A pocos días de que se termine la convocatoria que realizó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) para que la ciudadanía envíe sus aportes al Plan Nacional de Género y al Plan por una Vida Libre de Violencia de Género, y cuando se están por cumplir 20 años de la creación de este organismo, la diaria Radio recibió este jueves a su directora, Mónica Xavier. La entrevista puso el foco en el análisis que realiza Inmujeres sobre la situación de violencia de género en nuestro país y las acciones contempladas para combatir este problema estructural después de que en junio se registraron cinco femicidios y ante el reclamo de organizaciones feministas que piden que el gobierno lo aborde como una emergencia nacional.
Xavier recordó que en diciembre de 2019, en la recta final del mandato del expresidente Tabaré Vázquez, se declaró la emergencia nacional en materia de violencia basada en género que “no se continuó” en el período siguiente –bajo la presidencia de Luis Lacalle Pou–, y dijo que fue un reclamo que hicieron “al inicio [de este período], cuando asumimos la responsabilidad”. En ese sentido, señaló que el gobierno “entiende que, más que la caracterización de emergencia, lo que hay que hacer es dotar de recursos a las respuestas”. Agregó, además, que si bien considera “fundamental la acción de la sociedad civil”, tiene “un matiz”: “En general plantean la ausencia del Estado y yo estoy convencida de que el Estado no está ausente, está desarticulado, no implementa adecuadamente los vínculos y las sinergias”.
La directora de Inmujeres también se refirió a la resolución de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), difundida esta semana en la diaria, que concluye que el Estado uruguayo incurrió en “incumplimientos” y “deficiencias” para prevenir un femicidio ocurrido en marzo de 2025, y exhortó a las instituciones responsables a mejorar la respuesta. A Inmujeres, en particular, le recomendó “mejorar las posibilidades para orientar a familiares de las víctimas” para que puedan identificar posibles señales de violencia y a “realizar campañas que vayan en este sentido”.
Para Xavier, este señalamiento de la INDDHH “es clave” y lo toman “con mucho rigor”, en tanto “efectivamente no se dieron aquellas secuencias que el Estado debe dar de debida diligencia reforzada” en ese caso concreto. Sobre la recomendación dirigida al instituto que lidera, reconoció que “lamentablemente es muy difícil tener recursos para las campañas”. De todas formas, resaltó que en la Rendición de Cuentas que está a estudio del Parlamento se incluye un artículo de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Industria, Energía y Minería para que “se implemente la disposición de la Ley 19.580 que establece que los medios de comunicación deben difundir los números telefónicos de los servicios” (el 0800 4141 o *4141). Insistió en la importancia de cumplir con esta medida, porque se identificó que la demanda a este servicio, que es de asesoramiento y orientación, disminuyó después de la pandemia de la covid-19, lo cual “es llamativo”, dijo, cuando estamos “seguramente” ante una “intensidad mayor de las situaciones de violencia”.
Xavier dijo que la resolución de la INDDHH también es importante porque plantea la necesidad de un trabajo interinstitucional que “coincide con la mirada” de su gestión. “Venimos trabajando desde el año pasado, cuando asumimos, en una necesaria actualización de nuestros protocolos, de los protocolos conjuntos con otras instituciones, pero también trabajando la posibilidad de un cambio de modelo, porque sentimos que […] el Estado uruguayo invierte recursos y, por no tener una interinstitucionalidad que integre la respuesta de los diferentes organismos, pierde esfuerzos y sobre todo vulnera derechos”, apuntó Xavier.
Hacia una atención integral e integrada
En ese cambio de modelo de atención, la mirada está puesta en Argentina, específicamente en el Polo de la Mujer de Córdoba, a donde viajaron el mes pasado Xavier, la vicepresidenta Carolina Cosse y una quincena de representantes de organismos públicos para conocer in situ cómo funciona un espacio que inspira la construcción del primer centro de atención integral a la violencia de género en Uruguay. El modelo cordobés concentra servicios de recepción y seguimiento de denuncias, atención psicológica y social, asesoramiento jurídico, espacios de protección para mujeres, niñas y niños en situación de riesgo y prestaciones de salud, entre otros, todo en un mismo edificio.
Xavier explicó que “dar una respuesta integrada evita la revictimización de quienes están en situación de violencia, tanto mujeres como sus hijas e hijos, y también acorta los plazos para que se implemente la debida diligencia de las respuestas”, elementos que identificó como debilidades actuales del sistema de respuesta uruguayo. “Esto no se logra de un día para el otro y es muy complejo en el Estado uruguayo que está muy fragmentado”, acotó, y agregó que es un proyecto que “necesita voluntad política en primer término, convicción de que tenemos un cierto agotamiento de la respuesta institucional y que la debe sustituir una respuesta interinstitucional, además [de] recursos, y compatibilizar un montón de cosas”.
Detalló, a su vez, que la intención es abordar distintas formas de violencia, considerando que actualmente los servicios especializados que gestiona Inmujeres solo atienden una de las 18 formas que describe la Ley 19.580, concretamente la violencia en el marco de la pareja o expareja, que es la más prevalente y la “única” que el organismo tiene “capacidad de poder atender hoy”. “Atender las otras formas que la ley determina significaría más recursos y más personal para implementarlo”, acotó.
Consultada sobre si ya existe una estrategia de financiamiento para construir este centro, la directora dijo que todavía no, porque “tiene que ver con el modelo que estemos dispuestas a consensuar y puede ser un despliegue de instituciones que se vayan sumando en el transcurso del tiempo”. “Una vez que esté diseñado, puede ser planificado su financiamiento, que puede ser colaborativo [entre las distintas instituciones involucradas] o que puede tener un financiamiento específico para el modelo”, puntualizó.
