En un dictamen sin precedentes, el Comité de los Derechos del Niño (CDN) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que Perú violó los derechos de Camila, una niña indígena y rural víctima de violación, al no garantizarle el acceso al aborto terapéutico y procesarla penalmente por un aborto autoinfligido.

En el mismo documento, el organismo le exigió al Estado peruano que despenalice el aborto en todos los casos de embarazo infantil, que garantice el acceso de las niñas embarazadas a servicios de aborto seguro y atención posaborto –especialmente en casos de riesgo para la vida y la salud de la madre, violación o incesto–, y que modifique la normativa que regula el acceso al aborto terapéutico para prever su aplicación específica a las niñas. Hoy en día, el aborto en el país es penalizado excepto en casos de riesgo de vida o de salud de la mujer.

El fallo del CDN es una respuesta a la denuncia presentada en octubre de 2020 por Camila (nombre ficticio para proteger su identidad), que sufrió violaciones por parte de su padre desde los nueve hasta los 13 años, cuando quedó embarazada como resultado de los abusos.

Camila nació en Huanipaca, departamento de Apurímac, una zona rural de la sierra peruana. En 2017, cuando quedó embarazada, un familiar la llevó a un hospital, “donde rompió en llanto y anunció al personal de salud que no quería tener un hijo de su padre ni estar embarazada”, según se lee en el texto. “Esa petición fue reiterada en muchas visitas médicas posteriores mientras su estado de salud mental se fue agravando. Sin embargo, no le informaron de su derecho a solicitar el aborto terapéutico”, señala el comité.

El dictamen recuerda que, con el apoyo de la organización Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, Camila solicitó al hospital el acceso al aborto terapéutico conforme a la legislación nacional, y presentó una solicitud de interrupción voluntaria del embarazo a la fiscal que estaba a cargo de la investigación penal por violación. “Nunca recibió respuesta del hospital ni de las autoridades judiciales”, agrega el texto. “Por el contrario, el personal médico insistió en organizar controles prenatales regulares ignorando el estado de Camila” y, cuando la niña no acudía, “el personal médico se personó varias veces a su casa, en ocasiones acompañado de agentes de Policía, para presionarla a que continuara con el embarazo, lo que provocó su estigmatización y acoso en su familia y comunidad y la obligó a abandonar la escuela y, más tarde, su pueblo”.

Después de tener un aborto espontáneo, Camila fue acusada y condenada por auto aborto. De acuerdo con el comité, la niña fue acosada por la fiscal que estaba a cargo de su caso de violación, que “ordenó el examen de la escena del crimen con la presencia obligatoria de Camila y su padre”, el agresor, que fue sentenciado a cadena perpetua en 2019, según informó el medio peruano El Comercio.

Revictimizada y discriminada

El CDN consideró que la falta de información sobre los servicios de interrupción voluntaria del embarazo y de acceso efectivo a ellos “expuso a Camila a un riesgo real, personal y previsible para su vida y su salud”. A la vez, puntualizó que “la situación se vio exacerbada por la condición de Camila de víctima de violación por parte de su padre, lo que agravó aún más las consecuencias del embarazo en su salud mental”.

Por otra parte, observó que “fue revictimizada por las autoridades sanitarias, policiales y judiciales, ya que su solicitud de aborto fue repetidamente ignorada, su hogar y su escuela fueron frecuentemente invadidos y fue procesada por autoaborto”. Por eso, afirmó que Camila “fue objeto de discriminación por motivos de edad, género, origen étnico y condición social”, y consideró además que la falta de acceso a un aborto seguro “constituyó en sí mismo un trato diferenciado basado en su género, que le negó el acceso a un servicio esencial para su salud, castigándola por no cumplir los estereotipos de género sobre su función reproductiva”.

Perú registra cada día cuatro nacimientos en niñas de diez a 14 años, en todos los casos producto de violaciones, según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) citados por El Comercio. En 2020, el país registró 1.158 niñas de esa edad que dieron a luz, en 2021 el número ascendió a 1.437 y en 2022 a 1.626 niñas. El representante del Unfpa en Perú, Hugo González, explicó al medio peruano que las cifras corresponden a niñas que llegaron a parir a un bebé vivo, lo que implica dos cosas: que el caso de Camila no formaría parte de estas estadísticas y que hay más niñas que quedan embarazadas en Perú.

Luego de que se conoció el dictamen, la presidenta del CDN, Ann Skelton, declaró: “Esperamos sinceramente que este caso contribuya a desencadenar cambios estructurales en la legislación y las instituciones peruanas para que las niñas puedan acceder a un aborto seguro, dado el alto riesgo que los embarazos suponen para su salud y su vida”.