“Agradezco esta primera convocatoria, y espero que no sea la última, para poder hablar sobre esto que nos aterra. Más que preocuparnos, este proyecto de ley nos aterra a muchos senadores y senadoras porque es un proyecto de ley de castigo, de disciplinamiento a favor de los pedófilos y de los violentos”, aseguró la senadora argentina Juliana di Tullio, del Partido Justicialista, en el marco del conversatorio “Derecho a la voz”, que se desarrolló a sala llena en el Auditorio del Senado argentino y con más de 250 personas prendidas a la transmisión por Youtube.
La intervención de Di Tullio se sintió casi como una expresión pública de deseo por agendar nuevos encuentros, por seguir construyendo en colectivo los argumentos que logren dar por tierra con la propuesta legislativa impulsada por el oficialismo, que avanza favorablemente en la comisión de Justicia y Asuntos Penales de la cámara alta y que busca aumentar las penas por “falsa denuncia”, “falso testimonio” y “encubrimiento” solamente en causas de violencia de género, abuso o acoso sexual, y violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Es el capítulo local de una cruzada internacional que ya tuvo sus intentonas, por ejemplo, en Uruguay y en España.
“No es un problema que las mujeres, las infancias, las personas cuyos derechos son vulnerados busquen asistencia en las autoridades públicas. El problema es que no lo hacen lo suficiente: hay pocas denuncias o pocos pedidos de asistencia frente a las violencias porque todavía las barreras de acceso a la Justicia son muchas. Son materiales, son simbólicas, económicas, emocionales. Pero, especialmente, el problema real es que la Justicia no resuelve los conflictos, a veces se demoran años. Cuando involucran a niños, niñas, adolescentes o cuando hay situaciones de abuso sexual, lleva más de una década transitar el laberinto de la Justicia sin entender, sin saber; se agravan los problemas, empobreciéndose en el proceso, se pierden trabajos, relaciones. Ninguna mujer, ninguna madre protectora ganó nunca nada”, remarcó Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y una de las técnicas convocadas a la actividad para robustecer la conversación social y ayudar a refutar los relatos que insisten en instalar que las mujeres mienten y que las leyes las amparan mientras los hombres sufren las consecuencias.
Como en Uruguay, en Argentina no existen números oficiales sobre denuncias falsas en general ni específicas en casos que involucren violencia por razones de género. Sin embargo, presente en el Auditorio del Senado, Analía Monferrer, titular de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, se ocupó de compartir información recolectada por este organismo que se creó en 2008 para facilitar el acceso a la Justicia de personas víctimas de violencia doméstica: “Desde el inicio del funcionamiento de la oficina hasta abril de 2026, recibimos 171.021 casos. De ese total, 131.114 fueron denuncias hechas por mujeres a varones –parejas o exparejas–, y dentro de ellas un porcentaje incorpora también situaciones de violencia hacia niñas o niños. En todos los años de trabajo, tuvimos un solo caso de falsa denuncia”.
Monferrer, además, aclaró: “Sobre las absoluciones, hay que saber que muchas veces tienen que ver con que no existieron elementos suficientes para llegar a una condena y no con que la persona mintió. De hecho, desde que estoy en el tribunal no hemos tenido ningún caso en el que hayamos corroborado la mentira de quien denunciaba”.
Abunda evidencia, en cambio, que comprueba que son muy pocas las mujeres que denuncian o buscan ayuda cuando se encuentran atravesando situaciones de violencia en sus vínculos de pareja. En 2022, la Encuesta de Prevalencia de Violencia implementada en el marco de la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea señaló que 45% de las mujeres argentinas consultadas sufrió violencia alguna vez en su vida por parte de su pareja actual o anterior; pero solo una de cada cuatro buscó ayuda o llegó a denunciar. Y, entre las historias más extremas, los datos del último Registro de Femicidios de la Corte Suprema muestran que 18% de las 228 mujeres asesinadas en 2024 había denunciado al victimario y menos de 5% tenía medidas de protección vigentes al momento de la agresión.
Todavía más siniestras son las cifras aportadas en conjunto por el Ministerio Público Fiscal, la Oficina de Investigación y Estadísticas Político-Criminales de la Procuración General de la Nación y el Cuerpo de Peritos Forenses, que estiman que, en Argentina, de cada 1.000 abusos sexuales en la infancia, solo 100 se denuncian y apenas uno recibe condena.
Así las cosas y tal como está planteado, el proyecto de ley en cuestión –que milita enfáticamente la senadora radical Carolina Losada con el explícito visto bueno del ministro de Justicia del gobierno de Javier Milei– parece indicar más una intención de intimidar a las mujeres que sufran violencia de género o a quienes acompañen la denuncia de niños, niñas y adolescentes –medios de comunicación y periodistas inclusive–, antes que perseguir una mejora en el acceso a la Justicia y la protección de personas en situación de vulnerabilidad.
Para Ileana Arduino, coordinadora del Grupo de Trabajo de Feminismos y Justicia Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, se trata a la vez de una invitación al “descompromiso” social: “Hay un proverbio africano que dice que para criar un niño no alcanza una familia, hace falta una comunidad. Tener normas que amedrenten la posibilidad de ser acompañado para alguien que en su casa encuentra el máximo de exposición posible al horror es también un retroceso en términos de políticas de solidaridad y de fortalecimiento comunitario. Porque en estos temas hacen más falta políticas de cuidado que políticas punitivas. Hasta se me ocurre un eslogan: si usted no quiere resolver un problema, proponga una modificación del código penal”.