En el marco de la conmemoración del Día Nacional contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, estipulado cada 7 de diciembre, el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees) realizó este martes la presentación del informe titulado Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en Uruguay: entornos digitales y respuesta institucional. Estudio exploratorio desde la perspectiva de operadoras/es de primera línea, desarrollado por el Programa de Género, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República.
La investigación tuvo como propósito recoger la perspectiva de 135 profesionales y técnicos que trabajan directamente con infancias y adolescencias en los sistemas de educación, salud, protección social, justicia, seguridad y organizaciones de la sociedad civil en todo el país. Estos son considerados operadores de primera línea, que tuvieron al menos un caso de explotación sexual en su trayecto profesional, y para el estudio se totalizaron más de 2.500 casos de víctimas.
Por medio de encuestas y entrevistas grupales, operadores de la Administración Nacional de Educación Pública, la Administración de Servicios de Salud del Estado, el Ministerio del Interior, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y la Fiscalía permitieron al equipo de investigación analizar la participación de los entornos digitales, las características de víctimas y agresores, las limitaciones para acceder a la Justicia y la respuesta institucional del sistema de protección.
El informe contó con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. La oficial a cargo para Uruguay, Valeria Ramos, expresó en el evento que “es un estudio que nos habla de la explotación sexual comercial tradicional, en donde las tecnologías lo que han venido a hacer es agravarla, aumentarla y también colocar en situaciones de riesgos a chiquilines y chiquilinas que antes, quizás, no hubieran estado en esa situación”.
Sólo 18,5% de los casos denunciados de explotación sexual infantil y adolescente concluye con una condena
La presentación de los resultados estuvo a cargo de Pablo López y Manuela Costa, parte del equipo que trabajó en el informe, que integran el Programa de Género, Sexualidad y Salud Reproductiva. Desde 2023, tiene como antecedente el estudio del fenómeno en su conjunto, y decidieron “ampliar el foco”, en tanto “los entornos digitales interrumpen en distintos momentos y se entrelazan con la explotación tradicional”, dijo Costa.
El trabajo reveló que 53,5% de los casos atendidos involucró entornos digitales en alguna etapa del proceso de explotación. También que la cuestión digital está presente: 95,5% de los operadores lo considera “muy importante” o “importante” para la facilitación del delito. “Esto confirma que lo digital dejó de ser un fenómeno marginal para convertirse en una dimensión estructural de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes”, afirma el informe.
A su vez, los investigadores constataron un cambio en los factores de riesgo: en la explotación digital, la exposición a la pornografía domina con un 82% y el 75% tiene que ver con el acceso a tecnologías e internet, lo que “amplía los riesgos incluso a adolescentes de contextos considerados protegidos”, visualiza el estudio. Esto contrasta con la explotación tradicional, en donde en 80% de los casos sigue siendo determinante la pobreza extrema.
En el estudio se distinguió una división etaria del tipo de vínculo con las tecnologías. En niños y niñas menores de 12 años, la captación se hace mediante plataformas de videojuegos en línea como Free Fire y Roblox, en los que se utilizan chats para conversaciones privadas. En adolescentes de 12 a 18 años se da el contacto en redes sociales tales como Instagram y Facebook, simulando vínculos afectivos que luego se trasladan a Whatsapp, donde se consolida el control y la exigencia de contenido sexual.
Respecto de las limitaciones para denunciar, 94% de los operadores refiere a que el mayor impedimento se relaciona con el no reconocimiento del delito por parte de víctimas, familias y sociedad –cifra que supera en 10 puntos a la explotación tradicional–. Además, existen las complicaciones propias del entorno digital en la pérdida de evidencia como chats borrados, dispositivos no incautados a tiempo y el desconocimiento de los mecanismos de denuncia.
El informe expone que 79% de los casos de explotación digital son denunciados, pero sólo el 65% son investigados y el 18,5% determinan una condena, lo que vincula una dificultad en el proceso judicial.
Los operadores expresaron que hay una crisis estructural en “un bajo reconocimiento social del delito, fragmentación en el abordaje institucional y débil priorización estatal que favorece condiciones de desprotección y dificultades para el acceso a la justicia”. En tanto, se visualizó que “el sistema no logra garantizar continuidad, especialización, recursos sostenidos y seguimiento a largo plazo”.
Por último, a pesar de la participación de las tecnologías, se advierte que los contextos familiares continúan siendo lugares en los que se comete y facilita la explotación sexual comercial infantil.
Como áreas de fortalecimiento que el equipo del programa reconoció fue la mejora en acceso y continuidad de servicios, robustecer la coordinación entre las instituciones, apuntar a las capacidades de los operadores, que se generen sistemas de información integrados de los casos y una sensibilización social.