Frente a un escenario de desmantelamiento de la institucionalidad y las políticas de género de Argentina, cinco organizaciones presentaron una acción judicial colectiva contra el gobierno que lidera Javier Milei para que informe cómo cumplirá con las obligaciones legales que tiene el Estado para prevenir la violencia de género. La demanda se dirige al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Justicia, la cartera que absorbió estas políticas tras la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.
En diciembre, ese ministerio fue reducido a la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que primero estuvo en la órbita del Ministerio de Capital Humano, en mayo pasó a funcionar en el de Justicia, y a principios de junio finalmente fue disuelta. Esta última medida estuvo acompañada unas semanas después de una ola de despidos que afectó a 85% de las trabajadoras y trabajadores del área. El impacto se sintió especialmente en el funcionamiento de la línea 144 de asistencia telefónica gratuita a víctimas de violencia de género, ya que el viernes pasado fue despedido 42% del plantel de operadoras, según informó Página 12.
Con la eliminación de la subsecretaría, “las mujeres, adolescentes y niñas se enfrentarán a un retroceso de más de 30 años en la protección de sus derechos. Además, Argentina pasaría a ser el único país en América Latina sin institución a cargo de las políticas de equidad de género”, afirman en la demanda el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el colectivo Ni Una Menos, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, Mujeres por Mujeres, y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer. “El accionar del Poder Ejecutivo Nacional y el Ministerio de Justicia no sólo vulnera derechos individuales sino que además afecta gravemente la calidad democrática de nuestras instituciones, por cuanto estas medidas se han tomado desconociendo las obligaciones legales que rigen en la materia y los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben guiar todo el accionar estatal”, agregan las organizaciones impulsoras.
Los colectivos presentaron lo que se denomina legalmente una “acción declarativa de certeza”, que lo que exige es que los organismos demandados aclaren “el estado de incertidumbre en el que se encuentran niñas, adolescentes y mujeres víctimas y potenciales víctimas de violencia de género, ante el supuesto cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y de 81 Centros de Acceso a la Justicia que en los últimos 15 años han ayudado a miles de mujeres a encontrar respuestas frente a la violencia”.
En esa línea, los colectivos piden que se especifique cuál será el organismo encargado de dar cumplimiento a las obligaciones legales en materia de violencias, cuáles son los programas de prevención, asistencia y acceso a la Justicia que seguirán vigentes, y cómo dará cumplimiento a los “compromisos asumidos internacionalmente para abordar esta problemática”. A nivel nacional, reclaman que se aclare qué organismo será el encargado de monitorear de ahora en más el cumplimiento de la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la Ley Micaela –de capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública– y la ley que crea el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género.
En el primer semestre de 2024, se registraron 136 femicidios, tres lesbicidios, un trans-travesticidio y 11 femicidios vinculados de varones adultos y niños en Argentina, según el informe más reciente del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, de la organización La Casa del Encuentro.