La fuerza mayoritaria en votos en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de Argentina fue La Libertad Avanza, el partido del economista ultraderechista Javier Milei. Un voto mayoritariamente masculino, según las encuestas, que apoya un discurso de mano dura para la delincuencia, liberalismo del mercado y vaciamiento del Estado. Se trata también de un candidato que amenaza abiertamente con barrer muchos de los derechos de mujeres y disidencias conquistados en el último tiempo.
Los comicios se dan en un contexto en el que “el germen de derecha ha crecido a la sombra del individualismo y la cesión de libertades a cambio de seguridad”, un fenómeno que se “profundizó aún más luego de la trágica experiencia de la pandemia por covid-19”, analiza en diálogo con la diaria María Elvira Gauna, médica generalista argentina, trabajadora del subsector público de salud en el primer nivel de atención del Hospital de Esquel, en la provincia sureña de Chubut.
Argentina alcanza actualmente una inflación que supera el 113% anual y los precios suben casi semanalmente. Gran parte de la población percibe un salario por debajo de la canasta básica, y esto afecta mayoritariamente a las mujeres, que en muchos casos representan el único ingreso familiar. Desde 2020, la proliferación de comedores populares se hace sentir en los barrios más empobrecidos. “Nosotras decimos que el ajuste es violencia patriarcal porque tiene un particular efecto en las mujeres, disidencias y niñeces, y aumenta mucho la precariedad y vulnerabilidad”, sostiene en ese sentido Damaris Rolón, vocera de la Coordinadora por el Cambio Social, espacio que nuclea movimientos sociales y organizaciones piqueteras de todo el país.
En las PASO se eligen precandidatos de cada partido para definir quién podrá postularse a la presidencia. El primero en votos fue el partido de Milei, seguido por el actual opositor Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich a la cabeza; la oficialista Unión por la Patria, de Sergio Massa; Hacemos por Nuestro País de Juan Schiaretti; y el Frente de Izquierda Unida, con Myriam Bregman como candidata. Las fuerzas se presentarán en las elecciones del 22 de octubre para definir la presidencia, bancas en el Congreso y algunas gobernaciones e intendencias.
La jornada del domingo 13 se destacó por la baja asistencia de votantes: sólo 69,62% del padrón asistió a las urnas. Mientras que el partido mayoritario de Milei sacó 7.116.352 votos, hubo 10.474.831 de personas que decidieron no participar en las PASO, pero podrían hacerlo en octubre.
Autonomía de nuestros cuerpos
El movimiento feminista, que por varias décadas luchó por el aborto legal, seguro y gratuito, se abanderó con la frase “mi cuerpo, mi decisión” para defender el derecho a la autonomía sexual y reproductiva. Esa misma frase se escucha hoy en los medios de comunicación en boca de Milei para hacer referencia a la creación de un mercado de venta de órganos. “¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo?”, dijo concretamente para justificar su propuesta.
Pero el candidato ultraderechista condena el aborto bajo el argumento de que la vida se inicia en el momento de la concepción e incluso vociferó su intención de realizar un plebiscito para revocar la ley votada a fines de 2020.
Previo a esta ley, abortar en Argentina sólo era legal por causales como violación y riesgo de vida, entre otras. Cuando Milei –para referirse al aborto– dice que es “un homicidio agravado por el vínculo”, se retrotrae a legislaciones de hace más de un siglo.
“Es tarea de quienes bregamos por este derecho a la salud desarmar los eslóganes cuasi titulares violentos ilegales e ilegítimos, por cuanto los derechos sociales, como el derecho humano a la salud, están sujetos a los principios de no regresividad. La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) se construyeron con fuerte respaldo de derechos garantizados en tratados internacionales con rango constitucional en nuestro país. Asimismo, la Constitución Nacional argentina prohíbe que las leyes con componentes penales sean pasibles de plebiscitar”, sostiene Gauna.
El país aún está en la transición posterior a la promulgación de la ley de IVE, por la que hay un derecho legalmente garantizado, pero aún falta para poder hablar de una efectiva implementación. El misoprostol se encuentra en centros de salud de todo el país y esto es una conquista si nos retrotraemos años atrás, cuando conseguir la medicación constituía un escollo para quien quería abortar.
En cuanto a la formación, “hubo mayor capacitación al personal de salud, pero sigue siendo insuficiente”, afirma Julieta Bazán, médica generalista de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. “Falta ampliar la cobertura de AMEU [aspiración manual endouterina] y, en las ILE que requieren servicios de internación para hacerse en el ámbito hospitalario, falta mayor capacitación de profesionales para los abortos de segundo trimestre y también vencer las resistencias profesionales que todavía se oponen a garantizarlos”, agrega. Además, se necesitan más equipos en los centros de salud y hospitales regionales: “Hay provincias donde son dos o tres efectores, lo que implica una política de traslado para las personas que solicitan la práctica”, remarca Bazán.
La Libertad Avanza promete desterrar también la educación sexual integral (ESI), contemplada como derecho en la Ley 26.150 promulgada en 2006. La norma establece el derecho a recibir una educación sexual en todos los establecimientos públicos, de gestión estatal o privada. La propuesta es transversal a todas las asignaturas e incluye el cuidado del propio cuerpo; la valoración de las emociones y de los sentimientos en las relaciones interpersonales; el reconocimiento de la perspectiva de género; el respeto de la diversidad; y el ejercicio de los derechos concernientes a la sexualidad. A la vez, promueve el trabajo articulado con centros de salud, organizaciones sociales y familias. Si bien la norma está vigente desde hace 17 años, “durante los primeros años previos a la marea feminista y la ola verde costó mucho la implementación. Luego, en 2015, se sancionó en Buenos Aires una ley provincial que incorpora nuevos debates, como el derecho al placer”, cuenta Alejandra Andreone, especialista argentina en ESI y docente de Artística. “En 2022 se incluye la capacitación de referentes de ESI y a su vez se incorpora a partir de 2023 la formación a docentes”, agrega.
El sector de ultraderecha atribuye este derecho adquirido a lo que llama “ideología de género” y lo describe como “un mecanismo por el cual se le deforma la cabeza a la gente”, como dijo Milei en octubre de 2022. Pero las estadísticas dan cuenta de los rotundos impactos positivos de la inclusión de esta disciplina, especialmente en términos de denuncias de abuso sexual intrafamiliar en la infancia y descenso de los embarazos adolescentes.
Muchas candidaturas, pocos proyectos
En el primer semestre de 2023 hubo un femicidio cada 30 horas en Argentina, según el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo. Aun así, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades fue uno de los que mayor recorte tuvieron durante la actual presidencia de Alberto Fernández. El escenario podría empeorar si –como propone Milei– desaparece ese ministerio, se libera la portación de armas o se unifican los ministerios de Salud, Trabajo, Educación y Desarrollo Social, para convertirlos en un Ministerio de Capital Humano.
Massa, candidato del oficialismo y actual ministro de Economía, hizo ajustes y recortes pactando con el Fondo Monetario Internacional los pagos de la deuda contraída durante el gobierno neoliberal del expresidente Mauricio Macri. El Ministerio de Salud y otros sectores sensibles, como la educación, vienen sufriendo recortes y a esto se le suma un presupuesto anual que contempló una inflación de 40% cuando la real supera el 100%.
Bullrich, que defiende la familia tradicional y heteronormativa, también manifestó su intención de cerrar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades si llega al Ejecutivo. La exministra de Seguridad de Macri propone un “gobierno con mano firme que cuide a los policías”. Sus ejes de campaña más recurrentes son contra los piquetes, planes sociales y mapuches, política que se plasmó durante su gestión en seguridad, marcada por la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado en una comunidad mapuche en el sur del país, luego de una represión de Gendarmería que sigue sin esclarecerse. “Hay un discurso conservador y de derecha que se instala desde los medios y desde partidos políticos dominantes de que hay que atacar la organización comunitaria, atacar a les ambientalistas, al feminismo y a todo sujeto o sujeta que se organiza y lucha contra el sistema” asegura Rolón.
Más a la derecha se encuentra la abogada Victoria Villaruel, precandidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, quien es una abierta defensora de genocidas condenados por delitos de lesa humanidad de la última dictadura cívico-militar argentina y llegó a decir que “no hubo 30.000 desaparecidos” durante ese período. En caso de ganar, pretende gestionar la vicepresidencia y simultáneamente la seguridad interior y la defensa, para lo que prometió aumento de los presupuestos de esas carteras.
Por otro lado, cuatro de las cinco fuerzas principales que se postularán para las presidenciales responden a un modelo económico extractivista. Actualmente, pueden visualizarse en el país conflictos por el litio en Jujuy, por la extracción de petróleo en el Mar Argentino en Buenos Aires y en las explotaciones de Vaca Muerta en el sur, la minería a cielo abierto en San Juan, Catamarca y Santa Cruz, o bien la agroindustria de soja y maíz, actividades que causan daños al medioambiente y a la biodiversidad.
“Más allá de lo que en términos de pérdida de derechos civiles se avizora en los discursos de los candidatos de las próximas elecciones, el plan estructural implica una reconfiguración de la matriz productiva (modificación de legislación incluida), profundizando aún más la primarización de la economía hacia la supremacía de los extractivismos sobre todo el territorio, en un escenario claro de neocolonización”, advierte Gauna.
Desafíos actuales
Si bien las banderas feministas no se encuentran en este momento tan pública y masivamente visibles como lo estuvieron durante las movilizaciones por el Ni Una Menos en 2015 o los debates por la ley de IVE en 2018 y 2020, el trabajo cotidiano de redes, los acompañamientos, las pedagogías y proyectos siguen en curso.
Luego de la conquista de la ley de aborto en 2020, “el movimiento transfeminista entró en un proceso de reflujo, en el que la autoorganización ha disminuido”, analiza Rolón. Después de aprobada la ley, hubo un proceso de institucionalización en el que muchas mujeres y disidencias ingresaron al Estado a ocupar puestos en áreas relacionadas con el tema. La cuarentena también significó una reestructuración de las formas. “Para que la pandemia no se comiera todo lo construido, hubo que defender un modelo de salud integral, con perspectiva de género y de derechos en los diferentes modelos de atención, con el que fuimos pudiendo avanzar por sobre el modelo médico hegemónico”, señala Bazán.
Desde distintos sectores coinciden en reactivar y hacer alianzas para volver a ocupar las calles. Un eslabón clave de las formas que toman los feminismos en este territorio sigue siendo la construcción de alternativas a la alianza entre patriarcado, capitalismo y colonialismo. Por eso, la agenda actual incluye desde las denuncias por complicidad judicial ante los abusos sexuales en la infancia hasta la defensa de los territorios y pueblos indígenas, reivindicando cada vez con más fuerza la plurinacionalidad.