La jueza penal de 27º turno, Silvia Urioste, deberá resolver sobre el pedido de procesamiento con prisión de ocho ex militares, en la causa que investiga torturas en el centro clandestino conocido como 300 Carlos, presentada por integrantes de la asociación de ex presos políticos Crysol.
Se trata de los militares Mario Aguerrondo, Rudyard Scioscia, Mario Franchelle, Mario Manuel Cola, Homero González, José Nino Gavazzo, Jorge Pajarito Silveira y Ernesto Ramas, sobre los que pesa un pedido de procesamiento por los delitos de privación de libertad y abuso de autoridad desde julio de 2018.
En los últimos días se tomó declaración por segunda vez a varias de las víctimas a pedido de la defensa de los imputados, considerando que no habían estado presentes cuando declararon por primera vez. Si bien el pedido fue rechazado por el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, fue aceptado por la jueza Urioste.
Durante varias audiencias, las víctimas ratificaron ante la subrogante Beatriz Larrieu lo expresado en la denuncia inicial, que fue presentada en octubre de 2011 acusando privación de libertad, atentado a la libertad personal, abuso de autoridad contra los detenidos, pesquisa, violencia privada, amenazas, lesiones personales, violación y atentado violento al pudor.
El abogado denunciante Pablo Chargoñia dijo a la diaria que el expediente, en el que declararon más de 30 víctimas, ”acumula una cantidad de información muy trascendente” sobre la operativa tanto en el 300 Carlos como en el Batallón 13 de Infantería, y brinda información sobre el funcionamiento del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) en el centro clandestino.
Chargoñia destacó que las declaraciones muestran la forma “industrial” en que funcionaba el Estado “como organismo de aprehensión y tortura” y señaló que los integrantes del OCOA que podrían ser procesados fueron identificados como partícipes de detenciones y torturas.
La denuncia fue presentada por los sobrevivientes del terrorismo de Estado Julio Martínez y Brenda Falero, por los delitos de privación de libertad, atentado a la libertad personal, abuso de autoridad contra los detenidos, pesquisa, violencia privada, amenazas, lesiones personales, violación y atentado violento al pudor, contra los detenidos.
“La situación de reclusión estuvo caracterizada por la aplicación de trato cruel, inhumano y degradante, que formó parte de un modo de operación habitual. Al secuestrado se lo torturaba sistemáticamente, tanto en situación de “interrogatorio” como fuera de él. Las tareas se distribuían para que el conjunto operara conforme al designio de atormentar al detenido”, señala la denuncia.
Se estima que el lugar funcionó entre 1975 y abril de 1977. Al iniciar la causa se pidió la indagatoria de 24 militares y se identificó a cinco que actuaron en el predio militar durante toda la dictadura, entre ellos Mario Aguerrondo, que fue comandante de la unidad; Alfredo Lamy Satriani, ya fallecido; Mario Franchelle Mussio, que actuó con el grado de capitán en el período 1972-1975 y era conocido bajo el alias de Aquaman; Rudyard Scioscia, alias Ñato, que operó entre 1972 y 1979, y el capitán Mario Cola Silvera.
El mayor Aguerrondo fue señalado como torturador por varias de las víctimas que declararon en la causa y admite haber sido responsable de la unidad.
Rudyard Scioscia revistió como oficial en el batallón de Infantería entre 1966 y 1974 y es señalado por varias víctimas como responsable de los apremios y en algunos como participante de las detenciones. Mario Franchelle operó entre 1972 y 1974 en el Batallón de Infantería 13 y es mencionado por varias víctimas en sus denuncias como frecuente responsable de los apremios físicos.
Mario Manuel Cola admitió haber actuado como teniente entre 1972 y 1974 en el Batallón de Infantería 13 y fue señalado por varios detenidos como torturador. Además, una de las víctimas denunció haber escuchado una conversación en la que Cola relataba una violación contra una detenida.
Homero González es señalado como el enlace de inteligencia del Batallón 13 y admitió la existencia de encapuchados y la práctica del plantón.
José Nino Gavazzo fue reconocido en esta causa como integrante del OCOA y participante activo en el centro de detención clandestino 300 Carlos, al igual que Ernesto Ramas y Jorge Pajarito Silveira. En el caso de Silveira, casi todas las víctimas lo identificaron como quien los detuvo y como uno de sus torturadores en el centro clandestino.
El 300 Carlos, también conocido como “Infierno grande” funcionaba en los galpones del Servicio de Materiales y Armamento del Ejército. Si bien estaba ubicado en el mismo predio que el Batallón 13 de Infantería, en Avenida de las Instrucciones y Camino Casavalle, funcionaba en forma independiente y dependía directamente del Comando del Ejército.
En el Batallón 13 de Infantería fueron encontrados los restos de Eduardo Bleier y Fernando Miranda, ambos víctimas del 300 Carlos. Además, en 2005 se encontró un radio del que no se pudo extraer material genético para su identificación y un peroné cuya información genética no coincidió con ninguna de las víctimas de la dictadura identificadas.