Esta semana se celebran dos hitos importantes: el viernes es el Día Internacional del Orgullo LGBTI+ y el domingo las elecciones internas en Uruguay. El escenario invita a reflexionar sobre qué propuestas incluyen los programas de las precandidatas y los precandidatos con más intención de voto para atender las necesidades de las disidencias y proteger sus derechos.
Una lectura minuciosa revela, en primer lugar, que ninguno de los programas analizados incluye un apartado dedicado específicamente a la diversidad sexual, sino que, en los casos que plantean alguna medida en la materia, se trata de puntos abordados en los capítulos sobre temas de género.
El programa único del Frente Amplio (FA) –que alcanza a Carolina Cosse, Yamandú Orsi y Andrés Lima– es el que lo aborda de manera más amplia. Para empezar, plantea la interseccionalidad como uno de los “conceptos estructuradores” de la propuesta programática y detalla que las políticas deben tener este enfoque para atender múltiples discriminaciones, como las de “clase, género, étnico-raciales, por discapacidades, generacionales y territoriales, entre otras”.
El documento del FA, de hecho, contempla acciones orientadas a las disidencias en distintos ejes temáticos (y no sólo en el que está enfocado en género), como formación política, autonomía económica, educación, violencia de género, salud e incluso en los capítulos sobre política exterior y defensa nacional. El que abarca más acciones para la población LGBTI+ es el eje de salud, que entre otras cosas propone promover la capacitación continua del personal en diversidad sexual y garantizar la atención integral concretamente de las personas trans “mediante el acceso a tratamientos hormonales y de reafirmación de género para quienes lo decidan”.
Por su parte, la precandidata del Partido Nacional Laura Raffo incluye en el apartado sobre políticas sociales un punto referido a “la mirada interseccional y transversal” que a su entender debe atravesar las políticas públicas porque “las desigualdades sistémicas se configuran a partir de la superposición de diferentes factores sociales”. Entre las medidas que plantea aparece incorporar “en todos los planes y programas” la “promoción de la no discriminación y el acceso a derechos de determinados colectivos” como el de la “diversidad sexual”, y garantizar el “efectivo cumplimiento de las acciones afirmativas dirigidas a distintas poblaciones en situaciones de vulneración de derechos”, una lista que incluye la Ley Integral para Personas Trans (2018).
En los demás programas la mención a las disidencias es muy puntual o incluso nula. En la propuesta programática del precandidato nacionalista con más chances de ganar las internas, Álvaro Delgado, no hay ni una sola referencia a la población LGBTI+. El apartado sobre género refiere exclusivamente a mujeres (cis) y, si bien la palabra “diversidad” aparece varias veces, lo hace en su acepción más amplia.
Tampoco hay referencias al tema en el programa del precandidato que lidera las encuestas en el Partido Colorado, Andrés Ojeda. Este es otro caso en el que el capítulo sobre género apunta exclusivamente a medidas orientadas a las mujeres.
El plan del precandidato colorado Robert Silva también está redactado de manera bastante binaria y con un apartado de género que se enfoca sólo en las mujeres. Hay una sola mención a la población LGBTI+ dentro de las propuestas para combatir la trata de personas: allí, entre otras cosas, plantea trabajar en un “programa de casas seguras para la acogida de víctimas identificadas” y especifica que esto abarca “de manera inclusiva” a “hombres, mujeres y población LGBTI+”.
Además de que fue poco contemplado en la mayoría de los programas, el tema tampoco se coló en los discursos que se escucharon durante esta campaña electoral.
Para contrarrestar esta invisibilización, la diaria consultó a activistas LGBTI+ sobre cuáles son las urgencias que atraviesa hoy la comunidad y que el próximo gobierno debería definir como prioritarias.
Acceso a la salud
Las personas consultadas coincidieron en que una de las urgencias actuales es el cumplimiento cabal de la Ley Integral para Personas Trans. En particular, cuestionaron el incumplimiento de los artículos referidos al acceso a la salud.
Para Rodrigo Falcón, presidente del colectivo Transboys Uruguay (TBU), en esta materia hubo directamente un “retroceso”. “En 2020 vino la pandemia y fue la gran excusa para que se frenara todo lo que son las cirugías [de reafirmación de género], pero ya pasó, ya estamos a más de cuatro años de ese hecho y las cirugías aún están frenadas”, señaló en esa línea. Es el caso particular de las cirugías de adecuación genital para mujeres trans, que “están suspendidas”, puntualizó el activista, y agregó: “Conozco gente que desde el año pasado tenía todo para operarse y no la llamaron más”.
Por otro lado, cuestionó que en Uruguay no existan profesionales capacitados para hacer cirugías de adecuación genital para varones trans y que haya sólo un centro de referencia en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) –el del Centro Hospitalario Pereira Rossell– que haga las cirugías de masculinización pectoral.
En cuanto a los tratamientos de hormonización, Falcón dijo que “se venía trabajando en la descentralización para que no todo el mundo tuviera que ir desde distintas partes del país” a buscar la autorización y la receta al hospital Saint Bois, pero que todavía no se concretó.
El presidente de TBU aseguró que por eso habla de “retroceso”: porque no solamente no hay interés por avanzar y, por ejemplo, hacer las cirugías de adecuación genital para varones trans, sino que “tampoco hay interés en seguir haciendo lo que ya se hacía”. Dijo que la situación incluye no sólo a los prestadores públicos sino también a los privados –a modo de ejemplo, recordó que sólo dos mutualistas realizan la cirugía de masculinización pectoral–, y que el panorama es más complicado en el interior del país.
“Una de las cosas que se nos dicen es que hay que denunciar ante el Ministerio de Salud Pública, pero cuando lo hacés, el Ministerio de Salud Pública no hace nada. Es decir, lo que hace es mandar un mail al prestador de salud diciendo ‘ustedes no están cumpliendo con la ley, tienen que hacer la cirugía’. Desde el prestador de salud responden que no la van a hacer y ahí queda, porque dentro de la ley no está prevista una sanción por no cumplir”, enfatizó Falcón.
La activista Magdalena Bessonart, integrante del colectivo Ovejas Negras, agregó que, en materia de salud, además de monitorear el efectivo cumplimiento de la ley trans hay que garantizar el de “todas las leyes que protegen” a la población LGBTI+ en esa área, como la ley de reproducción asistida o la que establece el derecho a la no discriminación por orientación sexual o identidad de género, y “a un trato amigable, digno y respetuoso”.
Formación del funcionariado, cupo laboral y vivienda
Bessonart aseguró que otra de las prioridades debería ser “potenciar” la “formación transversal del funcionariado en todos los entes y ministerios”, a la vez de contribuir para “hacer agentes multiplicadores a estudiantes y personal de educación media, secundaria y UTU, mediante el trabajo también con las organizaciones”.
Garantizar el acceso al trabajo también es urgente, sobre todo para las personas trans, que son el colectivo que enfrenta mayor discriminación, estigmatización y exclusión. A casi seis años de aprobada la ley, activistas vienen denunciando desde hace un tiempo que los organismos públicos aún están lejos de cumplir con la disposición que establece que el 1% de los puestos de trabajo debe ser ocupado por personas trans.
Uno de los obstáculos para acceder a ese cupo tiene que ver con algunos de los requisitos. En ese sentido, Falcón dijo que “las nuevas generaciones, los gurises que tienen un nivel de estudio, que han terminado el liceo, pueden concursar para ese 1%”, pero que el escenario es distinto para “la gente mayor que no ha culminado los estudios”. “Muchos han terminado la escuela, tienen primero o segundo año de liceo cuando mucho, y no pueden demorar años en terminar el liceo para después poder concursar”. En estos casos, afirmó que “hay que dar una respuesta laboral” y que esta tiene que ser “ahora”.
También es una deuda el acceso a la vivienda, “que también está en la ley trans, pero es un tema del que nunca se ha hablado”, cuestionó Falcón, y dijo que “nunca se hizo un llamado especial para que personas trans tengan prioridad a la hora de tener su casa”.
Erradicar la violencia y la discriminación
“La urgencia que tenemos, primero, es la lucha contra la violencia y la discriminación, una lucha que venimos dando históricamente y todavía seguimos en ese proceso, porque hay que hacer un cambio cultural”, apuntó Paula Moreno, integrante del Colectivo Diverso Las Piedras y de la Coordinadora de la Marcha de la Diversidad.
Para la activista, “hay que mejorar los dispositivos de lucha contra la discriminación y trabajar mucho en la implementación de las políticas públicas en materia de derechos para la población trans específicamente, que “sigue siendo vulnerada a la hora de buscar trabajo, que es discriminada en lo cotidiano” y que vive distintas formas de violencia “en todos los espacios”.
Bessonart también mencionó la necesidad de que haya “mecanismos de protección” para las personas LGBTI+ “cuando nos atacan, cuando nos violentan, cuando nos discriminan, porque los crímenes de odio y de violencia relacionados a la orientación sexual y especialmente a la identidad de género todavía siguen sucediendo y tendrían que ser una preocupación central para cualquier gobierno que defienda los derechos humanos”.
Moreno dijo que “si bien hemos avanzado en materia de políticas públicas, falta un montón en la práctica”, en parte porque “todavía no hay un compromiso real institucional”, por lo que “el compromiso político tiene que estar”. Quizás uno de los primeros pasos en ese camino tenga que ver con “jerarquizar” el Consejo Nacional de Diversidad Sexual, planteó Bessonart, para que “no sea solamente un espacio de catarsis o de puesta al día, sino que se le dé –y eso es una decisión política– la jerarquía que merece, en paralelo con políticas de descentralización para la promoción de derechos de la población LGBTI+ en todo el país”.