Tras ocho intentos fallidos desde 2007, el Senado de Colombia finalmente aprobó por unanimidad un proyecto de ley que prohíbe el matrimonio infantil y las uniones tempranas con niñas, niños y adolescentes. En concreto, la iniciativa –que ya tenía la media sanción de la Cámara de Representantes– modifica el Código Civil para aumentar de 14 a 18 años la edad mínima para casarse, eliminando un artículo vigente desde 1887 que permitía el matrimonio de mayores de 14 que tuvieran el permiso de sus progenitores.
A su vez, prevé la creación de un programa nacional de atención integral a proyectos de vida, dirigido a infancias y adolescencias, para prevenir las uniones tempranas.
El proyecto, que fue promovido bajo el lema “Son niñas, no esposas”, se convertirá en ley una vez que tenga la sanción del presidente colombiano, Gustavo Petro.
“Colombia sale de la vergonzosa lista de países que permiten el matrimonio infantil”, celebró en X la congresista Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, una de las impulsoras de la ley. “#SonNiñasNoEsposas es ahora una realidad que protege el derecho de nuestras niñas a vivir plenamente su infancia”, agregó.
Efectivamente, Colombia ocupa el puesto número 20 a nivel mundial por el número de niñas y adolescentes que se casan antes de los 15 años, según el informe de Unicef Análisis de situación de los matrimonios infantiles y las uniones tempranas en Colombia, publicado en 2023. El reporte revela que el país también ocupa el puesto número 11 a escala global por las niñas y adolescentes que contraen matrimonio antes de los 18 años.
Sólo en 2023 fueron celebrados 114 matrimonios infantiles en suelo colombiano, según cifras oficiales consignadas por el canal France 24.
Una práctica nociva que continúa arraigada en la región
Una vez que Colombia salga de la lista, en América Latina todavía existirán 21 países en los que está permitido el matrimonio antes de los 18 años. Uno de ellos es Uruguay, donde la normativa vigente desde 2013 establece la edad mínima para casarse en 16 años y no especifica límites para quienes tengan menos de 18 si presentan el consentimiento expreso de los padres.
En abril de 2023, senadoras y senadores del Frente Amplio presentaron un proyecto de ley para aumentar la edad mínima a 18 años, pero no logró avanzar desde entonces.
Tanto Unicef como otros organismos dedicados a la defensa de los derechos de las infancias alertan sobre las consecuencias que tienen las uniones tempranas en la vida de las niñas y las adolescentes, incluidas la exposición a embarazos no deseados y mortalidad materna, mayores riesgos de vivir situaciones de violencia de género y específicamente violencia sexual, transmisión intergeneracional de la pobreza y una alta tendencia a la deserción escolar, lo que a la vez impacta en la pérdida de autonomía económica.