La violencia sexual abarca un amplio espectro de situaciones que van desde el acoso callejero, un beso forzado o los tocamientos no consentidos hasta la violación o la trata, por poner algunos ejemplos. No todas configuran delitos, pero absolutamente todas, en mayor o menor medida, pueden impactar en la salud física, mental, sexual y reproductiva de la persona violentada.
La Organización Mundial de la Salud estima que una de cada tres mujeres en el mundo sufrió una forma de violencia sexual en algún momento de su vida. En Uruguay es el tipo más prevalente de violencia de género en el ámbito público, el tercero en el contexto familiar y el cuarto en el marco de la pareja o expareja, según los datos de la Segunda Encuesta Nacional de Prevalencia de Violencia de Género y Generaciones (2019). Sólo el año pasado el Ministerio del Interior recibió 3.328 denuncias de delitos sexuales –una categoría que incluye abuso sexual, violación y atentado violento al pudor–. Nueve por día.
Es probable que los casos sean muchos más, porque no todas las víctimas pueden o quieren denunciar. En particular cuando se trata de una de las violencias más naturalizadas y cuyas víctimas cargan con el mayor estigma.
La violencia sexual es también una de las que más se ejercen contra niñas, niños y adolescentes: constituyó 22% de los casos detectados en 2023 por el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav).
Hay otros datos y variables que reflejan la dimensión del problema. Sin embargo, un mapeo por los servicios que contemplan la atención a las víctimas da cuenta de que la respuesta del Estado es insuficiente. Para empezar, no existe un mecanismo específico que dé respuesta a todas las manifestaciones de violencia sexual. Pero, a su vez, los que sí contemplan este tipo de violencia están desbordados; en muchos casos no llegan a cubrir todas las necesidades de una persona que vivió situaciones tan traumáticas, o se limita a la atención de poblaciones determinadas, dejando al resto de las personas sin amparo.
Los servicios disponibles
Este artículo se centra específicamente en los servicios de atención y no en la respuesta de la Justicia o del sistema de salud, por nombrar dos áreas centrales en el abordaje de la violencia sexual.
El primer recurso que aparece en ese sentido es el de los servicios de atención a víctimas de violencia de género del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), que ofrecen apoyo psicosocial y legal en todo el país. Sin embargo, están dirigidos únicamente a mujeres mayores de 18 años y que, además, hayan atravesado una situación de violencia doméstica en el marco de una relación de pareja o expareja.
Esto deja afuera a las que sufrieron violencia sexual por parte de un desconocido o un compañero de clase o un colega del trabajo o incluso un amigo o un familiar. Tampoco contempla a las que fueron acosadas o abusadas en un boliche, en un concierto, en el transporte público, en la calle, en un camping. En esos casos, Inmujeres les brinda una primera atención y luego las deriva. En Montevideo, quedan a disposición de Comuna Mujer, gestionada por la intendencia, que sí da respuesta a todas las manifestaciones de violencia sexual. No está claro qué pasa en el resto de los departamentos.
Inmujeres también está a cargo de un servicio que brinda asistencia y acompañamiento psicológico, social y legal a víctimas de trata con fines de explotación sexual. Pueden acceder mujeres mayores de 18 años que estén en esa situación, incluidas extranjeras dentro del territorio nacional y uruguayas en otros países. Sin embargo, hoy en día el servicio está en un impasse luego de que el Ministerio de Desarrollo Social finalizara el convenio con la organización que lo gestionaba, El Paso, y abriera un llamado para formar otro equipo, algo que todavía no se concretó, según supo la diaria.
En el caso de las niñas, niños y adolescentes, la respuesta corresponde al Instituto del Niño y Adolescente (INAU), que gestiona –también en convenio con El Paso– servicios de atención a toda forma de violencia, con acompañamiento psicológico y asesoramiento legal. En los últimos años, estos dispositivos han atendido “más o menos la misma cantidad de situaciones de maltrato físico y psicológico dentro del hogar como de situaciones de abuso sexual”, especificó a la diaria la trabajadora social e investigadora Andrea Tuana, directora de El Paso.
Por otra parte, y pese a anunciar su eventual creación, INAU todavía no cuenta con un centro 24 horas de alcance nacional especializado en la atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual, cuyos casos vienen en aumento sostenido desde 2019, de acuerdo a las cifras del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees). Actualmente, son derivados a los centros 24 horas “comunes”, es decir, no especializados. Existe el Proyecto Travesía, que brinda atención a niñas, niños y adolescentes en situación de explotación sexual comercial y/o trata, pero sólo funciona en Montevideo y es de tiempo parcial.
Una respuesta que se queda corta
Tuana aseguró que los servicios del INAU gestionados en convenio con El Paso funcionan bien pero tienen “limitaciones” porque se “quedan cortos” frente a algunas situaciones. “No son suficientes en cantidad, porque todos los servicios tienen lista de espera, y, además, en los casos de violencia sexual crónicos, requieren otras necesidades que el modelo de atención actual no brinda, y que sería necesario complementar con otras acciones”, consideró.
Para explicarlo mejor, mencionó casos en donde “los niveles de daño son tan profundos que se requieren intervenciones que tengan en cuenta el aspecto de lo traumático”, como la psicoterapia. “Hay casos, por ejemplo abusos sexuales intrafamiliares crónicos, en donde los niños tienen unos niveles de afectación que muchas veces requieren un equipo que esté diariamente conectado, acompañando y ayudando a ese niño o niña en la inserción dentro de su familia, en la escuela, en la comunidad. Pasan muchas cosas que requerirían un servicio que estuviera permanentemente, una puerta de emergencia con equipos especializados a la que uno pudiera acudir”, pero hoy el sistema de respuesta “no tiene todo eso” o “por lo menos no lo tiene con las características que serían necesarias para estos casos tan graves”, detalló.
El panorama es similar respecto a la atención a las mujeres adultas. “Con la cantidad de recursos humanos que tenés, podés recepcionar, atender, dar una primera contención, asesorar y después hacer un seguimiento, pero ese seguimiento va a ser poco frecuente porque la demanda es altísima”, afirmó Tuana.
En ese sentido, insistió en que “son muchas las aristas que se ven tocadas cuando tenés una víctima de violencia sexual en donde el nivel de afectación es muy alto”. “Requiere otros abordajes, intervenciones semanales, un técnico con disponibilidad para poder intervenir fuera de horario, para coordinar con el psiquiatra tratante, para poder coordinar con el equipo de la Fiscalía, para hacer una intervención a nivel familiar”, enumeró. Y puso otro ejemplo: “Tenemos víctimas con múltiples intentos de autoeliminación y eso genera un nivel de tensión en los equipos, porque muchas veces la familia te está llamando a las diez de la noche cuando hubo un intento, tenés que hacer las coordinaciones porque es algo agudo, entonces hay un equipo que la ve hoy pero cuando hace otro intento, a los tres meses, la ve otro”.
Estamos ante “un modelo de respuesta en violencia sexual que queda corto para las necesidades de las víctimas”, no solamente por los recursos humanos, “sino por cómo está pensado”, sintetizó Tuana.
Frente a esto, es necesario “generar modelos de intervención mucho más amplios, que impliquen distintas dimensiones y sobre todo una disponibilidad de los recursos humanos en los momentos de crisis”, propuso la especialista. Particularmente, dijo que debería haber servicios especializados con personal formado en violencia sexual, que tengan un equipo de trabajo “de respuesta inmediata y respuesta en crisis”, y contemplen a su vez un “equipo de tratamiento”, que es el que hace el “abordaje del efecto traumático” una vez que la persona “está estabilizada mínimamente”.
Además de eso, hay que contar con profesionales que puedan trabajar a nivel comunitario, con la familia, con el sistema educativo si es una víctima que está estudiando o a nivel laboral si está trabajando, porque “la violencia sexual impacta en la persona y en donde la persona se relaciona”, enfatizó Tuana, y agregó: “Estamos hablando de un equipo mucho más grande que cuatro técnicos”.
Dos experiencias desde la sociedad civil
Los huecos en las respuestas institucionales llevaron a organizaciones de la sociedad civil a impulsar algunas iniciativas que buscan apoyar a las sobrevivientes de violencia sexual desde distintos lugares. Dos que se destacan son la experiencia de los grupos de reparación impulsados por el Proyecto Autonomías Colectivas contra la Violencia de Género, de El Abrojo y El Paso; y el Proyecto Ikove, un colectivo conformado por más de 20 sobrevivientes de violencia sexual y personas aliadas que hará su lanzamiento oficial el mes que viene.
La primera iniciativa, que tuvo su génesis en un plan piloto impulsado por Cotidiano Mujer, reunió entre octubre de 2021 y setiembre de 2023 a 61 mujeres que sufrieron violencia sexual en diez grupos conformados en Montevideo, Canelones, Flores, Rivera, Cerro Largo y Salto. Con el acompañamiento de psicólogas y abogadas, el objetivo fue “trabajar colectivamente tanto en los aspectos psicológicos y terapéuticos como en los judiciales para facilitar las denuncias correspondientes en el caso que ameritara”, según se describe en la guía Devolver la culpa a los culpables, que detalla cómo fue el proceso piloto.
A fines del año pasado, Autonomías Colectivas presentó un informe con la evaluación de la experiencia entre 2021 y 2023 y los resultados de una encuesta realizada a 54 mujeres que participaron en esos grupos. Una de las cosas que destacaron tanto las participantes como las técnicas que las acompañaron fue la necesidad de contar con “servicios en territorio que den respuestas eficientes y efectivas”, especialmente en el sistema de salud, salud mental y acceso a la Justicia. También señalaron como preocupación la “falta de un servicio de psicoterapia individual en el sistema de salud”, ya que “quienes no pueden costear un tratamiento privado no acceden”.
Por su parte, el Proyecto Ikove –que en guaraní significa “sobrevivir”– se propone trabajar en torno a tres ejes: prevención, reparación y justicia. El colectivo está integrado por personas que, además de haber sobrevivido a la violencia sexual, se formaron sobre el tema y hoy están unidas por “la conciencia sobre la cantidad de faltas que tiene este sistema para con nuestras experiencias”, explicó a la diaria Victoria Marichal, una de sus integrantes, que es además psicóloga especializada en violencia de género.
Entre esas “faltas”, Marichal mencionó “los estigmas del exterior, la sensación de culpa, la falta de educación sexual integral o la prescripción de los delitos sexuales que hace que muchas de las sobrevivientes no hayan podido llevar adelante un proceso penal a pesar de querer hacerlo”. “Cuando empezamos a ver que más allá de haber vivido experiencias distintas, en contextos distintos, en momentos históricos distintos, hay cuestiones que se van repitiendo, vemos que hay una falta que tiene que ver con lo estatal, con una desprotección a las víctimas y una revictimización constante”, aseguró.
La psicóloga aclaró que no se trata de un grupo terapéutico, en tanto “no es un colectivo donde estemos trabajando sobre nuestras experiencias desde un lugar individual, sino que estamos colectivizándolas, viendo cuáles son las carencias que tiene el Estado y pensando qué podemos hacer frente a esto”. Ese hacer incluye entre otras cosas impulsar proyectos de ley “que puedan garantizar los derechos necesarios para toda víctima y sobreviviente de violencia sexual”, como el que aboga por la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes, que fue presentado por el Frente Amplio en 2020 y está estancado desde entonces.
En la base de todo está la “necesidad de visibilizar la problemática”, puntualizó Marichal, porque “no podemos pensar en un cambio real a nivel estatal y de leyes y de políticas públicas si seguimos negando que esto ocurre todos los días”.