La senadora Lucía Topolansky fue designada por el Frente Amplio para participar en las negociaciones con el oficialismo para definir al sucesor del fiscal de Corte, Jorge Díaz, cuyo mandato finalizará en abril de 2022.
La discusión también abarca los otros cargos que deben ser designados a mediados de diciembre, una vacante en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y otra en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
En conversación con la diaria, Topolansky señaló que en la última reunión le planteó al senador nacionalista Gustavo Penadés la necesidad de negociar dado que en el caso del fiscal de Corte no hay designación por antigüedad, a diferencia de la elección de la SCJ y el TCA, donde si no hay acuerdo quedan los más antiguos. El nombre de Mónica Ferrero, fiscal de Estupefacientes, aparece como una nueva opción.
“Yo le planteé [a Penadés] que ellos debían tener disposición de negociar o negociar”, señaló, y le recordó que en 2011 el FA aceptó la designación de Rafael Ubiría, de filiación blanca, como fiscal de Corte.
Topolansky dijo que al FA “no le inquieta demasiado” que los cargos de la SCJ y del TCA se designen por la lista de antigüedad, y señaló el hecho de que en los primeros lugares de esa lista está la doctora Rosina Rossi, que podría ser la primera ministra de la Suprema Corte de Justicia especializada en derecho laboral.
En cuanto al fiscal de Corte, Topolansky hablará el viernes con Penadés para llevarle una propuesta que tiene el consenso de la coalición de izquierda. Si bien prefirió no dar más detalles, señaló que ninguno de los nombres que se están manejando públicamente fue tratado en el FA.
Hasta ahora, el ámbito de negociación es bilateral entre Penadés y los representantes de cada partido, lo que marca un estilo de negociación distinto al adoptado por el FA en sus años de gobierno.
Tanto desde el oficialismo como desde la oposición señalaron que se trata de una decisión que definirá políticas de Estado, por lo que es importante dedicarles tiempo a las conversaciones.
Si bien varias fuentes consultadas señalaron que aún no se presentó ningún nombre concreto en las reuniones con Penadés, a la interna de cada partido se analizan posibilidades, en busca de alguien que tenga los consensos necesarios para obtener el apoyo requerido de tres quintas partes del Senado.
Tal como informó la diaria la semana pasada, uno de los nombres que se están manejando es el del fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 1° Turno, Enrique Rodríguez, aunque desde Cabildo Abierto y el FA habría reparos por tratarse de una persona a la que se identifica con el Partido Nacional.
Otro nombre que se plantea como una posibilidad es el de la fiscal de Estupefacientes de 1º Turno, Mónica Ferrero, que podría contar con la confianza de diferentes actores políticos. Ferrero egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en 1980, fue jueza de Paz e ingresó a la Fiscalía en 1992.
* En una versión anterior de esta nota se decía que Rosina Rossi podría ser la primera ministra de la Suprema Corte de Justicia, cuando en realidad sería la primera ministra especializada en derecho laboral, por lo que se hizo la corrección pertinente.