No es novedad: desde hace 18 años, los últimos viernes de setiembre Montevideo se viste de fiesta para celebrar la diversidad. Entre música y colores, primero centenas y ahora miles de personas marchan y bailan en las calles, reivindicando sus luchas y las de quienes estuvieron antes. En esta nueva edición, bajo la consigna “Basta de impunidad y saqueo de derechos”, la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad invita a “gritar ‘acá estamos’” y manifestarse “para que se acabe la discriminación”, pues “hasta nuestres parlamentarios promueven discursos de odio anti LGBTIQA+”.
Como de costumbre, el encuentro comenzará sobre la tardecita. La convocatoria es a concentrar a partir de las 18.30 en la plaza del Entrevero, para recorrer avenida Libertador hasta la plaza 1º de Mayo. Antes, desde las 11.30, tendrá lugar la segunda jornada de la “Previa de la marcha” en la plaza Libertad, que se instaló en la mañana del jueves.
Allí, además de la clásica feria artesanal, hay una “Zona Salud”, en la que está previsto que se brinden talleres y conversatorios de promoción en salud y diversidad, se realicen testeos gratuitos de VIH y sífilis, y se dé asesoramiento sobre PREP (profilaxis preexposición, una de las estrategias de prevención del VIH). También se dispondrá un punto de acopio de alimentos no perecederos para la Coordinadora Popular y Solidaria, otro de recolección de botellas de plástico, stands de la Intendencia de Montevideo y la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, y un espacio escénico.
Este año, la marcha es convocada por ocho organizaciones: Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay, Colectivo Diverso Las Piedras, Colectivo Multimostrx, Colectivo Ovejas Negras, Coro de Varones Gay de Montevideo, Departamento de Jóvenes del PIT-CNT, Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y Trans Boys Uruguay. Asimismo, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos del Uruguay acompañará con una intervención. Si bien su presencia en la movilización ya es usual, en el marco de los 50 años del golpe de Estado adquiere un nuevo sentido. De hecho, en diálogo con la diaria, Daniela Buquet, integrante del colectivo Ovejas Negras, relató que la palabra “impunidad” incluida en la consigna busca “seguir exigiendo memoria, verdad y justicia”, y recordar “que el Estado sigue siendo impune hoy”.
“Hartazgo”
En líneas generales, la sensación que atraviesa a las diferentes partes de la Coordinadora de la Marcha es de “un hartazgo” que se presenta ante “la cantidad de cuestionamientos que hay hacia el avance de derechos”, dijo Buquet. Según lo expuesto, durante los últimos tiempos se han incrementado los discursos de odio, “que parecen permitirse sin ningún problema y que salen inclusive desde los propios gobernadores”. Esto se observa en “la persecución sindical y la persecución hacia los estudiantes y sus reivindicaciones”, así como en la gestión de la crisis hídrica, añadió.
Cuando los colectivos integrantes de la Coordinadora comenzaron a organizar la marcha, la zona metropolitana aún no contaba con agua potable. Por lo tanto, en aquel entonces, el derecho a este recurso “era una de las demandas principales”, explicó Buquet. En relación a este tema hubo dos preocupaciones: el hecho de que las poblaciones más vulneradas nuevamente serían las más afectadas y “lo poco que se piensa en todas las políticas medioambientales a largo plazo”. Dada la magnitud del acontecimiento y las acciones “mínimas” que propuso la administración pública para hacerle frente, el tema “invadió” a todos los colectivos, “más allá de qué militara cada uno”, contó.
“En particular, dentro del movimiento por la diversidad, entendemos que hay muy poco pienso por parte de las políticas concretas”, planteó Buquet. “Estamos en un país en donde logramos un montón de cosas gracias, principalmente, al movimiento social, y entendemos que en este gobierno no se ha logrado avanzar en nada”, agregó. Al contrario, durante los últimos años predominó “un ejercicio constante” para “custodiar lo conseguido”, que no permitió “poder seguir pensando en cómo mejorar la sociedad y cómo seguir haciéndola más justa y más igualitaria”.
Consultada sobre el vínculo de los movimientos sociales con las instituciones gubernamentales, Buquet consideró que existe una gran diferencia entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales, y que estos, a su vez, también son muy distintos entre sí. “Montevideo tiene mucho contacto con la intendencia y, de hecho, es una de las instituciones estatales que más colabora con la Marcha por la Diversidad”, afirmó la integrante de Ovejas Negras. La comuna “se dedica mucho a lo que tiene que ver con el estudio de la población y piensa en espacios de sensibilización”, y si bien este trabajo es bienvenido, “nos parece fundamental que pasen mucho más a la acción”, aseguró. A nivel nacional, la pandemia “complicó todas las articulaciones” de una forma comprensible, pero tras su estabilización las políticas continuaron siendo “muy pobres”, opinó Buquet. “En concreto, trabajamos con el Mides [Ministerio de Desarrollo Social], en el Consejo Nacional de Diversidad Sexual, donde hay representación de la sociedad civil, y es una constante demanda al Estado a que cumpla por lo menos con lo que tiene aprobado, que la verdad que no se logra”, relató.
“Una sociedad inclusiva prioriza el bienestar de todas las personas”, es el lema con el que, pocas semanas atrás, el Mides lanzó su campaña por el Mes de la Diversidad, enfocada en la salud mental. De acuerdo a lo difundido, el objetivo es “visibilizar el derecho a la salud mental y el acceso universal a la misma desde una perspectiva de derechos humanos y no discriminación”.
Si bien la propuesta es “superinteresante”, Buquet mencionó que uno de los lugares involucrados en el proyecto, el Centro de Referencia Amigable (CRAM) de la Facultad de Psicología, en el que se otorga un servicio de atención, orientación y consulta a la población LGBTI+, “no da abasto”. Además, cuestionó que “se quedaron sólo en eso” y “no se plantearon políticas concretas sobre nada más”.
A la vez, Buquet señaló que este viernes, entre las 9.00 y las 17.30, el Mides dará comienzo a una feria de empleo para conectar “con las empresas comprometidas con la diversidad”, que se extenderá hasta el lunes. “Nos parece superpositivo, pero no entendemos muy bien por qué se realiza el propio día de la marcha”, planteó. De todos modos, la cartera no suele “trabajar en conjunto con respecto a las demandas concretas del mes, ni siquiera para construir sus propias líneas de trabajo”.
Por otro lado, respecto del resto de los departamentos, “es interesante conocer la mirada de las organizaciones territoriales”, pero “sabemos perfectamente que siempre el acceso de derechos por fuera de Montevideo es cada vez más complejo”, dijo Buquet. A modo de ejemplo, la activista relató que, en la marcha de Las Piedras, celebrada el 15 de setiembre, la Intendencia de Canelones no le cedió al Colectivo Diverso de Las Piedras, su organizador, “un montón de cosas que le iba a brindar”. A raíz de ese suceso, varias organizaciones lamentaron en un comunicado tener que “denunciar el accionar de algunas direcciones institucionales que no habilitaron los recursos solicitados” que se habían comprometido a otorgar unos meses antes, como un escenario, gazebos, contenedores para basura y baños químicos.
“Todo aquello que nos haga tener libertad de pensamiento es recortado”
Un día antes de los hechos, Paula Moreno, vocera del Colectivo Diverso Las Piedras, conversó con la diaria y expresó algo similar a lo dicho por Buquet. “Cuanto más al interior te vas, menos derechos tenés”, reflexionó, tras referirse a la divergencia entre la capital y el interior del país. En algunas zonas del territorio nacional “hay gente que no tiene información y muchas veces no hay colectivos organizados que planteen esta situación o que se organicen para luchar por sus derechos”, observó. En ese sentido, es fundamental “meterle mucha pila al interior y descentralizar las luchas porque las realidades son distintas”, subrayó.
De todas formas, más allá o más acá, “todavía seguimos esperando que surja un cambio real”, admitió Moreno. “La población LGBTI+ sigue siendo discriminada y violentada, sigue sin tener acceso a los derechos, sin tener acceso al trabajo, sin tener acceso a la educación”, y por eso “para nosotres es importante salir a tomar las calles de una forma festiva y alegre, pero también reivindicando y denunciando lo que nos está sucediendo”, declaró.
Al repasar los puntos de mayor preocupación, Moreno destacó la situación de la comunidad trans. La Ley Integral para Personas Trans, aprobada en octubre de 2018 con el objetivo de desarrollar políticas públicas para disminuir la discriminación estructural que enfrenta esta población, no ha cumplido con sus objetivos, según Moreno. Lo que surge es que “los dispositivos que el Estado genera para implementar estas leyes no son los correctos”, porque aún “no hay una inclusión real”. Una vez más, se explicita que “estamos viviendo uno de los más grandes recortes en nuestro país”, dijo Moreno. De hecho, añadió, “todo aquello que nos haga tener libertad de pensamiento es recortado”.