Por primera vez en la historia, un juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura argentina puso en el centro el testimonio de cinco mujeres trans y travestis. Fue el martes 19 de abril, ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, en el marco del juicio conocido como “Brigadas”, que investiga los hechos que ocurrieron en ese período en las dependencias de la Policía Bonaerense conocidas como “Pozo de Banfield”, “Pozo de Quilmes” y “El Infierno”.
En la audiencia, que duró cinco horas, Fabiana Gutiérrez, Paola Leonor Alagastino, Julieta González, Analía Velázquez y Marcela Viegas Pedro relataron los crímenes específicos que sufrió el colectivo trans y travesti en el país durante el terrorismo de Estado. Contaron que, en aquel entonces, todas ejercían el trabajo sexual, fueron secuestradas por las fuerzas de seguridad cuando tenían entre 14 y 23 años, y llevadas al centro clandestino de detención “Pozo de Banfield”, que funcionaba en las Brigadas de Investigaciones de la Policía Bonaerense en esa localidad.
Las cinco mujeres trans y travestis declararon que mientras estaban cautivas sufrieron torturas, vejaciones, violaciones y distintos tipos de violencia sexual y psicológica. Tres de ellas participaron de manera presencial y otras dos lo hicieron de forma virtual desde Italia, donde viven actualmente. Sus testimonios tuvieron varios puntos en común al señalar la violencia sexual que sufrieron, y los maltratos específicos por su identidad de género y orientación sexual, por un lado, y por ser trabajadoras sexuales, por otro.
Sus testimonios completaron lo que narró Valeria del Mar Ramírez, primera querellante travesti en procesos de lesa humanidad en Argentina, que declaró en noviembre pasado en este juicio sobre las violencias que vivió también en el “Pozo de Banfield”.
“Para ellos, éramos monstruos”
Gutiérrez contó que fue secuestrada entre 1976 y 1977, cuando tenía 14 años. “Yo creía que me iban a largar, pero fue fatal. Pasé el infierno ahí adentro. Había violaciones. Yo quería comer y para comer teníamos que pedirles por favor si tenían sobras, y las sobras se pagaban con sexo”, describió en la audiencia. La mujer, que hoy vive en Italia, dijo que de Argentina tiene “lo peores recuerdos” de su vida por las “injusticias” que vivió.
“Para ellos, nosotras éramos monstruos. No se puede entender cómo nos trataban. Hacés sexo con una persona y a la vez la odiás, no se puede entender. Creo que tenían problemas psicológicos. Yo vi cuando le doblaban los brazos a una compañera. O cuando me pegaron un palazo en la cabeza, que me dejó secuelas hasta hoy, la cabeza toda hinchada, el cráneo astillado. Un amigo me llevó al hospital Salaberry. Hasta el día de hoy sigo teniendo dolores, pierdo la memoria a veces, sigo tomando pastillas. Son cosas que pasaron y cosas que quedan dentro de nosotras. Por más que somos fuertes, a veces nosotras mismas nos rompemos”, relató la mujer, según declaraciones consignadas por la agencia Presentes.
También desde Italia, Alagastino, que cuando fue secuestrada tenía 17 años, dijo que si se negaban a comer “eran palos, eran violaciones”, y que repetidamente les decían: “A estos putos de mierda hay que matarlos”. A su vez, recordó que la liberaron bajo amenaza: “Si te llegamos a ver de nuevo, ya sabés lo que te va a pasar”. Y aseguró que, una vez en libertad, le “quedó miedo hasta de salir a hacer las compras”. Sintió “paz” sólo cuando pudo irse del país.
Por su parte, Velázquez contó que estuvo “seis o siete veces” encerrada en el “Pozo de Banfield” entre 1976 y 1978. La primera vez que fue secuestrada tenía “22 o 23 años”. “Se sentía la muerte ahí. Se sentían gritos, se sentía la picana. Chicos que pedían por su mamá, 'mamá no me abandones'. Todo eso pasaba en el Pozo de Banfield”, describió la mujer. Consultada sobre cuántos años creía que tenían esos “chicos”, respondió: “Seis o siete años”. También contó que “cuando querían” las obligaban a salir del calabozo y “hacer striptease” mientras les sacaban fotos.
Viegas Pedro afirmó que estaba por cumplir 15 años cuando fue secuestrada en la calle, mientras ejercía el trabajo sexual. Durante su declaración, contó que fue torturada con picana, abusada sexualmente y empalada. Dijo que todavía hoy sufre las secuelas de haber sido empalada. Recordó que en la primera noche de encierro le dijeron: “Ahora vas a saber lo que es bueno, puto”.
Por último declaró González, que en aquel entonces tenía “17 o 18 años”. Ella contó que, además de haber sufrido violencia sexual, fue obligada a cocinar, lavar ropa, picar cascotes y limpiar los autos de los represores, que según recordó, muchas veces tenían sangre. Además, dijo que durante su cautiverio escuchó a “una chica llorar” y luego el llanto de un bebé.
Durante la audiencia también declaró como testigo de contexto la activista travesti y psicóloga social Marlene Wayar, quien aseguró que “las disidencias en el ejercicio de prostitución son una amenaza” para el modelo de relaciones sociales que la dictadura buscó instalar, que tenía en el centro al “hombre heterosexual nacional, familiero, trabajador, que vaya de la casa al trabajo”, según recogió el diario Página 12.
En ese sentido, Wayar puntualizó que la dictadura tuvo como objetivo “correr” a las disidencias sexogenéricas “de las relaciones sociales, segregarlas, generar pánico y rechazo en su contra”, al promover “un perfil ciudadano obediente, nacionalista, enmarcado dentro del concepto de heterosexualidad obligatoria, obligación reproductiva dentro del núcleo familiar”, que vino a romper con “otro tipo de familiaridad más comunal, más abierta al barrio, en donde, previo a la dictadura, las travestis transitaban”.
Por otro lado, la activista insistió en que “es importante que una travesti salga de un campo de concentración donde ha visto atrocidades y las cuente, porque puede provocar un efecto”. “Después del proceso militar hemos tenido que escuchar miles de relatos, pero una no ve que nuestros relatos interesen. Por eso la importancia trascendental histórica, porque este juicio es de los primeros donde podemos escuchar estas voces”, apuntó, y agregó: “Nunca hemos tenido derecho a la verdad, a la justicia ni a la memoria, ni a sentir el respaldo de que nuestros cuerpos importan”.
El juicio “Brigadas”, que comenzó en octubre de 2020, tiene a 15 represores acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 442 víctimas durante la dictadura argentina. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es querellante y acompaña a sobrevivientes y familiares a través de la Coordinación de Asistencia a Testigos Víctimas.