El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, promulgó este lunes una de las leyes más duras que existen en el mundo contra las personas LGBTI+. La norma establece la pena de muerte por “homosexualidad agravada”, una categoría que incluye las relaciones sexuales con niñas, niños o adolescentes; el contagio de enfermedades de transmisión sexual como el VIH; y el incesto. Además, si bien el texto aclara que la orientación sexual no será considerada un delito –como contemplaba el proyecto original–, sí serán penalizados los “actos sexuales” consentidos entre personas del mismo sexo, con penas que pueden llegar a la cadena perpetua.
Por otra parte, la iniciativa penaliza a quien imparta educación sexual sobre la comunidad LGBTI+ y considera ilegal no denunciar a la Policía a los autores de la “homosexualidad agravada”. Al mismo tiempo, exige la “rehabilitación” de los “delincuentes homosexuales”, que no es otra cosa que lo que en otros países se conoce como “terapia de conversión”. También establece que las organizaciones civiles que sean acusadas de incentivar las relaciones entre personas del mismo sexo pueden ser prohibidas durante diez años, según informó la agencia AFP.
El proyecto de ley había sido aprobado a fines de marzo por el Parlamento ugandés y en esa ocasión el presidente Museveni la devolvió a los legisladores, con la sugerencia de que eliminaran la disposición que penaliza la “homosexualidad agravada”, incluso con la pena de muerte. Sin embargo, el artículo finalmente se mantuvo.
“Como Parlamento de Uganda, tomamos en cuenta las preocupaciones de nuestro pueblo y legislamos para proteger el carácter sagrado de la familia”, dijo la presidenta del Parlamento, Anita Among, tras la promulgación del texto. “Nos mantuvimos firmes para defender la cultura, los valores y las aspiraciones de nuestro pueblo”, agregó.
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Rechazo masivo
El reconocido abogado de derechos humanos ugandés Nicholas Opiyo aseguró a la cadena CNN que “la sociedad civil de Uganda, junto con la comunidad LGBTI+, está preparada para llevar este asunto a los tribunales e impugnar la ley”, porque se trata de una norma “profundamente discriminatoria y represiva y no cumple ninguna norma internacional de derechos humanos ni local”.
En tanto, organismos y organizaciones internacionales que habían manifestado su rechazo a la primera versión de la ley renovaron en estas horas su repudio. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su “consternación” por la promulgación de esta legislación “draconiana” y “discriminatoria”, que calificó como “contraria a la Constitución y los tratados internacionales”. El funcionario agregó, además, que abre la puerta para que haya “violaciones sistemáticas de los derechos de las personas LGBTI+”.
Por su parte, Amnistía Internacional dijo en un comunicado que la norma “sólo sirve para consagrar en la legislación la discriminación, el odio y los prejuicios contra las personas LGBTI+ ugandesas y quienes las apoyan”, y aseguró que “es inaceptable que estas personas estén en riesgo de perder sus vidas, libertad, privacidad, libertad de expresión y la posibilidad de vivir sin discriminación”. La organización recordó que, desde marzo, “ha exigido repetidamente que se elimine esta atroz legislación” y llamó a comunidad internacional a “presionar con urgencia al gobierno ugandés para que proteja los derechos de las personas LGBTI+ en el país”.
También se pronunció el gobierno de Estados Unidos, que ya había advertido a Uganda sobre posibles “repercusiones” económicas si la legislación entraba en vigencia. En concreto, el secretario de Estado, Antony Blinken, anunció este lunes en un comunicado que la administración desarrollará mecanismos para apoyar los derechos de las personas LGBTI+ y promoverá la rendición de cuentas de “responsables o cómplices de abusos” contra esta comunidad.