El pasado 24 de junio se cumplió un año desde que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos anuló Roe vs. Wade, el fallo que consagraba el aborto como un derecho constitucional en todo el país desde 1973, y dejó en manos de cada estado la decisión de mantener o prohibir ese derecho. Desde entonces, 14 de los 50 estados del país prohibieron el acceso al aborto, mientras que otros aprobaron limitaciones. Además, la arremetida antiaborto incluyó iniciativas como el intento de prohibir el acceso a la mifepristona -el medicamento utilizado en más de la mitad de los abortos que se realizan en Estados Unidos, según el Instituto Guttmacher-, que finalmente no fue avalada por la Suprema Corte.
En la jornada del primer aniversario de una de las medidas más regresivas para los derechos de las mujeres en el país, miles de personas se manifestaron en Washington DC, la capital estadounidense, con consignas como “Seguimos siendo la resistencia y no vamos a retroceder”, en distintas actividades que incluyeron concentraciones frente a la sede del tribunal supremo.
Ese día, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró en un comunicado que “anular Roe vs. Wade, que había sido la ley del país durante casi medio siglo, ya ha tenido consecuencias devastadoras”. En ese sentido, dijo que los estados impusieron “prohibiciones de aborto extremas y peligrosas que ponen en peligro la salud y la vida de las mujeres, obligan a las mujeres a viajar cientos de millas para recibir atención y amenazan con criminalizar a los médicos por brindar la atención médica que sus pacientes necesitan y que están capacitados para brindar”.
El mandatario advirtió que, sin embargo, “las prohibiciones estatales son sólo el comienzo” y que los congresistas del Partido Republicano “quieren prohibir el aborto en todo el país” e incluso “ir más allá y sacar del mercado los medicamentos aprobados por la FDA para interrumpir un embarazo” -en alusión al intento de prohibir la mifepristona- y “dificultar la obtención de anticonceptivos”. “Su agenda es extrema, peligrosa y está fuera de sintonía con la gran mayoría de los estadounidenses”, agregó, y afimó que su administración “continuará protegiendo el acceso a la atención de la salud reproductiva y pedirá al Congreso que restablezca las protecciones de Roe vs. Wade en la ley federal de una vez por todas”.
En la víspera, Biden emitió una orden ejecutiva para fortalecer el acceso a servicios de anticoncepción y de planificación familiar “asequibles y de alta calidad”. “La anticoncepción es un componente esencial de la atención de la salud reproductiva que sólo se ha vuelto más importante” a raíz del fallo del año pasado y “la consiguiente crisis en el acceso de las mujeres a la atención médica”, dice el texto. Es la tercera orden ejecutiva sobre salud reproductiva que el mandatario firma desde la decisión de la Suprema Corte, y la primera enfocada específicamente en proteger y expandir el acceso a la anticoncepción.
La orden ejecutiva incluye un paquete de acciones en ese sentido, como mejorar el acceso y la asequibilidad de los métodos anticonceptivos para las mujeres con seguro médico privado y promover un mayor acceso a los anticonceptivos de venta libre, incluidas las “pastillas de emergencia”. Otras acciones son garantizar que estos métodos sean accesibles para funcionarios públicos y estudiantes universitarios, y promover la investigación y el análisis de datos sobre el acceso a la anticoncepción.