“¿Quiere Uruguay ser un referente real en derechos humanos, o se conformará con serlo solo en papel?”. Esa es la pregunta disparadora de Amnistía Internacional en el capítulo sobre Uruguay de su informe anual 2025, que abarca a más de 150 países. Este martes, en la presentación, la directora ejecutiva en Uruguay de la organización internacional, Lucía Pérez Chabaneu, apuntó que el informe “busca hacer un balance entre los avances, los retrocesos y los nudos de estancamiento” del país en la materia.

“Identificamos que hay un desgaste institucional y social respecto de los asuntos que tienen que ver con los derechos humanos y las políticas que se desarrollan para responder a esas necesidades”, señaló, y agregó que desde Amnistía se preguntan si “todo tiene que ver” con la asignación de recursos económicos. “Pensar que solamente con mayores adjudicaciones presupuestales se van a solucionar los problemas es prácticamente ingenuo; es necesario [hacer] cambios profundos en términos metodológicos, una mirada integral, una acción coordinada entre los organismos, mecanismos más robustos de seguimiento y evaluación, y, sobre todo, responsabilidades claras”, apuntó.

No obstante, el informe concluye y hace hincapié en que existe una “ausencia de un enfoque integral de derechos humanos en el presupuesto quinquenal” elaborado por el gobierno para el período 2025-2029 y aprobado en el Parlamento en diciembre del año pasado. Además, identifica “vacíos presupuestales en políticas públicas clave dirigidas a niñez y adolescencia, mujeres, reforma del sistema penitenciario, personas usuarias del sistema de salud mental, personas detenidas desaparecidas en el marco de régimen cívico-militar del pasado reciente, poblaciones rurales y ambiente”.

Derechos de niñas, niños y adolescentes

Amnistía expresó “profunda preocupación” por las “fallas persistentes en el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, especialmente en aquellos casos en que el Estado asume su tutela”. En ese sentido, a partir de información proveniente de registros oficiales, la organización señala que entre 2020 y 2025 fallecieron 114 personas bajo protección del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU); hubo 20 muertes en 2025.

Los casos del último año, entre ellos, el fallecimiento de una bebé de tres meses en Colonia y la niña de 13 años asesinada por su padre en Maldonado, “revelan fallas en distintos niveles de protección y en el seguimiento efectivo de situaciones de alta vulnerabilidad”. “En distintos hechos se habían constatado antecedentes de violencia o indicadores claros de riesgo, sin que las medidas adoptadas resultaran suficientes para prevenir desenlaces fatales o situaciones de revictimización”, se señala.

En cuanto a la violencia sexual y el embarazo infantil, Amnistía informa que, a través de datos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, entre mayo de 2021 y abril de 2024 hubo 190 embarazos de niñas y adolescentes menores de 15 años; el 48% de ellas había sido víctima de violencia, siendo el abuso sexual el tipo de violencia más frecuente en más del 60%.

Sobre este tema, la organización subraya que el embarazo infantil y la explotación sexual “no pueden abordarse exclusivamente como problemáticas sanitarias o penales”, sino que “constituyen indicadores de fallas sistémicas en la protección integral de niñas y adolescentes y en la garantía del interés superior de las niñas”.

Violencia vicaria

En los últimos diez años, las denuncias por violencia doméstica y de género aumentaron 19%, pasando de 29.785 a 35.443 entre 2015 y 2025, según información del Ministerio del Interior (MI). Entre enero y octubre de 2025, en tanto, cada 11 días se mató o se intentó matar a una mujer por su condición de tal.

A su vez, se advierte que la violencia vicaria “se ha consolidado como una expresión extrema de la violencia basada en género”. Según detalla el informe, en los últimos tres años, al menos 13 niñas y niños murieron como consecuencia de este tipo de violencia, “sin que se identifiquen medidas específicas orientadas a su prevención”.

En ese sentido, Amnistía indica que la violencia vicaria “no cuenta con una línea presupuestal específica de prevención e intervención”. “La ley presupuestal perdería una oportunidad histórica si no se complementa, en la primera Rendición de Cuentas, con partidas concretas destinadas al desarrollo de protocolos, formación especializada y refugios diferenciados para la protección de las y los hijos de mujeres en situación de violencia”, se agrega.

Situación de las cárceles

A lo largo de los años, Amnistía ha manifestado de forma sostenida su preocupación en relación con los derechos de las personas privadas de libertad y las condiciones del sistema penitenciario uruguayo. Informe tras informe, la organización ha denunciado el agravamiento del hacinamiento en los distintos centros de reclusión, “lo que debilita seriamente las posibilidades de rehabilitación y, con ello, de reinserción social”.

De acuerdo con datos del MI y la Oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario, la población privada de libertad aumentó más de 30% desde 2020 y alcanzó el máximo histórico en diciembre de 2025, con 16.496 personas presas. Del total, 91,5% son hombres y 8,5% son mujeres.

La cifra representa una tasa de 32 personas por cada funcionario policial, 63 por cada operador penitenciario y 57 por cada técnico, en contraste con el estándar internacional, que es de tres personas privadas de libertad por cada funcionario de trato directo.

Por otro lado, hay 69 mujeres cumpliendo condena junto con sus hijas e hijos; en total, hay 72 niñas y niños menores de cuatro años alojados en centros penitenciarios, según recoge Amnistía a partir de datos del Observatorio de Seguridad del MI.

Una de las exigencias que hace Amnistía sobre este tema es “avanzar en una reforma del sistema penitenciario con carácter urgente que aborde las condiciones de reclusión, la convivencia y la reinserción social”. “Es crucial fortalecer las instituciones de monitoreo, como la Oficina del Comisionado Parlamentario y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, para asegurar condiciones dignas y supervisar la implementación de la hoja de ruta hacia un nuevo modelo penitenciario”, sostiene.

Memoria, verdad, justicia y reparación por crímenes del pasado reciente

El informe reconoce que la Justicia uruguaya ha establecido diversas condenas a miembros actuales o retirados del Ejército y la Policía por torturas, secuestros y asesinatos cometidos en el marco de la dictadura cívico-militar, pero advierte que el derecho a la memoria, la verdad y la justicia “aún no es garantizado plenamente en el país”. En esa línea, destaca que el acceso a archivos que se encuentran en la órbita de instituciones públicas y que documentan los hechos ocurridos en ese período “es clave” para poder avanzar.

Amnistía recuerda que en mayo del año pasado el MI anunció que se reabrirán los archivos de la Dirección de Información e Inteligencia que contienen información sobre los hechos de la dictadura. Esta medida fue calificada como positiva por la organización, aunque observó que esto requiere “recursos presupuestales sostenidos para garantizar la digitalización, preservación y acceso efectivo a esos materiales”, que la ley de presupuesto de este gobierno no incluye.

La no inclusión de recursos “implica que la continuidad de los procesos de digitalización e investigación queda sujeta a decisiones administrativas discrecionales, sin la protección que otorga un crédito presupuestal formalmente asignado”. “Para garantizar el derecho a la verdad y la no repetición, el Estado uruguayo debe incorporar en las próximas rendiciones de cuentas una línea presupuestal específica para la política de memoria, verdad y justicia”, se señala.