El embarazo forzado y la maternidad forzada vulneran los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual. Esa es la principal conclusión a la que llegó el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) después de analizar tres casos, uno de Ecuador y dos de Nicaragua, en los que niñas de 12 y 13 años quedaron embarazadas después de sufrir violaciones y fueron obligadas a ser madres.
El organismo reconoció que los dos estados vulneraron los derechos de Norma, Susana y Lucía (seudónimos para proteger su identidad) a la vida digna, a interponer recursos efectivos ante la Justicia, a no sufrir tortura ni tratos crueles e inhumanos, a la vida privada, a la información, y a la igualdad y no discriminación. A su vez, les exigió implementar medidas de reparación para las víctimas y de no repetición para prevenir que cualquier otra niña tenga que vivir lo mismo.
Como resultado de estas decisiones, el comité de la ONU reafirmó que todos los estados miembro están obligados a garantizar el aborto y eliminar los obstáculos existentes para que niñas, mujeres y todas las personas puedan acceder a estos servicios, especialmente cuando se trata de embarazos producto de violencia sexual, o cuando implican riesgos para la vida y la salud. Además, instó a los países a eliminar las barreras que hay en el acceso efectivo de las mujeres y las niñas a la Justicia, y recordó que, cuando se trata de niñas, “la impunidad constituye un agravante”.
Las decisiones, que fueron emitidas este lunes, responden a una estrategia de litigio internacional impulsada por el movimiento “Son niñas, no madres”, conformado por más de una decena de organizaciones regionales, que desde 2019 trabaja para visibilizar las consecuencias de la violencia sexual y las maternidades forzadas en la vida de las niñas latinoamericanas.
La coalición calificó las sentencias del comité como “un hito en la garantía de los derechos reproductivos a nivel global, pues obliga a los estados a que modifiquen su legislación para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo y que las niñas no enfrenten embarazos y maternidades forzadas”. “Las decisiones son históricas porque, por primera vez, el comité reconoce que la maternidad forzada interrumpe y obstaculiza los objetivos personales, familiares, educativos y profesionales; restringe gravemente el proyecto de vida de las niñas y afecta su derecho a una vida digna”, aseguró el movimiento en un comunicado.
Las organizaciones recordaron que a estas decisiones se suma la condena que el Comité de Derechos del Niño de la ONU emitió contra Perú el 13 de junio de 2023, también resultado de la estrategia de “Son niñas, no madres”, por el caso de Camila, una niña que a los 13 años, después de sufrir violaciones reiteradas por parte de su padre, fue forzada a continuar su embarazo y luego criminalizada por sufrir un aborto involuntario.
Los casos de Norma, Susana y Lucía
Norma es ecuatoriana y tenía 13 años cuando quedó embarazada después de ser violada por su padre, quien anteriormente había abusado de otras niñas de la familia y había sido denunciado a las autoridades por esos delitos. En Ecuador, la interrupción del embarazo es legal cuando se practica para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer y, desde 2021, también en casos de violación, aunque con un plazo de 12 semanas de gestación. Pese a esto, Norma se vio obligada a llevar su embarazo a término y dar a luz al niño. “A pesar de su clara y expresada voluntad de entregar a su hijo para que fuera criado por miembros de su familia, fue mal informada sobre las opciones de adopción y terminó viéndose obligada a criar al niño en la pobreza y sin acceso a la educación”, señaló el movimiento en el comunicado.
Susana es de Nicaragua –donde el aborto está totalmente prohibido– y tenía seis años cuando su abuelo, con quien convivía, comenzó a abusar sexualmente de ella. Tras violaciones que se dieron de manera sistemática durante años, quedó embarazada a los 12. “Un día después de que naciera el bebé, Susana presentó una denuncia penal y solicitó protección de su abuelo abusivo. Después de que se emitiera una orden de detención, las autoridades le informaron que no podían hacer cumplir dicha orden ni brindarle otras garantías de seguridad porque su abuelo formaba parte de un grupo armado que controlaba la zona”, relató la plataforma regional. En este escenario, Susana “no tuvo otra opción que quedarse con el niño, quien ahora es criado por su abuela”.
Lucía también es nicaragüense y tenía 13 años cuando el sacerdote de su comunidad comenzó a violarla. Tras varios meses de abusos, quedó embarazada. Con el apoyo de sus padres, la niña presentó una denuncia penal contra el violador. Sin embargo, las autoridades no tomaron ninguna medida. “Al igual que en el caso de Susana, Lucía no pudo acceder al aborto y terminó siendo obligada a llevar su embarazo a término. Durante el parto, fue sometida a abusos psicológicos y físicos y maltrato por parte del personal médico, lo que resultó en su revictimización”, indicó el movimiento. El hijo de Lucía es ahora criado por sus abuelos.
Norma, Susana y Lucía decidieron llevar sus casos ante la ONU porque fueron ignoradas, revictimizadas y desprotegidas por las autoridades de sus propios países. Ahora, Ecuador y Nicaragua tienen 180 días para presentar avances en la implementación de las recomendaciones del comité y en el cumplimiento de las medidas de reparación para las tres niñas, que entre otras cosas incluyen un pedido de disculpas públicas, una indemnización, acompañamiento psicosocial y que ellas y sus hijos puedan terminar sus estudios.