Las políticas de vivienda se han transformado en el último campo de batalla entre el gobierno y la oposición, desde donde se afirma que los avances registrados en los últimos años son mínimos y que no se están cumpliendo las promesas de campaña. Ayer, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, reconoció que no se alcanzarán algunos de los objetivos planteados para este quinquenio. “Cuando durante la campaña electoral dijimos que le íbamos a entregar una vivienda a cada militante de Cabildo Abierto, obviamente era una expresión de deseos, una de esas metas utópicas que uno se fija a modo de estímulo”, declaró la jerarca. De todas maneras, Moreira afirmó que en este terreno se han logrado “importantes avances”. “Hemos eliminado algunas trabas burocráticas, como la exigencia de organizar un sorteo arreglado para darle una vivienda a un correligionario de Cabildo, por lo que ahora podemos entregar las viviendas directamente. Esperamos que el flujo de entregas comience a aumentar y prevemos un pico entre julio y noviembre de 2024”.
La crítica implacable: “Es un escándalo que un jerarca le entregue una vivienda a un militante con quien no tiene ningún vínculo familiar, ni directo ni indirecto”. Pablo Caram, intendente de Artigas y defensor de la familia.
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