Los argentinos que sean deudores de la pensión alimenticia de sus hijas e hijos no tienen permitido ingresar a las canchas donde se está disputando el Mundial. La iniciativa forma parte del programa Tribuna Segura, que nació en 2018 con el objetivo de prevenir la violencia en el fútbol mediante la prohibición de ingreso a los estadios a personas con restricciones judiciales, antecedentes de violencia y, ahora también, a deudores de pensión alimenticia. Esta medida busca prevenir incidentes durante los partidos de la Copa del Mundo, en el marco de los acuerdos bilaterales de cooperación en seguridad entre Argentina y Estados Unidos.
La lista enviada a la embajada de Estados Unidos incluye aproximadamente a 34.000 personas en total, de las cuales 13.000 son deudores de pensión alimenticia, según informó el Ministerio de Seguridad Nacional. La resolución establece que el uso de estos datos estará limitado estrictamente a la duración del campeonato y hasta un máximo de cinco días posteriores a su finalización.
El programa Tribuna Segura fue creado mediante la Resolución 354/2017. Su sistema escanea documentos de identidad en los accesos y los cruza en tiempo real con diversas bases de datos. Durante años, esta medida se aplicó exclusivamente a personas con causas penales o prohibiciones judiciales relacionadas con violencia. En marzo de 2025, la ciudad de Buenos Aires incorporó a los deudores alimentarios dentro de las restricciones. Posteriormente, en mayo de 2026, mediante la Resolución 429/2026, el Ministerio de Seguridad incluyó la restricción a deudores de todo el país. “En México, Canadá y Estados Unidos directamente les escanean el pasaporte en los estadios y si están restringidos no ingresan”, detalla a la diaria Erica Pérez, abogada en la Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
De lo sancionatorio a lo coercitivo
Según un informe del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, siete de cada diez mujeres no reciben la cuota alimentaria. Este tipo de violencia económica es ejecutada en un 98% de los casos por varones y, a nivel judicial, solo 30% de los acuerdos homologados se cumplen, mientras que 70% no se respetan.
Antes de la reforma del Código Civil de 2015, las medidas eran principalmente de carácter sancionatorio (multas económicas conocidas como astreintes), que resultaban poco efectivas ya que los deudores preferían pagar la multa antes que la cuota alimentaria. La reforma introdujo el artículo 553 que habilita a los jueces a imponer medidas razonables y proporcionales para compeler al cumplimiento, enfocándose en restricciones que afectan directamente los intereses o actividades del deudor. “Las medidas son efectivas porque van directamente a lo que más les gusta hacer. Cuando las multas no alcanzan, la Justicia empieza a restringir aquello que el deudor no quiere perder. El objetivo no es castigar, sino torcer la voluntad del deudor para que cumpla con sus hijos”, explica Pérez.
La abogada señala que estas medidas coercitivas buscan modificar la conducta del padre moroso, aplicándose como último recurso tras agotar otras vías. En casos extremos, se ha impuesto trabajos comunitarios, la suspensión de la licencia de conducir, la prohibición de asistir al gimnasio, de participar en el carnaval, e incluso se ha incorporado el monto de la cuota alimentaria en la factura de la luz. Entonces, si no paga la cuota alimentaria, le cortan la luz. “Vos vas viendo cómo va progresando y ampliándose las restricciones a medida que van innovando, porque son propuestas de los propios colegas o de las mamás que conocen quién es el deudor”, detalla Pérez.
Uno de los primeros fallos de 2016 fue contra un hombre que trabajaba de remisero y no podían quitarle el registro de conducir porque iba a alegar imposibilidad de trabajar. “Entonces el juez ordenó detenerlo en la comisaría los fines de semana, desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la mañana del lunes, cuando salía a trabajar”, rememora la doctora en Derecho, quien realizó una investigación sobre este tipo de medidas durante los últimos diez años.
En otro caso en la provincia de Buenos Aires un juez puso un oficial de la Policía en la puerta de la casa del deudor durante una semana para que lo siguiera e informara al juzgado a qué se dedicaba, porque trabajaba informalmente y se negaba a declararlo. En situaciones de imposibilidad de pago por parte del progenitor, la ley permite reclamar la cuota a familiares subsidiarios, como abuelos paternos, tíos e incluso cónyuge o pareja actual.
Las medidas han demostrado ser efectivas. Sin embargo, los registros de deudores alimentarios siguen creciendo mes a mes. Se debe a que cada vez más madres deciden iniciar procesos judiciales para contar con más herramientas a la hora de cobrar la manutención. La experiencia argentina ha sido referencia para otros países como México, especialmente en la aplicación de medidas innovadoras para garantizar los derechos de las infancias y adolescentes.
Cuando un progenitor no cumple, esto afecta el patrimonio propio de las madres, quienes deben solventar todo de manera unilateral. A su vez, esta situación refuerza la desigual distribución de las tareas de cuidado y afecta no solo la salud integral de los hijos e hijas, sino también directamente el proyecto de vida de las mujeres.
