El Parlamento uruguayo se prepara para dar uno de los debates más sensibles de la era digital: pondrá en marcha una comisión bicameral con integración multiactor para avanzar en una regulación de plataformas digitales orientada a proteger a niños, niñas y adolescentes. La iniciativa cuenta con “amplias mayorías”, según aseguró a la diaria el diputado del Partido Nacional y próximo presidente de la Cámara de Representantes a partir del 1° de marzo, Rodrigo Goñi.
“Hay iniciativas que se están planteando. La idea es tratarlas todas juntas en una comisión bicameral que vamos a poner en marcha cuando yo asuma (la presidencia de la Cámara de Representantes), con una integración multiactor, a partir del 1° de marzo”, afirmó Goñi.
En la misma sintonía, el director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), Gustavo Gómez, dijo a la diaria que la regulación para la protección de menores reúne hoy consensos más amplios que otros debates vinculados a plataformas.
Este tema suscita acuerdos, “más allá de que habrá que buscar los acuerdos para lograr algo que satisfaga a todo el mundo”, y se diferencia de discusiones “más complejas y polémicas”, como los discursos de odio o la desinformación, añadió. “Es un tema que está en agenda en Uruguay, que va a ser priorizado, y es un asunto que está adquiriendo consensos muy importantes. Lo que no hay hoy es una propuesta que logre consensos, pero hay una coincidencia en la necesidad de avanzar y concretar”, agregó.
Desde una visión más regional, la experta argentina María Capurro dijo a la diaria que cualquier regulación efectiva sobre este tema debe ir “al corazón del problema”, que es el modelo de negocios de las grandes tecnológicas, basado en la extracción de datos y la captura de la atención.
La especialista advirtió que la “supuesta autorregulación no funciona” y que el diseño algorítmico de las plataformas –orientado a maximizar el tiempo de uso y la publicidad dirigida– genera riesgos concretos para niños, niñas y adolescentes, desde violencias digitales y acceso precoz a pornografía hasta impactos en la salud mental.
Según un artículo de la diaria publicado el 7 de febrero, especialistas y docentes advirtieron que el uso de celulares en la infancia y la adolescencia está poco problematizado en las familias y enfrenta dificultades para abordarlo en centros educativos.
La comisión multiactor
La comisión estará integrada por representantes de la academia, el sector privado como la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, la Agencia Latinoamericana de Información y la Cámara de la Economía Digital del Uruguay, así como también organizaciones de la sociedad civil como Observacom y e lLaboratorio de Datos y Sociedad de DATA Uruguay. Consultado sobre los plazos, Goñi fue enfático: en “2026 sí o sí saldrá un proyecto de ley”.
El legislador señaló que se analizarán experiencias internacionales como las de Australia y España, donde se plantea restringir el uso de plataformas para menores de 16 años.
“Los riesgos de no regular están a la vista. Se han visto casos de ansiedad, conductas compulsivas, depresión, pocas horas de sueño, riesgos para la salud mental, dificultades de autocontrol y autorregulación”, advirtió.
Ya el 3 de enero, en diálogo con la diaria, Goñi había definido como un “objetivo estratégico prioritario impulsar una transformación tecnológica responsable”. “Vamos a poner en el corazón de la agenda parlamentaria y del debate parlamentario la necesidad de abordar con urgencia lo que se conoce como una transformación tecnológica responsable”, sostuvo.
En la misma línea, Gómez previó que el Parlamento logrará aprobar una legislación en este período de gobierno, y recomendó tomar como referencia estándares internacionales. “Hay que echar mano de las mejores prácticas internacionales y, en particular, la Observación Número Veinticinco de Protección de Niños en el entorno digital, que aprobó el Comité de los Derechos del Niño, con lo cual se va a reforzar más aún las posibilidades de consenso, porque viene de un organismo internacional, de amplia legitimidad”, agregó.
El nudo central
Por otro lado, Gómez indicó que el desafío no consiste en crear nuevos derechos, sino en garantizar los ya reconocidos. “La protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes es reconocida a nivel de tratados internacionales que ha firmado Uruguay, los cuales están vigentes para aplicarse en el país. El desafío que tenemos por delante no es tanto comenzar a crear nuevos derechos (...). El problema que tenemos es que necesitamos actualizar alguna normativa a los efectos de hacer efectivos esos derechos (...) en el terreno digital”, reflexionó.
El experto sostuvo que “Uruguay no ha logrado tener capacidad como país y como Estado para protegerlos y tener herramientas adecuadas”. Para ilustrarlo, apeló a una comparación con la televisión: “Los niños tienen derecho a no estar expuestos a determinados contenidos que puedan afectar su salud, su integridad moral. ¿Cómo se expresa eso en la televisión abierta? Con un horario de protección al menor. (...) La pregunta es: ¿cómo hacemos con esos derechos para que estén vigentes en plataformas como Netflix, HBO, Tiktok, X o Instagram?”, se preguntó.
El modelo de negocios
Para la experta argentina María Capurro, el problema no se limita a los entornos diseñados específicamente para la infancia, sino que abarca todo el ecosistema digital al que acceden cotidianamente los menores.
Según la especialista, el núcleo del problema es un “desafío estructural” y está vinculado al modelo de negocios de las grandes empresas tecnológicas. “En este momento existe un desafío estructural para la garantía de derechos de chicos y chicas, que tiene que ver con el modelo de negocios que tienen esas empresas”, afirmó Capurro, quien es coordinadora de proyectos del Observacom, abogada y doctora en Medios, Comunicación y Cultura.
La especialista reconoció que estos espacios cumplen funciones positivas: “Son espacios de recreación, de convivencia, (...) es decir, hay que reivindicar esa parte positiva que han tenido”. Sin embargo, advirtió que también “son espacios de riesgos, de negocios multimillonarios de empresas basadas en la publicidad dirigida”.
Aunque aparentan ser gratuitas, el verdadero pago es la información personal: “La extracción de datos es lo que paga la cuenta, y esa extracción de información requiere absorber la mayor cantidad de tiempo posible de chicos y de adultos”. En esa lógica se inscriben “todos los mecanismos de recompensa, de likes, los dineros que se ganan en los espacios de apuestas, el tipo de diseño adictivo que tienen algunas plataformas”.
Para Capurro, la autorregulación empresarial ha demostrado ser insuficiente: “El riesgo ya existe hoy porque la supuesta autorregulación no funciona”. “Este modelo de negocios de las plataformas requiere ser regulado para que la protección de los chicos y chicas sea sustantiva, efectiva, real, y no sea cosmética; eso requiere regulación y política pública”, agregó.
Violencias, pornografía y salud mental
Entre las prioridades de protección, Capurro mencionó en primer lugar las violencias digitales. “Lo que es grooming (acoso sexual), ciberacoso, doxeo (difundir información privada sin consentimiento), explotación sexual, violencias de género, es decir, el universo de las violencias que tienen sus especificidades”.
Según el informe titulado “Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en Uruguay: entornos digitales y respuesta institucional. Estudio exploratorio desde la perspectiva de operadoras/es de primera línea”, desarrollado por el Programa de Género, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, que fue publicado el 16 de diciembre, solo 18,5% de las denuncias de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales recibe condena.
Otro de los ejes que señaló Capurro fue el acceso precoz a contenidos para adultos. “Hay un promedio de 11 años según los países, y en algunos casos registros de acceso a los 8”, afirmó en referencia a la pornografía. “Eso para un niño o niña en formación, en pleno desarrollo de su subjetividad, de su emocionalidad, es como un tsunami que le entra”. Sostuvo que el impacto ya se observa en la configuración de vínculos sexoafectivos en adolescentes y jóvenes.
La salud mental constituye otro frente de preocupación. “Hay un diseño del algoritmo de las plataformas que plantea deliberadamente tener el mayor tiempo posible a los chicos, las chicas y los adultos pendientes e involucrados”, remarcó.
Capurro mencionó también el crecimiento de la ludopatía digital infantil y juvenil en plataformas con juegos de azar, así como el aumento de ansiedad y otros trastornos. “Hay un escenario de ludopatía digital infantil y juvenil que es grave, temas de ansiedad y todos sus derivados, el aumento de las tasas de suicidio”.
“Nada es monocausal”, aclaró, pero advirtió sobre el rol de los algoritmos cuando una persona joven atraviesa una situación de angustia profunda.
En relación con Tiktok, citó estudios e informes que muestran cómo el algoritmo refuerza patrones de consumo: “Chicos y chicas identifican muchas veces que por haberse quedado más de tres segundos en un contenido de este tipo, el algoritmo empieza a configurarse y mandándole todo ese tipo de contenidos”. Encuestas como las de Kids Online evidencian, además, el impacto de contenidos sobre el cuerpo y alimentación en la autopercepción de adolescentes, remarcó.
“Realmente impactan negativamente en la autopercepción y en otras cuestiones que tienen un componente claro de afectación a la salud mental”, advirtió.
A esto se suman riesgos vinculados a la seguridad digital: “Suplantación y el robo de identidad, el phishing, el hacking, otras modalidades donde también la seguridad digital está en juego en el caso de niños, niñas y adolescentes”.
Según el informe “Kids Online Uruguay 2022. Niños, niñas y adolescentes conectados”, que fue publicado en 2023 y realizado por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, Ceibal, Unicef, Unesco y la Universidad Católica del Uruguay, nueve de cada diez menores escolarizados se conectaron a internet diariamente desde su hogar.
Uno de cada tres menores declaró haber sufrido algún episodio negativo en internet durante 2022 y los porcentajes fueron mayores entre las mujeres. “La exposición a contenidos sensibles en internet (por ejemplo, discriminación, aliento a la bulimia o la anorexia, suicidio) afecta a más de uno de cada cinco adolescentes escolarizados. Las mujeres y quienes no se identifican con ninguna de las categorías binarias de género reportan mayor exposición a estos contenidos”, se señaló en el informe.
Casi uno de cada cuatro niños, niñas y adolescentes que asistió a educación media recibió mensajes con contenido sexual y uno de cada diez los ha enviado. Además, la mitad de “los adolescentes sostuvieron haber tenido algún problema en el sueño o la alimentación, en sus vínculos o en el estudio a raíz del tiempo que pasan en internet”.
América Latina
En el plano regional, Capurro sostuvo que Latinoamérica está “muy atrás” de la discusión. La experta destacó el caso de Brasil como una excepción. No obstante, subrayó que en muchos países la protección ni siquiera está garantizada en servicios audiovisuales tradicionales, “mucho menos en plataformas”. En ese sentido, resaltó que el proceso brasileño no fue improvisado, sino que se fue construyendo una voluntad política con la participación del Estado y la sociedad civil.
En Europa existe un marco regional que fija estándares mínimos. “Hay un marco regional que ya plantea la necesidad de imponer estas obligaciones a empresas”, explicó. Otros países como Australia y Canadá también avanzan con regulaciones propias.
Para la especialista, más allá de las complejidades de implementación, “hay una obligación jurídica para tomar medidas y garantizar derechos”. “Las regulaciones tienen que ir al corazón del problema que es este modelo de negocios y que es la búsqueda del lucro multimillonario de las plataformas”, finalizó.