La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes decidió no derogar las instrucciones generales de la Fiscalía, tal como proponía el texto original del proyecto de ley de presupuesto, y modificó la integración del Consejo Honorario, el órgano que analiza y define las instrucciones.
Los legisladores oficialistas aprobaron un sustitutivo que cambia la integración del Consejo, quitando la representación de la Universidad de la República y la sociedad civil -por la que participaba el Colegio de Abogados-, y agregando otro representante del Poder Ejecutivo y otro de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. De esta forma el Consejo Honorario de Instrucciones Generales quedaría integrado por cinco miembros: el fiscal de Corte, dos representantes de la Asociación de Fiscales y dos representantes del Poder Ejecutivo.
Además, se dispuso que las decisiones que se tomen deben adoptarse por mayoría simple, pero con el voto de al menos uno de los representantes del Ejecutivo. De las 13 instrucciones que se aprobaron hasta ahora, sólo una debió ser revisada por el Consejo; en su mayoría fueron aprobadas por consenso.
“El camino que seguimos al votar el sustitutivo es que la política criminal debe ser definida por el Poder Ejecutivo, eso para nosotros es central. Los delitos los fija la ley y no puede haber un cortapisa intermedio entre la ley y su aplicación”, dijo a la diaria el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez.
“Entendimos que la derogación tal vez no era lo mejor, pero la modificación del Consejo Honorario con mayor participación del Poder Ejecutivo se ajustaba más a las intenciones buscadas”, agregó.
Consultado sobre la argumentación de la Fiscalía en cuanto a que podría generar caos en el sistema por la multiplicidad de criterios, Rodríguez respondió: “Tal vez los términos en los que fue planteada la discusión no fueron los correctos […] no compartimos lo que Díaz sostenía respecto del caos del sistema porque el mismo fiscal Díaz, en ocasión de comparecer a la comisión que trató la ley de urgente consideración [LUC], dijo lo mismo, y en esta oportunidad descartó de plano que la LUC haya generado caos en el sistema”.
Por su parte, el secretario de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, William Rosa, calificó de positivo el aumento de representantes de la Asociación en el Consejo Honorario, pero discrepó con el mecanismo de resolución.
“La posibilidad de veto no es adecuada al espíritu de un órgano colegiado y menos que ese veto provenga de un organismo externo al servicio como es el Poder Ejecutivo. Lo ideal es que se adopte por consenso o por mayoría de cuatro votos”, señaló a la diaria, aclarando que se trata de su opinión personal, dado que el tema aún no fue analizado por la Asociación.
Las instrucciones generales fueron creadas en el artículo 4° de la Ley Orgánica de la Fiscalía, aprobada en enero de 2017, y tienen como cometido sustentar el principio de unidad de acción en la Fiscalía en el marco del nuevo Código del Proceso Penal.