisladora colorada, se trasladó para que sea tratada en la de Equidad y Género, lo que podría implicar algún avance.

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